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El Gobierno estudiará aplazar las elecciones del 5-A si lo piden Galicia y País Vasco
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CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL CORONAVIRUS

El Gobierno estudiará aplazar las elecciones del 5-A si lo piden Galicia y País Vasco

La Moncloa entiende que es muy difícil legalmente no celebrar las elecciones una vez convocadas y que, en todo caso, necesitaría acuerdo de todas las candidaturas

Foto: El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 9 de marzo en Pontevedra. (EFE)
El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 9 de marzo en Pontevedra. (EFE)

El Gobierno esperará a que los gobiernos de País Vasco y Galicia hagan una petición formal para estudiar si es posible encontrar un resquicio legal que permita aplazar las elecciones autonómicas convocadas en esas comunidades para el 5 de abril, según fuentes de la Moncloa.

En principio, las fuentes del Gobierno consutadas no ven viable la suspensión, una vez convocadas las elecciones. Pero esperan formalmente por si se produce la petición oficial de los dos gobiernos autonómicos y un acuerdo con los partidos.

El Ejecutivo entiende que ese es el único procedimiento posible y que, además, necesitaría acuerdo de todos los partidos para buscar esa opción inédita. La ley no lo permite expresamente en ningún caso una vez convocados los comicios y habría que buscar opciones remotas, como las referidas a la declaración de alarma que resultan difíciles de aplicar. Esa norma hace referencia expresa a crisis sanitarias y epidemias.

Foto: Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en un mitin de campaña en las elecciones gallegas de 2016. (EFE)

En concreto, señala que "el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves". Pero no hace referencia a la suspensión de elecciones.

Añade que "cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma".

Ya hace 16 años, tras los atentados del 11-M, el Gobierno de Aznar estudió de manera informal si era posible suspenderlas

Y el artículo 116 de la Constitución explica que "el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración".

Ya hace 16 años, tras los atentados del 11-M, el Gobierno de José María Aznar estudió de manera informal si era posible suspender esas elecciones y llegó a la conclusión de que no era posible. El actual Gobierno se remite a este precedente, a falta de un estudio en profundidad.

En este caso, se trata de una alerta sanitaria que, según la evolución de las próximas semanas, podría impedir a los electores acudir al colegio electoral, lo que está claro que sería una causa de fuerza mayor que hace difícil unas elecciones.

La idea de la suspensión la lanzó el martes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, al asegurar que no descarta llegar a pedir al Gobierno central y a la Junta Electoral un aplazamiento de las elecciones si se observa que "puede estar en riesgo la salud pública y el derecho a sufragio e los gallegos". Ni la ley electoral gallega, ni la vasca, ni la general contemplan la posibilidad de suspensión, una vez convocadas. Tampoco atribuyen, por tanto, a las juntas electorales dicha facutad.

Foto: a presidenta y portavoz del grupo parlamentario de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas. (EFE)

Diferentes especialistas en derecho constitucional coinciden en el vacío legal y explican que, además, sería peligroso que la Junta Electoral Central (JEC) tuviera capacidad para intervenir en el proceso e interrumpirlo Pero al tiempo, alguno de ellos entiende que es imposible celebrar elecciones con los ciudadanos recluidos en sus casas, aunque aún no se haya llegado a esta situación.

Si se produjera la petición desde los gobiernos vascos y gallego, el Gobierno contactaría con todos los partidos.

Sí es posible suspender los actos de campaña solo con acuerdo de todos o por decisión de cada candidatura.

En todo caso, además de la supuesta imposibilidad material de celebrarlas, la crisis sanitaria por el coronavirus podría tener incidencia en el electorado y en los cálculos de cada una de las candidaturas. Por ejemplo, en función de la edad media de los votantes de cada partido o la influencia en cada uno de una tasa de abstención.

El Gobierno esperará a que los gobiernos de País Vasco y Galicia hagan una petición formal para estudiar si es posible encontrar un resquicio legal que permita aplazar las elecciones autonómicas convocadas en esas comunidades para el 5 de abril, según fuentes de la Moncloa.

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