El Gobierno alojará en hoteles a víctimas de violencia de género y de explotación sexual

El Gobierno pondrá a disposición de las víctimas de violencia de género o explotación sexual alojamientos turísticos si se considera que están en riesgo y en el caso de que no haya plazas disponibles durante el estado de alarma en los centros habitualmente designados para ello. La medida impulsada desde el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, se aprobará este martes en el Consejo de Ministros.

El texto, según fuentes del Gobierno, incluye como esenciales todos aquellos servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata. De este modo, los servicios, organizaciones y asociaciones destinados a la lucha contra la violencia machista deberán permanecer abiertos y disponibles.

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Ángeles Caballero

Las trabajadoras del hogar son otro de los colectivos más vulnerables y castigados por la crisis del coronavirus y hasta ahora se habían quedado fuera de las medidas sociales y económicas aprobadas por el Gobierno. Una situación que se buscará corregir sacando adelante un decreto del que son coproponentes los ministerios de Trabajo (Yolanda Díaz) e Igualdad (Irene Montero) para que aquellas empleadas del hogar que hayan sido despedidas o dejado de prestar servicios desde la entrada en vigor del estado de alarma puedan beneficiarse de una prestación social extraordinaria. Anoche, todavía se estaba puliendo el texto con el objetivo de que estuviese listo para aprobar en el Consejo de Ministros de este martes, pero podría aplazarse para la próxima sesión.

Este subsidio extraordinario ascendería al 70% de su base reguladora de cotización durante un mes prorrogable —con un máximo de 950 euros—, equiparándose así con el resto de trabajadores a los que se les aplique un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Estas trabajadoras continuaban sin tener derecho al paro, a pesar de las promesas electorales de este y otros ejecutivos anteriores para revertir dicha situación equiparándolas al régimen general.

Se calcula que la medida beneficiaría a unas 390.000 trabajadoras, aunque el porcentaje de economía sumergida en este sector sigue siendo elevado, superior a una de cada tres trabajadoras del hogar, muchas de ellas migrantes, como vienen denunciando las principales centrales sindicales.

El Ejecutivo continuará este martes construyendo lo que ha denominado un 'escudo social', con medidas como extender a los alquileres la moratoria de las hipotecas. Concretamente, se suprimirán los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional —hasta el día en que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma—, se establecerá una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y se permitirá que todos los inquilinos que entren en zona de vulnerabilidad se acojan a microcréditos —sin coste de intereses ni comisiones— que se podrán devolver en seis años.

Asimismo, se ampliarán las condiciones de acceso de inquilinos a los programas de microcréditos, siendo menos restrictivas que en el resto de casos en los que se usa el concepto de 'hogar vulnerable', como en el caso de la moratoria de hipotecas o del bono social. Se podrán beneficiar así todas las personas paradas, con ERTE, reducciones de jornada y autónomos que no lleguen al límite de tres veces el Iprem.

Desde el Ministerio de Trabajo ya se promovió en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado el pasado jueves la prohibición de los despidos procedentes por causas económicas, organizativas, técnicas o de fuerza mayor por el coronavirus. Además, los contratos temporales que se suspendan en los próximos días se prorrogarán de forma automática. El objetivo de esta medida es intentar que los ajustes de plantilla se canalicen a los ERTE. De esta forma, no se pierden estos puestos de trabajo, sino que se suspenden, o se reducen las jornadas temporalmente, hasta que las empresas vuelvan a operar con normalidad.

En la misma sesión del Consejo de Ministros, se aprobaron medidas para agilizar los ERTE, aunque estas no están destinadas a resolver el cuello de botella generado en las comunidades autónomas, sino a acelerar el cobro de la prestación por parte de los trabajadores y garantizar que todos los afectados tengan su prestación el 10 de abril. De este modo, la empresa comunicará la solicitud del ERTE al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), y este tramitará el pago de la prestación a los trabajadores.