El Gobierno aparca la reclusión obligada de portadores a favor de "espacios voluntarios"

El Ejecutivo ha aparcado uno de los proyectos que barajaba de cara a la desescalada frente al virus. Al menos en parte. El proyecto de confinamiento obligatorio de aquellas personas que den positivo en Covid-19 pero no presenten síntomas, es decir, portadores, ha quedado congelado frente a la idea mayoritaria que defendía parte del Ejecutivo de ofrecer espacios públicos acondicionados a aquellos que se encuentren en esa circunstancia y quieran desplazarse voluntariamente a estos lugares, indican a El Confidencial fuentes cercanas al Gobierno.

La medida, con la que coqueteó el Ejecutivo hace unas semanas, no ha vuelto a abordarse en las reuniones celebradas en estos días. Levantó las críticas de muchos juristas que albergaban dudas sobre su legalidad. La medida se conoció después de que Pedro Sánchez reclamara a los presidentes autonómicos un listado de hoteles, espacios e infraestructuras públicas y privadas donde poder alojar a estos pacientes asintomáticos o leves para mantenerlos aislados cuando arranque la siguiente etapa, que ya parece más cercana.

La diferencia con iniciativas ya puestas en marcha radicaba en la obligación o la preferencia. En muchos lugares, como Madrid, se crearon desde el inicio del estado de alarma espacios para que los pacientes leves pudieran estar aislados sin contagiar a sus familiares. Se realizó ante las recomendaciones de los expertos y se ofrecían a quien lo requiera o desee por sus circunstancias particulares. En la capital, funcionan ya hoteles medicalizados. Los médicos derivan allí a enfermos de menor gravedad de los hospitales para liberar camas.

El titular de Interior afirmó que "se estudiarían todas las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud pública"

La pista sobre la intención inicial de imponer este confinamiento partió de unas declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En rueda de prensa, este indicó que se estudiaba "el aislamiento preciso de los asintomáticos". "Supongo que una voluntariedad manifiesta si fuese precisa sería algo factible. Si no, se estudiarían todas las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud pública", aseguró.

TE PUEDE INTERESAR

El PP convertirá la mesa de reconstrucción en una comisión de "investigación"

Fernando Garea

Dudoso encaje

No todo el Ejecutivo lo veía así de claro, y el propio entorno de Sánchez avisó al presidente desde un inicio de que la medida tenía dudoso encaje en el marco de un estado de alarma en que no se permite una suspensión de derechos sino una limitación. No puede obligarse a nadie a ingresar sin que medie un juez que así lo respalde por causa de salud pública. Ha sido esta opción la que ha acabado prosperando, por lo que la idea que continúa sobre la mesa es ofrecer "espacios voluntarios" para los que quieran. Desde la Moncloa, se subraya que "nunca se pensó" en un aislamiento obligatorio. "Siempre ha sido voluntario", remarcan desde el círculo del jefe del Ejecutivo, informa Juanma Romero.

En la Moncloa, aseguran que "nunca se pensó" en una reclusión obligatoria. "Siempre ha sido voluntario", alegan en el entorno del presidente

Los juristas avisaron de que una obligación de internamiento sin aval de un juez era inviable sin la existencia de una ley orgánica que así lo autorizara o sin que se avanzara en los grados del control estatal y el actual estado de alarma pasara a serlo de excepción. Otros, sin embargo, defendían que ya existe la cobertura legal necesaria para implementar esta medida. Citaban al respecto la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que prevé, en su artículo segundo, que las autoridades sanitarias competentes puedan adoptar "medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control" cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas.

Otro miembro del Ejecutivo, Margarita Robles, ministra de Defensa y autoridad competente delegada, como Marlaska, sí dejó claro, en una entrevista con este diario publicada el 11 de abril, que no compartía los argumentos de su compañero de Gabinete: "En el terreno abstracto y desde el punto de vista jurídico, yo entiendo que no se puede obligar a nadie a internarse en contra de su voluntad sin autoridad judicial. Pero, insisto, eso entra dentro de estudios, de posibles especulaciones que no son realidad, puesto que aún no se han producido. Si algún día se produjeran, que no lo sé, siempre sería buena una autorización judicial. Tenemos que hacer un ejercicio de vivir día a día, preparando la desescalada, pero no sembrando dudas sobre situaciones que no se han producido y que tampoco sabemos si se van a producir".