Un desahuciado tras infectarse en el hospital por coronavirus se querella por homicidio

José Antonio Giménez Lluch era un hombre de 59 años que el 13 de marzo acudió al hospital SSR Hestia de Barcelona para hacerse una biopsia. El día 20 tuvo que volver "al sentirse indispuesto por una patología previa" y quedó ingresado. "Al no disponer en los hospitales de test suficientes, los facultativos que allí trabajaban estaban expuestos a estar contagiados y ser transmisores de covid-19, lo que desgraciadamente conllevó que él mismo resultase infectado. Dado que su pronóstico es catastrófico y se le ha pronosticado un rápido fallecimiento, solicitó el alta y fue trasladado a su domicilio el 15 de abril de 2020, donde tan solo se halla a la espera del fatal desenlace que ponga fin a su recorrido vital". José Antonio fallecía en la mañana de este jueves.

Antes, sin embargo, y con la ayuda de su mujer —ahora ya viuda—, Cristina Martínez Muntañé, decidió querellarse contra la cúpula de la Dirección General de Salud Pública por los delitos "contra la salud pública, homicidio y lesiones imprudentes, y por omisión del deber de perseguir los delitos" por la falta de diligencia a la hora de comprar test y por "la importación y distribución de test que no cumplen con la normativa".

José Antonio estaba convencido de que si los test hubieran funcionado, "imprescindibles para el control de la pandemia", no se habría producido su a la postre fatal contagio en el hospital barcelonés. Además, como paciente con patologías previas y de riesgo, era uno de los destinatarios prioritarios de esos test: "Esos productos sanitarios fueron aplicados a pacientes específicos hasta que por controles externos a la Agencia Española del Medicamento y a la Administración central del Estado se pudo comprobar que eran ineficaces y que su sensibilidad no era acorde con su ficha técnica".

La querella, presentada el pasado martes 21 en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid porque los querellados están domiciliados en esa comunidad —no ha sido aún admitida a trámite o desestimada— y "porque en ella se distribuyeron al menos 8.000 de los test" que luego resultaron inoperantes, se dirige contra Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública; Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y dependiente de la anterior; contra María Jesús Lara, directora de la Agencia del Medicamento; Patricia de la Cruz, titular de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, y contra Interpharma, como mediadora en la compra de los 650.000 test chinos que hubo que devolver.

Sin poder salir ni a la notaría

La situación de José Antonio era tan delicada por el virus que la designación de letrado para la querella tuvo que firmarla ante tres testigos dada la excepcionalidad del estado de alarma y la imposibilidad de trasladarse, por su estado, a la notaría. Según la querella, a la confirmación de su situación desahuciada "hemos de añadir que el calvario se ve agravado ante la imposibilidad de otorgar ni un simple poder notarial, dado que los notarios no acuden a su domicilio ante el riesgo de ser contagiados, lo que convierte esta querella en urgente a los simples efectos de su tramitación procesal, pues hay pruebas que no pueden esperar al normal (si es que algún día lo hubiera sido) funcionamiento de la Administración de Justicia". En la querella, se adjunta el informe de alta voluntaria de José Antonio en el que consta su contagio por coronavirus durante su ingreso en el hospital barcelonés.

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En la descripción de hechos, la querella incide en que "siendo conocedoras las autoridades sanitarias", como ellas mismas reconocen, de "que la OMS había alertado al menos desde el mes de enero de 2020 de los riesgos que para la salud pública internacional existía por el covid-19 y que era y es capital la detección de los afectados", describe cómo "en fecha no determinada de marzo el Ministerio de Sanidad a través de la Oficina de Compras Centralizadas adquirió con la participación de Interpharma unos 659.000 test rápidos" que "resultaron ineficaces y no se correspondían con sus prescripciones técnicas".

Para el abogado de José Antonio, Francisco Javier Díaz Aparicio, es notorio que "existió la compra a una empresa sin licencia para la fabricación en China", "que no eran eficaces para el fin adquirido ni se correspondían con su etiquetado", "que no se llevaron controles para demostrar o comprobar su eficacia" y "que se distribuyeron a terceros y se pusieron en uso".

En la querella, se solicita también que se cite a las consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Barcelona "como responsables civiles directos o subsidiarios"; se requiera a la Agencia del Medicamento el expediente completo "de la investigación realizada respecto del lote de test adquiridos a la empresa Bioeasy"; se recabe de la Dirección General de Ordenación de Farmacia el informe completo del expediente que determinó la ineficacia de esos test; se requiera al Ministerio de Sanidad el "contrato de adquisición" de los test así como "si se han efectuado pagos, en qué cuantía y a qué personas o entidades", y un informe forense del juzgado que establezca la relación o no entre la ausencia masiva de test y su relación con la pandemia y, sobre todo, si se hubieran minimizado los contagios en residencias y en el personal hospitalario. También pide la declaración como investigados de todos los querellados y que "aporten las pólizas de seguro de responsabilidad civil que tuviesen contratadas".

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José Antonio Giménez Lluch fallecía en su domicilio en la mañana de este jueves, ocho días después de salir voluntariamente del hospital tras conocer que estaba desahuciado. Su viuda sigue adelante con una querella que ya está en los juzgados y que, sobre las especiales circunstancias de José Antonio, afirma: "La crudeza de adelantar el conocimiento de la muerte permitiría redactar muchas líneas. Que el adelanto del fallecimiento se deba a un contagio por una mala gestión de los que gobiernan distintas administraciones, también. Y que quien la espera decida emprender acciones legales contra los responsables de la mala gestión sanitaria y del defectuoso aprovisionamiento de material sanitario daría para un tratado".