Sanidad mantiene su contrato de 5,1 M con una asesoría sin plantilla y en pérdidas

El Ministerio de Sanidad mantiene en vigor el contrato para el suministro de 700.000 hisopos para test de covid-19 con una pequeña asesoría fiscal de Málaga llamada Value & Bro SLU, que carece de trabajadores y apenas facturó 4.300 euros en 2018, último ejercicio declarado. El pasado lunes informó de la anulación del expediente, como ha informado El Confidencial este jueves. Sin embargo, un portavoz de Sanidad asegura que se trata de un acto formal, que no afecta a la adjudicación. La cancelación se refiere únicamente a una segunda publicación de la misma licitación por un fallo del Ministerio.

El departamento de Salvador Illa cerró el acuerdo con esta mercantil el pasado 22 de abril a través de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), heredero del antiguo Insalud y uno de los pocos organismos que quedaron en el Ministerio tras la transferencia de la Sanidad a todas las comunidades autónomas. La elección de la compañía se tramitó sin concurso ni anucio previos, amparándose en la situación de emergencia creada por la pandemia. El objeto de la licitación era adquirir los hisopos o bastoncillos que se utilizan para tomar muestras de mucosa a potenciales infectados por el SARS-Cov-2.

Pese a la simplicidad del producto, la demanda ha desbordado la capacidad de producción de los fabricantes y algunos test no pueden realizarse por la escasez de este complemento. Value & Bro. contactó con Sanidad para informar de que estaba en condiciones de proveer 700.000 hisopos, suficientes para realizar más de la mitad de todos los test PCR efectuados en España desde el inicio de la crisis. Como especifica el contrato, la propuesta de la asesoría andaluza se refería a unidades del fabricante chino Deaou especialmente diseñados para el covid-19 con un precio por ejemplar de 6,05 euros más IVA (ver imagen).

El departamento de Illa no pidió más explicaciones. Como adelantó El País, Value & Bro. apenas dispone de un capital social de 4.000 euros. Su objeto social es “actividades jurídicas” y no tiene antecedentes conocidos como suministrador de productos médicos. Su sede se encuentra en una pequeña oficina de un edificio de despachos de alquiler. Según el registro, carece de empleados.

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Su única administradora es una abogada, Eva Paola Martínez, que aseguró al mismo diario tener un convenio con un “laboratorio biotecnológico de China”, aunque se negó a revelar el nombre apelando a supuestas cláusulas de confidencialidad. Pese a esas teóricas ramificaciones internacionales, Value & Bro. ingresó en 2017 un total de 3.999 euros y tuvo unas pérdidas de 98. El año siguiente (último presentado en el registro) facturó 4.300 euros y tuvo un resultado negativo de 337. El contrato de Sanidad supera en más de mil veces su mejor dato de ventas. Pero ninguno de estos datos impidió que el Ingesa concluyera que Value & Bro. cumplía con las exigencias técnicas y legales para el suministro de los bastoncillos.

Según Sanidad, el contrato sigue adelante. Este diario informó este jueves de que había sido cancelado tras la aparición de varias informaciones que cuestionaban la solvencia del proveedor. La Plataforma de Contratación del Estado publicó efectivamente la anulación el pasado 27 de abril a las 13.42 horas. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Sanidad señala que el acto de cancelación tiene como único objeto subsanar una segunda publicación por error del mismo expediente. La anulación afecta al anuncio, no al acuerdo con Value & Bro., que se mantiene vigente, según esta fuente.

El contrato es clave. El dato de pruebas realizadas se ha convertido en uno de los parámetros para medir la eficacia de Moncloa en la gestión de la crisis. Esta semana, el Ejecutivo sacó pecho al anunciar que España estaba haciendo más test que la media de países de la OCDE, ocupando la octava posición en la tabla. Pero el organismo internacional usó datos proporcionados por Sanidad que, además de las pruebas PCR, tenían en cuenta las de anticuerpos, en contra del criterio utilizado por el resto de países. Tras eliminar esos segundos test, España pasó a la posición 17, por debajo de la media de los países miembros.

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El episodio con la asesoría malagueña y los hisopos no es la primera polémica que ha rodeado a las compras de material sanitario. Como desveló El Confidencial, uno de los principales proveedores de mascarillas del Ministerio es una empresa de Barcelona que se dedica al márketing de bebidas alcohólicas de alta graduación y cuya administradora fue condenada en 2015 a 10 meses de cárcel por un delito continuado de estafa agravada. La mercantil, FCS Select Products SL, ya se ha llevado contratos a dedo por valor de 263 millones de euros.

A este caso se suma la compra por adelantado a un bróker chino de un lote de 2,1 millones de mascarillas médicas que han tenido que ser retiradas de decenas de hospitales y centros sanitarios de toda España tras comprobar que únicamente garantizaban una protección del 70%, muy lejos del 92% mínimo para las protecciones de ese estándar de seguridad. Solo en Galicia se han contabilizado 72 contagios entre personal sanitario que utilizó ese modelo importado por el Ministerio.

Además, Sanidad compró a una empresa sin licencia de importación, Hyperin Grupo Empresarial SL, 144 respiradores mecánicos por un precio de 3,31 millones. El acuerdo se cerró nuevamente sin concurso ni publicidad. La firma adjudicataria fue creada hace un año y se dedicaba a la “fabricación de elementos de yeso”. Tampoco tenía empleados, pero el Ministerio le otorgó el contrato y abonó el dinero por anticipado. Finalmente, la compañía admitió que no tenía capacidad para traer los ventiladores a España y el Ingesa ya ha iniciado los trámites para reclamar la devolución de los fondos.