El 'caso Bildu' amenaza el calendario cerrado de cambios "urgentes" en la reforma laboral

El Gobierno intentó dar carpetazo este viernes a la polémica por el acuerdo con Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral, limitándola a una derogación parcial de sus "aspectos más lesivos" y siempre en el marco del diálogo social. Un paso atrás que, sin embargo, no modifica la reconfiguración de posiciones que se ha generado al calor de esta controversia, amenazando con hacer saltar por los aires el calendario para los cambios considerados urgentes. La vicepresidenta económica Nadia Calviño se opone ahora a "abrir este debate" porque "sería absurdo y contraproducente", como trasladó de forma contundente en un foro más que significativo, las jornadas anuales del Cercle d'Economia. La CEOE también se ha descolgado, hasta el punto de levantarse de la mesa de diálogo social.

Esta oposición frontal, tanto del ala económica del Ejecutivo como de la patronal, a seguir adelante con la también denominada "contrarreforma laboral", deja a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una difícil situación para sacar adelante sus compromisos. Todo ello cuando la hoja de ruta ya estaba diseñada y encauzada en la mesa de diálogo, tras ponerse en marcha el pasado 18 de febrero con la derogación del artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, correspondiente al despido por enfermedad que no se considere grave u obedezca a un tratamiento médico. La crisis sanitaria por el coronavirus obligó a dejar en punto muerto el calendario de los trabajos para "desmontar" la reforma laboral del PP, pero nada hace presagiar que ahora se pueda retomar en el mismo punto.

Antes de la crisis del coronavirus, cuando se aprobó el primer decreto para derogar el artículo 52.D, se manejaba un calendario en dos fases para los cambios de la reforma laboral comprometidos en el acuerdo programático del Gobierno de coalición. Para la primera se establecía un plazo de dos meses y consistía en derogar las cuestiones consideradas urgentes. Esto es, además del absentismo por enfermedad, se pretendía derogar la parte que da prioridad a la aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo —ultraactividad—.

Otras de las prioridades marcadas por Trabajo pasaban por establecer limitaciones a la empresa a la hora de modificar de forma unilateral las condiciones del contrato laboral, revisar los mecanismos de no aplicación de los convenios colectivos limitándolos al descuelgue salarial por causas económicas graves y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores —mientras se redacta uno nuevo— para limitar la subcontratación a servicios especializados que no sea la actividad principal de la empresa en cuestión.

La segunda fase prevista, una vez consumado este primer paquete de derogaciones, era la legislativa. Consistiría en el redactado de nuevos artículos, modificación de otros y elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En lo referente al despido, se pretendía poner más el acento en las causas y no tanto en las indemnizaciones porque se consideraba que así se sitúa mejor el foco en la protección del trabajador.

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Ahora todas estas previsiones, que pese a las resistencias encontradas se estaban ultimando en la mesa de diálogo social, penden de un hilo. Aunque tanto desde el sector de Unidas Podemos en el Gobierno siguen insistiendo en que lo firmado obliga y "Calviño no ha frenado nada", el asunto podría volver a la casilla de salida, también por el nuevo contexto económico en el que entra el país.

Desde el entorno de Díaz, que no estaba al tanto del detalle del acuerdo firmado con Bildu, también trasladan tranquilidad y se asegura que todo seguirá por el mismo cauce. Quizá con más dificultades, reconocen, porque se pierde poder negociador de forma proporcional a la que ganaría la patronal, pero sin temor a retrasar el calendario porque la crisis económica apremia para reestablecer el debate sobre un nuevo marco laboral. Con todo, la polémica generada por 'caso Bildu', con la consiguiente rectificación y reconfiguración de las posiciones de los actores implicados, ha cambiado por completo el escenario.

Al margen de la crisis económica, en la que se apoyan Calviño y la CEOE para poner en cuestión estos cambios en la reforma laboral, el tacticismo del Ejecutivo también ha jugado en su contra. Un fallo de táctica parlamentaria —y de redacción— que amenaza toda la estrategia de Trabajo, dado que el acuerdo para la reforma laboral ya estaba comprometido por escrito, anunciado públicamente y calendarizado. Otros acuerdos firmados con los partidos del bloque de la investidura, como el alcanzado con el BNG, también redundaban en este compromiso.

Ni siquiera hay certezas de que la CEOE se vuelva a sentar en la mesa, aunque sea haciendo borrón y cuenta nueva en las negociaciones de los últimos meses. No en vano, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ahorraba en elogios a Antonio Garamendi este viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al referirse al presidente de la CEOE como una persona que "tiene sentido de Estado" y "no es un patriota de boquilla, antepone los intereses de España a cualquier otra cuestión".

Mientras tanto, continúan las tensiones internas en la coalición, que públicamente se intentan acotar al mero hecho de que "existen distintas sensibilidades". Desde el sector de Unidas Podemos en el Gobierno se establece como una línea roja la derogación de la reforma laboral, mientras que Calviño establece la suya propia en dejar atrás estas intenciones. En este contexto, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se reunieron este jueves con la pretensión de rebajar el ruido externo generado tras el acuerdo y alejar las dudas sobre una crisis de Gobierno, bajo la premisa de que se reconoce que el redactado fue un error. La propia Díaz lo desconocía y quizá sea una de las principales damnificadas, al empeorar el clima de la mesa de diálogo social. Al mismo tiempo, Sánchez también se ha tenido que arremangar para rebajar tensiones con la patronal. En el seno de la CEOE también hay diferentes sensibilidades, y la más beligerante con el Ejecutivo no la lidera precisamente Garamendi.

La titular de Trabajo se ha quedado atrapada en medio del fuego cruzado, aunque desde su entorno transmiten que todo sigue su curso. Una tranquilidad que parece beber de su experiencia sindical y como abogada laboralista, acostumbrada a los golpes en la mesa de negociación para calibrar cuándo los ultimátums son mera liturgia u obligan a cesiones para reconducir la situación.

Su silencio público durante los últimos días da algunas pistas. En su entorno son optimistas, siempre que la táctica no vuelva a estropear la estrategia, y en su haber está haber arrancado su mandato consensuando con los agentes sociales la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros. El primer pacto con los agentes sociales de la legislatura. Entonces, la patronal ya deslizó su interés por interlocutar con la vicepresidenta económica Nadia Calviño, sin éxito. Tras las escenificaciones, vendrán los hechos cuando se entre en la materia de los pactos de reconstrucción.