Marlaska complica un procedimiento que el Gobierno ve inviable

En política, se dice que no hay que hacer lo que no se pueda explicar y que todo lo que pueda ser malinterpretado será malinterpretado. El Gobierno considera que el proceso penal abierto por la jueza Carmen Rodríguez-Medel carece de base y es procesalmente insostenible, pero los acontecimientos de los últimos días y, sobre todo, decisiones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo han resucitado y lo han situado en el primer plano.

La tranquilidad del Gobierno sobre el horizonte de ese procedimiento se ha convertido en intranquilidad política por el escándalo, como se vio este miércoles en el Congreso, y en intranquilidad jurídica porque transcurre en aguas procelosas que tienen que ver con la independencia judicial. Vox ya ha anunciado que llevará al ministro al Tribunal Supremo, lo que volverá a hacer ruido. Una vez llegado hasta aquí, Marlaska, además, no puede moverse de su versión oficial inicial, entre otras cosas, porque podría meterse en un grave lío, y no solo político.

Por el momento, en ninguna de las dos versiones que conocemos hasta ahora se incluye que el coronel Pérez de los Cobos fuera destituido por la mala calidad del informe de la Guardia Civil a la jueza que investiga la supuesta responsabilidad del Gobierno en la propagación de la pandemia por haber admitido la manifestación feminista del 8-M.

La versión oficial del ministro del Interior señala desde el principio que la destitución tiene que ver con una reestructuración de los equipos de la Guardia Civil. Lo malo es que no ha hecho más, salvo las provocadas como consecuencia de la destitución de Pérez de los Cobos.

Y el propio ministro lleva dos días diciendo en rueda de prensa y en el Congreso que no conoce el citado informe. No puede moverse de ahí. Si admitiera lo contrario, es decir, que le destituyó al conocer el informe, estaría aceptando que ha cometido varias posibles infracciones. Una, por injerencia en un proceso judicial, y otra, porque la norma impide a un miembro de las Fuerzas de Seguridad que actúa como policía judicial dar cuenta a sus superiores de un informe como este.

El Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial señala en su artículo 15 que “los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan. La infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar. La obligación de reserva no impedirá, salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal competentes, el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios”.

Es decir, Marlaska no puede admitir que le destituyera por las supuestas falsedades del informe, porque no puede conocerlo legalmente. Cabría la opción de que lo conociera por la personación de la Abogacía del Estado, pero la notificación por la jueza no se produjo antes de la destitución y, en todo caso, Marlaska ha renunciado a esa vía de explicación pública.

Tampoco puede admitir la causalidad entre el informe y la destitución porque Pérez de los Cobos no es el autor del texto y, según la citada norma, el coronel tampoco puede tener conocimiento de él. Luego tampoco por esto podría justificar que le destituye por un informe erróneo o falso.

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Si Marlaska atribuyera al coronel cesado la autoría del informe y le hiciera responsable, se estaría metiendo en un lío aún mayor que con la destitución, porque según el artículo 16 de esa norma, “los funcionarios de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente. Cuando los funcionarios a quienes esté encomendada una concreta investigación hayan de cesar en su destino por causas legalmente establecidas, su cese se participará a la Autoridad Judicial o Fiscal para su conocimiento”.

Es decir, son inamovibles, y contravenirlo podría convertirse en una obstrucción a la Justicia. La otra versión que tenemos hasta hoy es la de la Guardia Civil, en concreto de fuentes próximas a Pérez de los Cobos. Señala que el domingo le llamaron tres superiores, uno de ellos la directora general de la Guardia Civil, para pedirle insistentemente el informe. Él se negó y fue destituido por ello.

Marlaska no puede aceptar esa versión porque admitiría las citadas dos infracciones. Y si Pérez de los Cobos hubiera obedecido a sus superiores y les hubiera dado el informe, también estaría incurriendo en grave responsabilidad. Por lo que se puede concluir que ha sido destituido por no obedecer una orden ilegal, si es que fuera cierta su versión.

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Otra cosa es la calidad del informe, la actuación de la jueza o el sustento penal de la causa, basada en el complicado establecimiento de un nexo directo entre la manifestación del 8-M y el contagio.

La jueza deberá decidir si asume el informe, si deduce testimonio por falsedad contra los autores del informe o si simplemente lo tira a la basura. Y en todo caso, las partes en el proceso, empezando por la Abogacía del Estado, pueden recurrirlo, como ya ha hecho.

Hay precedentes de informes policiales 'erróneos' en casos notorios que luego no se tienen en cuenta judicialmente, aunque tengan gran eco mediático. Por ejemplo, el nombre de Ana Mato ha quedado unido para siempre al confeti por un informe policial que erróneamente le atribuyó todo el confeti utilizado en una fiesta en el estadio de fútbol del Getafe. Simplemente, la Justicia no lo tuvo luego en cuenta, aunque haya quedado unido de forma indeleble a la exministra.

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Entonces, por cierto, el Gobierno del PP también desacreditaba como el de ahora informes de policía y Guardia Civil que le afectaban. Desde el punto de vista jurídico y político, el Gobierno (en el que hay tres jueces) dice estar tranquilo por ese proceso y resume sus argumentos en el recurso de la Abogacía del Estado, que se apoyará en breve en otro similar y contundente de la Fiscalía. Hay que recordar que no hay denunciante ni acusación en el proceso.

El Gobierno considera que no se ha respetado la suspensión de plazos establecida en el decreto de alarma y que, sobre todo, los hechos carecen de encaje penal porque supondrían acusar por una prevaricación pasiva, es decir, no haber impedido una manifestación en un momento en el que no hay ningún derecho suspendido. Es decir, que según el Ejecutivo, es procesalmente insostenible.