El Gobierno negociará con las CCAA asegurar la igualdad del IMV

En octubre de 2006, el pleno del Congreso aprobó definitivamente la Ley de Dependencia con los votos de PSOE, PP, IU y ERC y la oposición de PNV, EA y CiU, que, no obstante, habían participado en el consenso para aportar modificaciones en el trámite parlamentario. En ese momento, se dijo que la ley, promovida por el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, justificaba por sí sola toda la legislatura, por lo que suponía de avance en el estado de bienestar.

Algunos de los que participaron en su elaboración y negociación admitieron luego que uno de los errores que cometieron fue ceder la gestión a las comunidades autónomas. Primero, porque políticamente era un arma entregada a cada uno de los gobiernos autonómicos, y segundo, porque cuando llegó la crisis económica hubo administraciones que la utilizaron dentro del margen de recortes, hasta vaciarla en algunos casos de eficacia.

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Y todo se complicó luego con las dificultades para aprobar un sistema de financiación autonómico que, de hecho, está caducado desde el inicio de la legislatura de Mariano Rajoy. Por eso, finalmente, la revolucionaria Ley de Dependencia ha terminado por ser una norma muy importante, pero con una aplicación muy desigual en cada uno de los territorios.

Algo parecido ocurre con las pensiones no contributivas, sobre las que cada comunidad tramita íntegramente la prestación, tanto la parte estatal como el complemento autonómico. De esa forma, el problema que tiene ese modelo es que las diferencias en la tramitación de unas comunidades a otras son abismales. En unas se hace en 15 días y en otras se llega a tardar hasta un año.

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Ambos precedentes han estado presentes en la mesa de trabajo de los responsables del decreto del ingreso mínimo vital, del Ministerio de Inclusión Social y de la Vicepresidencia de Asuntos Sociales, que encabezan José Luis Escrivá y Pablo Iglesias. Explican que, dado que en la mayoría de las comunidades ya hay instrumentos similares financiados y gestionados por los gobiernos autonómicos, no tendría sentido establecer dos ventanillas diferentes. Sin embargo, se corre el riesgo de nuevo de establecer una desigualdad entre territorios en la forma de tramitación, en los plazos, en los requisitos, como con la Ley de Dependencia.

Por ello, hubo reticencias en el Gobierno a ceder la gestión a las comunidades autónomas. Sobre todo, con la dificultad de elaborar una norma en tiempo récord por la situación creada por la pandemia y, además, en un decreto, es decir, sin tramitación parlamentaria para mejorarla con enmiendas o aportaciones, como se hizo con la Ley de Dependencia.

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También se mezcló, según fuentes del Gobierno, la precariedad parlamentaria del Ejecutivo. Especialmente, surgieron problemas con el PNV. Los nacionalistas vascos aseguran que pidieron que no hubiera colisiones jurídicas y de gestión con la renta de garantía de ingresos que funciona desde hace años en Euskadi. Fuentes del Gobierno vinculan algunas reticencias del PNV a las elecciones autonómicas del 12 de julio. La fórmula final establece una diferenciación entre el País Vasco y Navarra por tener regímenes forales diferenciados y el resto de comunidades. Las dos primeras tendrán su gestión directa y el resto podrá sumarse con convenios a partir de 2021.

“En razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital en los términos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2020”, señala el decreto. Dicho gráficamente, el Gobierno gana tiempo y retrasa esa decisión. Explica que para entonces se abrirán negociaciones bilaterales para aprobar esos convenios y en ellos el Gobierno prevé establecer garantías para evitar disfunciones o desigualdades como las de la Ley de Dependencia y las pensiones no contributivas.

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Finalmente, la disposición adicional cuarta del decreto señala que “el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital”. Por el momento, han anunciado su intención de reclamarlo Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Cataluña.

Otra de las características políticas de la norma es que llega precedida de diálogo del Gobierno con partidos e instituciones. Por ejemplo, el ministro Escrivá ha negociado con las comunidades y los partidos antes de llevar el decreto al Consejo de Ministros. La versión oficial asegura que "el equipo ha tenido reuniones de trabajo con las comunidades autónomas, grupos políticos, agentes sociales y tercer sector, entre otros", pero sin precisar por ser “reuniones de trabajo”.

Fuentes de Ciudadanos confirman que el ministro les explicó la norma antes de aprobarse. El partido de Inés Arrimadas escuchó al ministro y le hizo varias propuestas, especialmente las que tienen que ver con los autónomos. El PP asegura que no fue informado, aunque las comunidades en las que gobierna sí tuvieron contacto directo con el ministro.

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El Gobierno ya tiene asegurada la convalidación con los votos de los partidos de la investidura, más Ciudadanos y probablemente el PP. El partido de Pablo Casado solo ha objetado que el PP ya implantó sistemas parecidos en comunidades autónomas y ayer solo confirmó que no se opondrá, es decir, que estará entre la abstención y el sí. No obstante, todo parece indicar que votará a favor.

FAES, la fundación que dirige José María Aznar, y que tiene gran influencia en las decisiones de Casado, hizo pública una nota en la que, tras criticar al Gobierno, acepta el IMV, pero con el condicionante de que sea temporal. “No existe estado de bienestar en las economías de la privación y la miseria soñadas por la extrema izquierda populista y predicadas por esta como sus modelos”, asegura FAES.

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“Es en este contexto en el que tiene que valorarse la introducción del ingreso mínimo como una nueva prestación en el sistema de Seguridad Social. Novedad solo relativa porque las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, han arbitrado diversos mecanismos de sostenimiento de rentas mínimas que este ingreso complementará en diversos supuestos”, añade, para referirse a análisis de la propia fundación “partidarios de un sistema temporal, rigurosamente gestionado, que sirva para aflorar economía sumergida y que no suponga desincentivar la búsqueda de empleo en sus beneficiarios. Es un deber moral y una política sensata remediar las situaciones de pobreza extrema y exclusión en nuestra sociedad, cuidar de los más vulnerables, tender una red de seguridad a los que la necesiten. La sociedad civil y diversas administraciones públicas lo vienen haciendo con esfuerzo. Ahora, la Administración del Estado sigue ese camino que la responsabilidad asistencial a nivel autonómico y local ya había abierto”.

Aunque termina con una duda que marca el discurso del PP: “La retórica populista que ha envuelto su presentación no es un buen augurio”. Si el PP votara a favor, solo Vox podría estar en el no, pero después de asegurar hace días que podría votar a favor.

El decreto ya está en vigor, pero aún queda la opción de tramitarlo como proyecto de ley de urgencia, algo que el Gobierno quiere evitar por la urgencia de su aplicación.