"Es bueno que todos hagamos un esfuerzo por bajar el tono, para la desescalada verbal"

Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) es presidente de Castilla y León, donde gobierna en coalición con Ciudadanos. Pide "bajar el tono" y "buscar la desescalada verbal" y propone acuerdos entre Gobierno y oposición. Considera que el PP debería apoyar el llamado decreto de la nueva normalidad. En su comunidad han muerto 2.587 personas en residencias de ancianos.

Pregunta. ¿Ha gestionado bien la pandemia el Gobierno de Pedro Sánchez?
Respuesta. El Gobierno de Pedro Sánchez tenía que haber ofrecido más certidumbres. Ya analizaremos con detalle su gestión, no es el momento, pero tiene que ofrecer más certidumbres. Todos reconocemos que nadie estaba preparado para afrontar este proceso, pero hay momentos en los que tenía que haber dado más seguridad y colaborado más con las fuerzas políticas y las comunidades autónomas.

Con la información que teníamos en la Junta y con los instrumentos que teníamos a nuestro alcance, lo hemos hecho igual que cualquier otro Gobierno

P. ¿Y actuó demasiado tarde como dice el PP?
R. Nosotros fuimos creo la primera comunidad en pedirle la declaración del estado de alarma para el ámbito de la comunidad de Castilla y León. Podría haber actuado unos días antes, sin duda.

P. ¿Y, como presidente de la Junta de Castilla y León ha cometido algún error en la gestión de la pandemia?
R. Con la información que teníamos en cada momento en la Junta y con los instrumentos que teníamos a nuestro alcance, lo hemos hecho igual que cualquier otro Gobierno, como el que mejor lo haya hecho. Es verdad que todo el mundo en la vida comete errores, pero creo que en lo esencial hemos actuado de manera correcta.

P. ¿Si pudiera volver a finales de febrero qué cambiaría de su gestión?
R. Haber pedido el estado de alarma 15 días antes. Porque toda la información que se nos había dado en ese momento se ha visto luego que no encajaba, pero juzgar ahora lo que podíamos haber hecho hace tres meses me parece muy difícil.

P. ¿Comparte las críticas de su partido en el Congreso a Sánchez sobre la falta de actuación en el mes de marzo?
R. Este es un tema que se está judicializado ya. Quiero ser respetuoso y ver qué información va a salir y que luz nos va a aclarar la administración de Justicia. No porque tenga que ser un asunto que tenga que acabar en una decisión judicial, sino porque quiero tener toda la información. Hablaba antes de más certidumbre, seguridad, información y transparencia que me hubiera gustado tener del Gobierno de Sánchez y cuando tengamos más información podremos hacer un análisis más justo y objetivo.

P. ¿Le parece correcto que se depuren esas responsabilidades por la vía penal?
R. Creo que la Justicia siempre es una garantía y por tanto no hay que tener miedo a la Justicia. Nos va a dar información que igual en este momento no tenemos, así que, que actúe la Justicia es una garantía del funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Y no hay que tener miedo a la Justicia. Recomiendo confianza en el funcionamiento ordinario de la Justicia. Es algo que llevamos a gala en la Junta y es bueno confiar en ella.

Estamos convencidos de que hemos actuado siempre pensando en la salud de nuestros mayores y, además, lo haríamos una y mil veces

P. ¿Cómo se explica la muerte de 2.587 personas en residencias de ancianos de Castilla y León?
R. De ellas más de 800 han muerto en hospitales, aunque sean residentes. Nosotros hay algo que consideramos vital que es un compromiso ético con la vida de las personas de Castilla y León y con las personas mayores especialmente, porque nos lo han dado todo y se lo debemos todo. Nuestro compromiso era apostar por la hospitalización a domicilio de las personas mayores, en unos casos su domicilio era la propia vivienda y en otros era la residencia. Por lo tanto, nosotros hemos hecho todo lo que estaba humanamente a nuestro alcance. Hemos trasladado el oxígeno cuando se necesitaba, medicamentos, hemos creado equipos especializados que llamábamos "covid residencia" para atender a aquellas personas… Cuando la decisión médica indicaba que esas personas mayores tenían que ir al hospital han ido al hospital. Estamos hablando de más de 4.100 derivaciones hospitalarias, personas de residencias que han ido a los hospitales. Estamos convencidos de que hemos actuado siempre pensando en la salud de nuestros mayores y, además, lo haríamos una y mil veces porque en ese momento y en esas circunstancias y con esa información y los datos que teníamos esa era la vía por la que teníamos que apostar y era la mejor manera de cuidar a las personas mayores.

P. ¿Pero hubo una orden de no llevar a los mayores de las residencias a los hospitales?
R. Eso no es así. De derivaciones a hospitales hubo más de 4.100 personas. No sé en este momento cuánto llegó a ser el pico de personas aisladas con síntomas, pero creo que en el momento de mayor crudeza llegaron a 12.000 personas. Es decir, un tercio de esas 12.000 personas que tenían el covid o los síntomas han estado en los hospitales. Y un tercio de los fallecidos de las residencias lo han hecho en los hospitales.

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Europa Press

P. ¿Qué le parece esa orden que sí se dio en algunas comunidades?
R. He oído esa información, he hablado con algunos presidentes de comunidades autónomas y ellos dicen que las cosas no son como se han escrito. Yo hablo de lo que realmente puedo hablar, que es de Castilla y León. He dado datos de que, desde el primer momento, nuestra máxima preocupación ha sido atender de la mejor manera posible a las personas mayores y no es lo mismo las circunstancias de cada persona mayor. No es lo mismo una persona con 65 años que una con 95; no es lo mismo una persona que sea hipertensa que no tenga ningún tipo de patología previa. Esa es la realidad.

P. ¿Quién tenía las competencias sobre las residencias?
R. El mando único lo tenía el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El mando único en ese ámbito, en el ámbito sanitario, en el de la movilidad y en otros. Había cuatro autoridades en el mando único del Gobierno de España. Y lo asumieron y han estado tomando decisiones y dictando órdenes desde el primer momento. Es verdad que ha estado el vicepresidente escondido durante varios meses, pero la responsabilidad es del vicepresidente del Gobierno.

P. ¿Pero la gestión concreta de las residencias sí era de las comunidades?
R. Nosotros teníamos la gestión directa sobre nuestras residencias y también nos hemos encargado de apoyar, de supervisar, de revisar e intervenir en algunos casos en algunas residencias. Me parece que han sido seis residencias en Castilla y León por circunstancias diversas como falta de personal, las que hemos tenido que intervenir.

P. ¿Ha fallado la colaboración entre comunidades y Gobierno central?

R. Puedo decir del Estado de las Autonomías, con carácter general, que su funcionamiento ha sido correcto y en un momento de mayor tensión, de situación de emergencia máxima, de algo absolutamente inesperado en líneas generales, ha resistido. Tenemos que aprender todos de cara al futuro lo que tenemos que mejorar. No es ahora el momento porque estamos aún saliendo de la desescalada y la crisis sanitaria pero, de cara al futuro, habrá cuestiones de las que todos tenemos que hacer una reflexión sobre qué es lo que podemos mejorar. Yo creo que los mecanismos de colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas es algo importante para actuar con mayor rapidez cuando se produzcan situaciones de esta naturaleza.

P. ¿Y entre el Gobierno y la oposición ha funcionado la colaboración?
R. También es algo en lo que debe mejorarse en situaciones de esta naturaleza. Ha habido momentos en los que ha funcionado muy bien, otros en los que no ha funcionado tan bien. Ahí quienes tenemos la responsabilidad de un Gobierno. Somos los que tenemos que hacer un mayor esfuerzo de información, de transparencia, de tender la mano, de diálogo con la oposición o con otras entidades, en nuestro caso con las administraciones locales. El estado de alarma significa una restricción de derechos fundamentales y libertades públicas de las personas y, por tanto, es fundamental hablar y entenderse con la oposición, pero, por otro lado, el estado de alarma lo que hace es restringir las competencias de las comunidades y es necesaria una cogobernanza y creo que ese es un instrumento que de cara al futuro tenemos que mejorar. La arquitectura institucional y jurídica tiene que mejorar y adaptarse a las circunstancias que probablemente volvamos a vivir.

P. ¿En qué situación está el intento de pacto por la reconstrucción de Castila y León?
R. Bueno, he hecho un ofrecimiento en varias ocasiones, hemos trasladado información a la oposición. Yo creo que la sociedad en su conjunto quiere que haya un acuerdo entre la Junta de Castilla y León, que tiene un Gobierno cohesionado, con una mayoría sólida en el Parlamento. No necesitaría un pacto de esta naturaleza, pero entendemos que, porque lo demandan las personas de Castilla y León y por convicciones profundas, es fundamental llegar a ese acuerdo y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Desde la Junta de Castilla y León hemos hecho un esfuerzo importante. Somos, cuanto menos, un Gobierno que apuesta por el diálogo y el pacto con todas las fuerzas políticas como la mejor receta para afrontar la recuperación económica. Pero creo que aquí es importante que todos hagamos ese esfuerzo. Yo creo que, como presidente y el Gobierno como Gobierno, estamos haciendo ese esfuerzo.

P. ¿Cree que la oposición de Pablo Casado ha sido moderada?
R. Pablo Casado ha facilitado la prórroga del estado de alarma. Ahora está facilitando el ingreso mínimo vital. Creo que se están haciendo negociaciones en otros elementos importantes para el futuro de nuestro país. Yo creo que ese es el camino que tenemos que buscar, el del entendimiento. Que seamos moderados o que busquemos el entendimiento, no quiere decir que no seamos firmes a la hora de defender nuestras convicciones o que nos callemos. La oposición está ejerciendo la legítima labor de control al Gobierno, que es su función, y yo creo que es lo que está haciendo Pablo Casado, buscar y facilitar acuerdos. En un determinado momento ofreció varios pactos, el otro día. Y bueno, ahí el presidente del Gobierno tiene que hacer ese esfuerzo de entenderse con el Partido Popular. Yo creo que en un momento de esta naturaleza, las dos grandes fuerzas políticas deben entenderse y si se pueden sumar otras fuerzas políticas como Ciudadanos, pues mejor que mejor.

Yo creo que es bueno que todos hagamos un esfuerzo por bajar el tono, por hacer lo que denominé hace unos días 'desescalada verbal'

P. Por ejemplo, están hablando Gobierno y PP sobre el decreto de nueva normalidad. Lo han hablado ya con las comunidades, ¿el PP lo debería apoyar?
R. Para nosotros en el decreto hay cosas que faltan, pero en líneas generales podemos decir que es un decreto que está bien, aunque es insuficiente. De cara al futuro, tendremos que reflexionar con sosiego, porque las normas también necesitan sosiego y pensarlo, pero digamos que se han escuchado algunos de nuestros planteamientos y a nosotros el decreto en principio nos puede servir.

P. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene el PP en esto de la crispación?
R. Bueno, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por hacer una desescalada verbal. En primer lugar, quién tiene que hacer la desescalada verbal son algunos miembros del Gobierno… Me refiero en concreto al vicepresidente Pablo Iglesias, que se siente más cómodo en la división, en la creación de trincheras, que en la gestión del bien común y de las responsabilidades que tiene otorgadas. Es quien tenía que haber defendido 1.000 millones de euros para las comunidades autónomas del fondo extraordinario y han desaparecido esos 1.000 millones de euros. Estaba más preocupado de la descalificación, el insulto… Yo creo que esos son comentarios poco gratificantes. Sé que en esto ha habido personas de todas las fuerzas políticas que han entrado en ese juego. Yo creo que es bueno que todos hagamos un esfuerzo por bajar el tono, por hacer lo que denominé hace unos días 'desescalada verbal'.

P. ¿Qué diferencia hay entre Vox y el PP?
R. Bueno, pues bastantes, a mi modo de ver, bastantes. Por poner un simple ejemplo, Vox no cree en las comunidades autónomas. No solo no cree en las comunidades autónomas, sino que además quiere que desaparezcan, suprimirlas. Además, no creen en Europa. Y si algo hemos visto en esta crisis, es que por un lado las comunidades autónomas han hecho frente de manera muy adecuada a esta crisis sanitaria. Y, por otro lado, Europa no solo es la Política Agraria Común. Esos 16.000 millones de euros del fondo extraordinario no reembolsable vienen de Europa, pero es que van a venir grandes cantidades de millones de euros de Europa para la reconstrucción económica y social de nuestro país. No creer en Europa, no creer en las comunidades autónomas. Esto es lo que nos diferencia sustancialmente de ellos. Y algo también muy importante: el Partido Popular es un partido de Estado. Es un partido de Gobierno y eso nos diferencia también respecto a quien no tiene responsabilidades de Gobierno. La palabra España no solo es un eslogan, es para ejercitarla todos los días.

P. Y respecto a Ciudadanos, que gobierna con usted en la comunidad, ¿cómo ve que pacte con el Gobierno de Pedro Sánchez?
R. Bueno, yo ahí me limito a valorar lo que es la posición de Ciudadanos con el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Estamos en un Gobierno, como decía antes, cohesionado. Estamos funcionando de manera coordinada y yo creo que, bueno, que en un determinado momento si Ciudadanos puede pactar con el Gobierno de España tampoco pasa nada.

P. En estos días hay reivindicaciones de las comunidades sobre diferentes fondos para ayuda para hacer frente a la pandemia, ¿hay discriminación entre comunidades autónomas en función de quién le otorga votos al Gobierno en el Congreso?
P. Pues… tenemos que analizarlo. Lo que sí es verdad es que yo he criticado el cambio de criterios. Una cosa es ser colaborador y leal con el Gobierno de España y otra cosa es no ser exigente y reivindicar aquello que es justo para Castilla y León. Y en una semana han cambiado los criterios que perjudican claramente. En primer lugar recortan fondos de sanidad y de servicios sociales. Y, por otro lado, se han cambiado esos criterios que perjudican a aquellas comunidades autónomas que más han sufrido la pandemia. Es una cosa sorprendente. Ese fondo estaba orientado a cubrir aquellos gastos extraordinarios que hemos tenido las comunidades autónomas en el ámbito sanitario, en el ámbito social fundamentalmente, aunque no solo, también la minoración de ingresos, y al final se restringe dinero. Y creo que el Gobierno ha generado una situación de desigualdad grave con respecto a las comunidades autónomas que hemos sufrido más la pandemia. Y de cara al futuro, yo creo que es imprescindible decir que el Gobierno tiene que afrontar también un fondo especial para afrontar el reto demográfico, porque las comunidades autónomas de la España interior somos las que más hemos perdido. Solo en Castilla y León hemos perdido 125 millones en Sanidad y en Servicios sociales. Se ha dado el cambio de criterios, más peso a la población y eso nos parece que no ha sido una decisión justa. Yo creo que ha provocado desigualdad. Podríamos hablar de otras decisiones que han provocado privilegios a algunas comunidades autónomas, como la mayor capacidad de endeudamiento respecto de otras, como la de Castilla y León.