El perdón de Dina no 'salva' a Iglesias: solo le vale si estuviera imputado

El culebrón en que se está convirtiendo la investigación de la Audiencia Nacional sobre el robo de una tarjeta de memoria del móvil de una asesora de Pablo Iglesias incluye un salvavidas que puede librar al vicepresidente de cualquier posibilidad de acabar imputado ante las sospechas del juez de instrucción de que accedió a datos personales de su ayudante y destruyó el dispositivo antes de devolvérselo: el perdón de la supuesta víctima, Dina Bousselham. No obstante, este acto de 'absolución' de la colaboradora no lo puede todo. En concreto, no le sirve a Iglesias en su actual posición, que se limita a la de haber acudido como testigo a declarar ante el juez.

Fuentes jurídicas consultadas explican que para que el perdón haga su efecto y sirva para extinguir la responsabilidad penal, esta responsabilidad tendría que existir. Es decir, no se perdona a los testigos sino a quienes estén acusados de la comisión de un delito leve. El sistema que exculparía a Iglesias está regulado en el artículo 130 del Código Penal y solo se prevé en algunos casos: las injurias y calumnias, la revelación de secretos y los daños por imprudencia grave. El caso de Bousselham y del contenido de su teléfono está relacionado con los dos últimos delitos, según ha señalado el juez instructor, Manuel García-Castellón, en distintos autos en los que atribuye a Iglesias retener los datos personales de la empleada durante meses y devolvérselos inutilizados.

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El artículo dice que el perdón "habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla". La jurisprudencia ha ido desarrollando, además, cómo debe interpretarse y ha concretado que no solo debe ser expreso sino también libre, espontáneo, firme, total, presente e incondicionado. No valdría en ningún caso si quedara demostrado que la destrucción de la tarjeta telefónica fue intencionada.

Iglesias, por el momento, ha perdido la condición de perjudicado por las supuestas maniobras del comisario Villarejo de airear sus intimidades para dañarle. El juez y también la Fiscalía han descartado que fuera víctima del policía jubilado pese a su versión de que tras el asunto se escondía una trama de las cloacas del Estado en su contra. Además, el juez de la Audiencia Nacional ve indicios en su contra y se prepara para enviar el asunto al Tribunal Supremo, el competente para investigar a personas aforadas como el número dos del Gobierno de coalición.

Los primeros en poner el perdón sobre la mesa fueron los propios fiscales. Pidieron al juez que citara a Bousselham para que "especificara de manera expresa contra qué personas físicas y/o jurídicas ejerce la acción penal, y a quién o a quiénes otorga en su caso el perdón expreso por los hechos punibles que hubieran podido cometerse, se encuentren o no formalmente investigadas". García-Castellón no accedió a esta solicitud. En lugar de declarar, Dina presentó un 'perdón' pero por escrito.

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En él, cambiaba anteriores versiones y desactivaba las sospechas principales contra Iglesias. El juez ve indicios en dos asuntos. El ahora vicepresidente tuvo en su poder la tarjeta de Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo Pérez y la retuvo sin devolvérsela durante varios meses. Además, cuando finalmente se la entregó, estaba inutilizada y parcialmente quemada. Sin embargo, Dina asegura ahora en esa declaración escrita que en realidad Iglesias le entregó el USB con los datos de su teléfono móvil "antes de que se iniciaran estas actuaciones" y de que "se conocieran los hechos que dieron lugar a las mismas" en la Audiencia Nacional, y también decía que la destrucción de la tarjeta fue posterior a esa entrega, y que cuando se la dio, funcionaba.

Su declaración ha servido para que Anticorrupción insista en que no hay nada que investigar. Dan por 'perdonado' a Iglesias ya. En un reciente informe, sostienen que existe "una inequívoca falta de voluntad de la víctima de esclarecer los hechos" en cuanto "a la forma, fecha y estado de entrega de la tarjeta telefónica por parte de Pablo Iglesias". También indican que Dina ha sembrado dudas "sobre la posible causación dolosa de daños en la tarjeta telefónica", ya que desmiente que la recibiera en mal estado. "Ni siquiera puede considerarse que los daños de la tarjeta se produjeran por imprudencia grave, que para constituir delito deberían superar, además, los 80.000 euros, y también sería renunciable la acción penal por la perjudicada".