400 asesores y funcionarios cobran sobresueldos en consejos de firmas públicas

Casi 400 asesores y altos funcionarios de la Administración General del Estado complementan sus sueldos con la asistencia a los consejos de administración de empresas públicas. Por acudir a un puñado de reuniones al año, pueden ingresar entre 6.500 y 12.000 euros, según el tamaño de la compañía. Por eso son puestos muy codiciados, utilizados por el Gobierno para premiar y complementar el sueldo de cargos de libre designación. Una vez en ellas, a menudo intentan evitar asuntos espinosos en los consejos, según fuentes conocedoras del funcionamiento.

El Confidencial ha analizado la composición de los consejos de administración a partir de la información que publican las empresas en sus páginas web. Desde las más grandes, como Enaire, Renfe o Correos, a las más pequeñas. Todas forman el sector público empresarial, unas 200 compañías controladas total o parcialmente por el Estado. No todas cumplen con la Ley de Transparencia y en algunos casos la información está obsoleta.

En sus consejos, se sientan subdirectores generales, jefes de gabinete, asesores, abogados del Estado, inspectores o interventores. También hay altos cargos (en algunos casos, presidiéndolos), pero en su caso no pueden cobrar nada por asistir a las reuniones, según establece la Ley 5/2006. Son los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado, los subsecretarios y asimilados, los secretarios generales, los delegados del Gobierno, los directores generales, los miembros de los gabinetes de la presidencia y las vicepresidencias nombrados por el Consejo de Ministros y los directores de los gabinetes de los ministros. Y, en general, "cualquier otro puesto de trabajo de la Administración General del Estado, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros". Sus retribuciones van a parar directamente al Tesoro Público.

Por acudir a un puñado de reuniones al año, pueden ingresar entre 6.500 y 12.000 euros, según el tamaño de la compañía

"Antes acudían directores generales, pero eso se cambió y van subdirectores y asesores. El resultado es que a veces, sin transparencia, estos ganan más a final de año que sus superiores", señala un directivo de una empresa pública. En la práctica, los puestos en los consejos se conciben como un complemento salarial. Pero, legalmente, pertenecer a un consejo de administración puede conllevar responsabilidad personal si hay problemas en la empresa. "Muchos miran para otro lado o no quieren saber nada cuando llegan las cuentas u operaciones delicadas", señalan las mismas fuentes.

Sentarse en el consejo de administración de una gran empresa es un símbolo de poder. No solo para quien ostenta el puesto sino para quien le coloca ahí. Ya sean empresas del Ibex 35, compañías con el 100% de capital privado, con participación institucional o 100% públicas: ser consejero/a está muy codiciado. Las puertas giratorias son algo transversal a la política española. El último ejemplo es el nombramiento de los exministros del PSOE José Blanco y José Montilla como consejeros de Enagás, cargo que también estrenará Cristóbal José Gallegos, experto en energía afín a Podemos. En el caso de las empresas públicas, los políticos no son los únicos que persiguen una silla: decenas de cargos y asesores del Gobierno y altos funcionarios de la Administración se sientan en sus consejos de administración y aumentan sus retribuciones con las dietas que acompañan al puesto de consejero.

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El consejo de administración de Aena es un buen ejemplo de esa mezcla de funcionarios y políticos. En él se sientan una subdirectora general del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, una asesora del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o un director del gabinete del secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y, además, dos políticos: Josep Antoni Duran Lleida, histórico cargo de CiU y protagonista de la política catalana en las últimas décadas, y Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona por el PSC.

¿Cuánto cobran?

Las cantidades que cobran están limitadas desde 2013 por una orden del Ministerio de Hacienda, que aprobó varias medidas para la racionalización del sector público. Desde ese año, las empresas públicas, cualquiera que sea su tipo (sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales, consorcios, etc.), están clasificadas en tres grupos según criterios como el volumen de la cifra de negocio, número de trabajadores, financiación, sector en que desarrollan su actividad y el volumen de inversión.

A cada grupo le corresponde un tamaño máximo del consejo de administración y una remuneración máxima para sus consejeros no ejecutivos. El grupo 1, al que pertenecen empresas públicas tan importantes como RTVE, Correos, Tragsa, Navantia o Ineco, tiene asignados 11.994 euros como retribución máxima anual por la asistencia a su consejo de administración. El límite del grupo 2 es de 9.425, y el del grupo 3, de 6.854. Esas cantidades se pueden incrementar en 1.520 euros si los consejeros son también miembros de la comisión de auditoría.

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre este asunto, elaborado en 2015, recomendaba que "las órdenes ministeriales en las que se fijen las cuantías máximas de las dietas para las sociedades mercantiles estatales" concretarán "de forma inequívoca, además de los importes máximos anuales de las dietas, el número máximo de reuniones que pueden dar lugar a su devengo y la cuantía máxima de la dieta por cada reunión". Las empresas tienen libertad para fijar el número de reuniones anuales. En el caso de Ineco, por ejemplo, son seis, por lo que cada consejero cobra 1.999 euros por cada reunión. Si hay más, la retribución no aumenta. La tradición hace que cuando un ministerio tiene un determinado puesto en un consejo de administración lo mantenga y lo herede otro asesor si hay cambio de ministro. Entre los asesores hay peleas por mantener estos puestos.

Ser consejero/a está muy codiciado. Las puertas giratorias son algo transversal a la política

Muchos de los consejeros lo son de empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla 15 compañías, en otras nueve tiene una participación minoritaria y participa de manera indirecta en otras 100. Una de las empresas participadas al 100% por la SEPI es EFE. Entre los 12 miembros de su consejo de administración, hay cuatro directores de comunicación de ministerios y un asesor, además de otros cuatro cargos. Al pertenecer EFE al grupo 2, cada uno de ellos puede cobrar hasta un máximo de 9.425 euros al año por asistir a las reuniones. Otra empresa controlada por la SEPI, Navantia, tiene entre sus consejeros a tres asesores, un subdirector general y un jefe de gabinete de un secretario de Estado. Todos pueden percibir hasta 11.994 euros porque la compañía pertenece al grupo 1.

Preguntada por los criterios que utiliza para el nombramiento de consejeros en sus participadas, la SEPI responde que, en el caso de sociedades cotizadas en cuyo capital participa, "la propuesta de nombramiento (...) corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo de la cotizada en los demás casos, debiendo la propuesta ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo valorando la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto".

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Consejeros de dos empresas

Es habitual que algunos consejeros estén en más de una empresa. En total, unos 80 nombres aparecen en más de un consejo de administración, según el análisis realizado por El Confidencial, y 55 cobran. Los hay que presiden una compañía y su filial, como Isabel Pardo de Vera, que es presidenta de ADIF y ADIF Alta Velocidad; o Fernando Salazar Palma, presidente de la compañía de crédito Cesce y de sus participadas CIAC e Informa. También hay representantes sindicales, como Rafael García Martínez, jefe de área de Diseño y Planificación del Sistema de Gestión en ADIF, que se sienta en los consejos de Renfe, ADIF y ADIF Alta Velocidad como secretario de Organización, Institucional y Formación del Sector Ferroviario Estatal de CCOO.

La Ley 5/2006 limita a dos el número de consejos de administración en los que puede estar un alto cargo del Gobierno, salvo que lo autorice el Consejo de Ministros. María del Carmen García Franquelo, directora general de Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, está en tres: es consejera de Renfe, Enaire y el ICO, según la información publicada por las tres instituciones.

Al ser un alto cargo, no puede cobrar. Tampoco lo hacen los altos cargos que presiden empresas públicas. Es el caso de Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España y presidente de Enaire y Sepes. O el de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y presidenta de Red.es e Incibe. Su directora de gabinete, Lucía Velasco Jones, es consejera de ambas empresas y, al no ser un alto cargo, sí puede cobrar.

Otro ejemplo de consejeros que se repiten se da en las grandes empresas, que suelen nombrar a varios de sus cargos para el órgano rector de sus filiales. Es el caso de la directora de Comunicación y Marketing de Correos, Eva Pavo, contratada en 2018 tras la llegada a la presidencia de la compañía de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. Pavo, que fue presidenta de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid antes que Pablo Casado, es también consejera en Correos Express y Naxa, dos filiales del operador de servicios postales y paquetería.