Sanidad fía a la mejora en la detección sortear un nuevo estado de alarma en verano

"Que estemos hablando de brotes y no de transmisión comunitaria implica que estamos bien". La frase podría ser de finales de febrero o principios de marzo, pero la pronunció Fernando Simón este jueves. España parece haber retrocedido cuatro meses. En una semanas ha pasado de ver como una buena noticia 500 casos diarios a considerar preocupante un puñado de positivos en un matadero, un grupo de temporeros o de turistas. El Sars-CoV-2 no se ha ido, ni siquiera se puede decir que esté controlado, pero sí contenido. Y el objetivo es mantenerlo así y no tener que dar pasos hacia atrás, al menos a nivel nacional. A nivel local o incluso autonómico, es probable que se repitan situaciones como las de Aragón. El Ministerio de Sanidad, como ha repetido Salvador Illa, no descarta recurrir de nuevo al estado de alarma, pero solo como último recurso. Confia en que la capacidad de detección de los servicios de salud autonómicos baste para matener a raya los brotes que surjan y evitar confinar de nuevo el país durante el verano.

Hasta ahora, el brote más preocupante es el de Aragón, donde cuatro comarcas han retrocedido hasta la fase 2 de la desescalada y ya se contabilizan 250 casos, el 95% de ellos asintomáticos. Sanidad ha discutido con el gobierno aragonés la posibilidad de decretar un confinamiento para esa zona, pero sin estado de alarma, no puede ser el Gobierno quien lo decida. Deben hacerlo las comunidades, en base a las leyes sanitarias vigentes (la Ley de General de Sanidad y la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública) y con autorización judicial.

Lo que sí puede hacer el Ejecutivo es coordinar esa acción, sobre todo si es necesario confinar territorios de más de una comunidad. Para ello trabaja desde el día 19 de junio en un protocolo de 'reescalada', según informó El Confidencial. Ese documento "de preparación y respuesta ante posibles incrementos de la transmisión", como lo llamó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, incluye desde acciones de preparación hasta acciones de actuación a nivel local, provincial, autonómico y nacional. Entre los indicadores que se tendrán en cuenta están el número de casos, la incidencia (casos por 100.000 habitantes), capacidades del sistema, tamaño de las poblaciones, movilidad, población vulnerable o ámbito en el que se produce el brote.

La coordinación, sobre todo cuando existan brotes que afecten a más de una comunidad, se realizará a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El problema reside en que no haya acuerdo en ese foro. "Hay que mirar situaciones en las que si no se consigue llegar a unos consensos adecuados para reducir los riesgos, que el Estado pueda tener una capacidad de reacción", dijo Simón. Eso no está definido, más allá del estado de alarma, herramienta que el Gobierno no descarta volver a utilizar, aunque lo contempla como última opción. "Ya sabemos para qué sirve, pero sinceramente no lo contemplo. Pienso que estamos haciendo las cosas bien para tener esto bajo control", dijo Illa este miércoles en el Congreso de los Diputados. La responsabilidad de mantener a raya el covid-19 recae en la capacidad de las comunidades para seguir detectando muchos casos.

El prudente optimismo de Simón descansa en los datos. No en las cifras de contagios y muertes, que en su opinión cada vez "dan menos información de interés para valorar cómo estamos en cuanto a riesgos", sino en el porcentaje de positivos que se detectan y en su naturaleza. Sanidad estima que ahora se está detectando entre el 35% y el 40% de los casos totales, cuando en lo peor de la pandemia detectaba un 10%. De todos, el 60% son asintomáticos. "Eso es muy probable que siga subiendo a medida que se hagan esfuerzos de detección alrededor de los brotes", dijo Simón, que señaló la menor capacidad de transmisión de esos casos.

En la última semana se contabilizaron 51.088 casos sospechosos, de los que el 91% fueron sometidos a una PCR. Y por cada positivo se hizo un seguimiento de cuatro contactos de media, de los que solo el 3% desarrolló síntomas. Ahora, entre la fecha de inicio de síntomas y la diagnóstico pasan uno o dos días, cuando en marzo pasaban dos semanas. "La capacidad diagnóstica es muchísimo mayor y mucho más rápida", señaló Simón. Esa es la gran diferencia con el mes de febrero y la primera semana de marzo: puede que el número de casos sea parecido, pero lo que se veía entonces era la punta del iceberg y ahora Sanidad afirma que detecta más y además más leves, con menor capacidad de transmisión.

Los problemas pueden llegar a partir del 1 de julio, cuando se prevé que el aumento en la llegada de extranjeros provoque una subida en el número de casos importados. Solo en la última semana, alrededor del 20% de los casos confirmados importados. No detectarlos a tiempo puede provocar que se conviertan en un brote. Y un brote no detectado, o detectado demasiado tarde, es un problema. "La sensibilidad del sistema es alta, no sabemos si todo lo alta que necesitamos. Habrá que verlo con el tiempo. Es difícil saber si estamos detectando todo o no. Sabemos que detectamos mucho más que hace unos meses", explicó Simón. "Una gran parte de los casos que tenemos ahora sabemos de dónde provienen y podemos identiicar sus contactos. Es cierto que se nos puede escapar alguno. Pero esperemos que no se nos escapen como se nos escapaban al principio".