El juez planea viajar a Gales para confirmar si Iglesias destruyó la tarjeta de Dina

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Dina, está estudiando viajar a Gales para acelerar la investigación sobre la destrucción de la tarjeta de memoria del teléfono de Dina Bousselham y si fue responsabilidad de Pablo Iglesias. Según fuentes jurídicas, el magistrado valora acudir en persona a la empresa a la que Bousselham encargó recuperar los archivos dañados cuando Iglesias le devolvió la tarjeta. La prueba es clave para ver si el contenido de la micro-SD fue destruido en el periodo en el que Iglesias la retuvo antes de devolverla a su dueña. El dato es determinante frente a la decisión de si procede o no mandar el caso al Supremo, competente para investigar al vicepresidente segundo, que es aforado.

En un primer paso, el magistrado ha señalado a las autoridades de Reino Unido que su solicitud es de carácter urgente. En función de si estas pueden o no atenderla con celeridad, se plantea el desplazamiento con la intención de no alargar la indeterminación sobre el caso. Uno de los extremos que quiere comprobar es si la quemadura externa que presenta el dispositivo se hizo en las instalaciones de la compañía. También quiere que le detallen los posibles motivos de su estado.

Una pequeña tarjeta de memoria parcialmente quemada es la clave del caso Dina. En 2015, alguien la robó a la entonces asesora de Iglesias. La tarjeta acabó en 'Interviú', que decidió no publicarla y el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la devolvió a Iglesias porque había documentos comprometedores para Podemos. Pero meses después, algunos de esos contenidos, como pantallazos de chats internos, aparecieron en algunos medios de comunicación. En medio, periodistas de 'Interviú' habían hecho una copia y se la entregaron al comisario Villarejo (la policía halló una copia en un 'pendrive' durante un registro en su vivienda).

Durante la investigación judicial, Iglesias declaró como perjudicado del robo, como Dina Bousselham, y armó una campaña electoral basada en que una 'cloaca policial' había robado material a Podemos para evitar que llegara al poder. Iglesias, que se personó como perjudicado en la causa en marzo de 2019, durante la campaña electoral, declaró ante el juez: "Yo creo que este procedimiento forma parte de algo mucho más grande". Admitió que revisó el contenido de la tarjeta y que tenía material sensible: "Yo examiné allí mismo en una computadora los materiales y comprobé que efectivamente se trataba de fotos íntimas, pero no de mi pareja, sino de la señora Bousenhalm. Fotografías íntimas y material que tenía en el teléfono móvil sobre trabajo, viajes...".

Sin embargo, no devolvió la tarjeta a su dueña pese a que había una investigación judicial en marcha sobre el robo, que él atribuyó al aparato del Estado. "Es muy improbable que un delincuente común sustraiga un teléfono móvil y esa información acabe en manos del dueño de un grupo de comunicación. No es algo absolutamente descartable, pero es muy improbable. Después de esa reunión, yo deduzco que el robo es un encargo profesional".

Iglesias tardó meses en devolver la tarjeta y, según declaró en Radio Nacional este viernes, lo hizo para proteger a Bousselham: "Yo recibo una de esas copias. Me la da el señor Asensio, que me dice que a lo mejor, con suerte, es la única. Cuando examino el contenido, tomo una decisión, que es no someter a Dina Bousselham a más presión. Se había dicho que tenía una relación conmigo, eso le supuso a Dina una presión enorme. Yo veo allí que había fotos suyas".

Es improbable que un delincuente sustraiga un móvil y esa información acabe en manos del dueño de un grupo de comunicación

Esa decisión de retener la tarjeta se vio agravada por una declaración de Bousselham ante el juez en la que, en varias ocasiones, indicó que la tarjeta estaba inutilizada cuando la recuperó y que no pudo acceder a los archivos. El juez García-Castellón le preguntó si no le parecía extraño que el líder de Podemos hubiese retenido el dispositivo. "Habrá que preguntárselo a él", replicó la exasesora, que ahora dirige un medio apadrinado por Podemos.

La declaración fue esencial para el cambio de rumbo del procedimiento a partir de ese momento. En un escrito, los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, solicitaron el pasado mayo que se retirara al vicepresidente la condición de perjudicado, después de considerar que no podía vincularse a Villarejo la distribución de material sensible del móvil, "ya que las diligencias practicadas habrían venido a acreditar que la propia Dina Bousselham efectuó y envió, desde su propio teléfono móvil y en posesión del mismo, capturas de pantalla como las que se publicaron en esas fechas". "Por tanto, si bien no puede descartarse su participación en dicha difusión, al contener las carpetas halladas en su domicilio esas mismas capturas de pantalla, la fuente del medio digital pudo ser otra, u otras, una vez enviadas voluntariamente esas capturas de pantalla por su autora", decía Anticorrupción.

También fueron los fiscales los que apuntaron que, a la vista del relato de Dina, Iglesias podía haber cometido delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Realizaron, tras estas conclusiones, una solicitud al juez instructor que fue el detonante del enfrentamiento entre ambos. En su opinión, se debe citar a Bousselham para que "especifique de manera expresa contra qué personas físicas y/o jurídicas ejerce la acción penal, y a quién o a quiénes otorga, en su caso, un perdón expreso por los hechos punibles que hubieran podido cometerse".

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El juez retiró la condición de perjudicado a Iglesias, pero no atendió la solicitud de citación para el perdón. Según ha ido desgranando en varios escritos posteriores, considera que si el daño sobre la tarjeta es intencionado, el perdón no exime a Iglesias de la comisión del delito. A cambio, pidió dos pruebas clave para fijar el momento y la forma en que se produjo la destrucción de la tarjeta. Requirió datos a la empresa de Gales a la que Bousselham mandó el dispositivo para intentar, sin éxito, recuperar la documentación. Su teoría es que si una compañía especializada no pudo salvar nada del contenido, es que la SD estaba absolutamente inutilizada y no solo dañada cuando se entregó a la colaboradora del de Podemos.

El giro de Dina

Tras la declaración bomba de Bousselham y una vez Anticorrupción deslizó la propuesta del perdón, Dina cambió sus afirmaciones. Indicó en un escrito, que no tiene valor expreso, que la famosa tarjeta sí funcionaba. Que pudo visionar su contenido una única vez y después ya no consiguió entrar. La Fiscalía cree que eso señala su intención de no acusar a Iglesias, pero el juez tiene sus reservas.

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Chats internos de Podemos de los meses previos a la apertura de la investigación revelados por este diario muestran una evidente sintonía de la Fiscalía con los abogados de Podemos. Según estas conversaciones, los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, dieron a los letrados orientaciones para conseguir acelerar la investigación y convencer al juez e incluso informaron de diligencias que no podían conocer porque la investigación estaba entonces secreta.

El magistrado ha pedido un informe detallado a la unidad de servicios informáticos de la Policía, pero el primer paso para obtener conclusiones es la documentación de Reino Unido. El magistrado valora incluso desplazarse allí para acelerar las pesquisas. Iglesias ha criticado la decisión del juez. "Es una decisión incomprensible y que nadie puede entender", declaró en 'RNE' sobre la decisión del magistrado de quitarle la condición de perjudicado, que ha recurrido.