El Gobierno evita acudir al Constitucional para que Torra confine Lleida por decreto

Después de tres días de vaivenes jurídicos, los vecinos de Lleida y otros seis municipios de la comarca del Segrià amanecen este miércoles confinados. El Govern intentó sacar adelante la medida el pasado domingo ante el avance del covid-19, pero horas antes de que entrara en vigor, la jueza de guardia echó por tierra las restricciones al considerar que invadían una "competencia estatal". En lugar de recurrir el auto, Quim Torra cambió de táctica y blindó el confinamiento a través de un decreto-ley, ardid que el fiscal jefe de Lleida no dudó en calificar este lunes de "ilegal". Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez descarta pedir por ahora su suspensión ante el Tribunal Constitucional: con el virus extendiéndose por Lleida, Moncloa no quiere poner en duda la legalidad de la medida.

Pasadas las tres de la mañana de este miércoles, el juzgado de instrucción número 2 de Lleida, en funciones de guardia y distinto al del domingo, ratificó el nuevo confinamiento al amparo del decreto-ley. El magistrado solo rechazó la implementación de estas medidas en Massalcoreig, el municipio menos afectado por el brote, y fijó la validez de las restricciones por una plazo de 15 días prorrogables. En ese tiempo, se prohíben las reuniones de más de 10 personas y se exige a a la Generalitat que informe semanalmente de la evolución de la pandemia. "En relación a la ratificación solicitada, hay que partir de la presunción de legalidad de los actos administrativos y, en lo que procede, de la resolución del 14 de julio, que encuentra su apoyo legal en el decreto ley 27/2020 de 13 de julio y sus anexos y la ley 18/2009, de 22 de octubre", explica el magistrado.

"Nos encontramos ante una situación de pandemia declarada oficialmente que, por tanto, permite la adopción de las medidas necesarias para su control y erradicación, medidas que pueden limitar la actividad en general, la prestación de servicios y los desplazamientos de las personas", argumenta el magistrado. "Cierto es que la situación actual es mejor que la que se vivió en los meses de marzo y abril, como también es cierto que las medidas que se pide se ratifiquen son menos restrictivas que las que se adoptaron en su día y delimitadas territorialmente", añade. En cuanto a la proporcionalidad de las mismas, el auto sostiene que cumplen este requisito porque "se procura proteger la salud y, al mismo tiempo, minimizar la afectación a las actividades económicas y el desarrollo de las actividades cotidianas de las personas".

El ardid del decreto-ley

Los problemas para Torra arrancaron el domingo, cuando el fiscal jefe de Lleida, Juan Francisco Bone, remitió un escrito al juzgado de guardia en el que se oponía al confinamiento y empujaba a Torra a "solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma" en la comarca. Horas después, la postura del Ministerio Público fue atendida por la magistrada, dejando así a los más de 160.000 vecinos en el limbo. Lejos de aceptar la resolución, el 'president' anunció la mañana del lunes la aprobación de un decreto-ley para sacar adelante las restricciones: "Hemos procurado siempre poner la salud de las personas por delante. Por eso, no estamos de acuerdo con la decisión judicial. No la aceptamos y asumo las consecuencias que se deriven de esta postura", lanzó ante las cámaras.

Preguntado sobre la legalidad de aprobar el confinamiento de esta forma, el fiscal jefe de Lleida se mostró tajante el lunes: "No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales. La norma sería de nuevo ilegal y recurrible al Constitucional". El representante del Ministerio Público apuntaba para ello al artículo 64 del Estatuto de Cataluña, que establece que el Govern no puede dictar un decreto-ley que afecte al "desarrollo directo de los derechos reconocidos por el Estatuto y por la carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña". Según defiende, el confinamiento implica restringir derechos fundamentales y en ningún caso puede sacarse adelante mediante esta figura legislativa. Otros juristas consultados por este diario mantienen la misma postura.

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Inconstitucional o no, el camino escogido por Torra le permite esquivar una batalla de recursos que se alargue en el tiempo. El confinamiento se apoya ahora en un decreto-ley que solo el Constitucional puede tumbar, a lo que se suma que unos pocos están legitimados para interponer un recurso ante esta instancia: el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados y 50 senadores o los órganos ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas. El listado, sin embargo, tiene sus matices: solo el presidente puede conseguir la congelación inmediata de un decreto-ley si lo "solicita expresamente". Por el momento, el Gobierno ha descartado esa opción pese a los avisos iniciales de la Fiscalía de Lleida, que tiene las manos atadas ante el decreto-ley y este miércoles ya sí se posicionó a favor del confinamiento.

Con esta norma como paraguas, el Govern ha logrado confinar Lleida y otros seis municipios. El juez solo ha rechazado aplicar estas restricciones en el municipio de Massalcoreig, donde hay un contagiado entre sus 580 habitantes. "La resolución es prácticamente la misma que la del domingo y tendrá una vigencia de 15 días revisables", explicó este martes la portavoz del Govern, Meritxell Budó. “La ciudadanía podrá salir a comprar, podrá salir a pasear y podrá salir a hacer deporte. Todos los comercios estarán abiertos, por lo que no podemos decir que hay un confinamiento domiciliario”, sostuvo la consejera, apuntando a que los desplazamientos personales se limitarán a una serie de actividades concretas. Frente al confinamiento del domingo, la principal diferencia es que el de ahora cuenta con el decreto-ley como apoyo.

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El lunes, la Fiscalía de Lleida elevó la voz para advertir sobre la supuesta ilegalidad de esta fórmula, pero Torra siguió adelante. Tras publicarse la norma, su futuro inmediato pasa a depender del Gobierno de Pedro Sánchez y nadie lo cuestiona por ahora. Una de las primeras en pronunciarse fue la vicepresidenta Carmen Calvo, que en una entrevista concedida este martes a RNE criticó el auto de la jueza que tumbó las restricciones el domingo y sostuvo que Torra tiene competencias para confinar Lleida. Horas después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, incidió en que no ven problema alguno en el decreto-ley, "sin perjuicio del análisis que tendrán que llevar a cabo los servicios jurídicos del Estado".

En mayo, cuando el Gobierno trabajaba en una red legal para cuando cayera el estado de alarma, la Abogacía del Estado mostró sus dudas respecto a un decreto-ley por no permitir el recorte de derechos fundamentales, pero Illa apunta ahora a que estos mismos servicios jurídicos tendrán que estudiar la fórmula de Torra. Las declaraciones llegan además en un momento en que Moncloa ha aparcado el pacto alcanzado con Ciudadanos y ERC para reformar leyes sanitarias, lo que mantiene el problema de fondo: sin el estado de alarma, las principales alternativas para decretar un confinamiento general se apoyan en leyes de 1986 sobre salud pública, cuyos límites siguen siendo motivo de discusión entre juristas.

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La situación llega a tal punto que, según defendió este lunes el fiscal de Lleida, los gobiernos autonómicos solo pueden decretar "confinamientos parciales y restringidos", como se hizo con el hotel de Tenerife al inicio de la pandemia. El problema surge ante situaciones como la de Lleida, que obligan a sacar contrarreloj un decreto-ley que multitud de juristas cuestionan. "La competencia para un confinamiento general es estatal, con intervención del Congreso a petición del presidente de la Generalidad, que luego la gestionaría", sostenía el fiscal a la hora de criticar la fórmula de Torra este lunes. Las comunidades han dado un paso al frente tras el estado de alarma, pero no cuentan con herramientas seguras para decretar grandes confinamientos.

Por ello, ante el rebrote de Hospitalet del Llobregat, el Govern pidió al juzgado de guardia de Barcelona que aprobara el confinamiento de los ciudadanos de tres barrios concretos, apostando así por esa idea de confinamiento parcial y restringido. En este caso, el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona, en funciones de guardia, ratificó las medidas de madrugada al considerar que son meras recomendaciones, pero rechazó aquellas planteadas para restringir tanto las reuniones familiares y sociales como actividades religiosas y deportivas por afectar a un derecho fundamental. Sin una red legal que sea clara a la hora de decretar confinamientos y con el estado de alarma ya caído, las autoridades se enfrentan una y otra vez a la interpretación de los jueces.

Sin embargo, Torra ha decidido presentar un recurso contra este último veto judicial. En un comunicado, Torra ha explicado que el recurso "se presentará en las próximas horas para hacer valer el decreto-ley aprobado el lunes y que habilita al Govern para impulsar las medidas anunciadas, incluida la limitación de aforos en celebraciones y reuniones en los barrios de la Torrassa, Florida y Collblanc".