Los sindicatos relevan al 'inspector solitario' en su lucha contra los títulos 'fake' de la URJC

En 2014, El Confidencial dio a conocer los títulos 'fake' que la Universidad Rey Juan Carlos estaba ofreciendo a decenas de comisarios e inspectores jefe de la Policía Nacional. El centro se embolsaba 600.000 euros al año por impartir un curso 'online' de nueve meses a estos mandos del instituto armado, que abonaban cada uno 3.000 euros por un título de graduado en criminología que en otras universidades los alumnos tardaban cuatro años en obtener. La Rey Juan Carlos argumentaba que convalidaba las asignaturas internas que cursaban los policías para ascender de categoría profesional y que al final tan solo había que hacer unas cuantas materias complementarias para obtener el grado.

La iniciativa, que había firmado el centro con la Dirección General de la Policía dos años antes, llamó la atención de un inspector de la Policía que llevaba años peleando en los tribunales por hacer cumplir la ley que exige a los comisarios contar con un título universitario para acceder a determinados puestos de la corporación, como el de jefe superior de un territorio. El curso 'online' de la Rey Juan Carlos, de hecho, venía al pelo a esas decenas de comisarios que no tenían el grado y aspiraban, por su categoría profesional, a ostentar cargos de responsabilidad. Era, por lo tanto, una atajo para que estos pudieran cumplir la normativa.

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El inspector promovió todo tipo de iniciativas administrativas y judiciales contra la decisión de la universidad madrileña de validar el grado. Tras cinco años de lucha, y al margen de sus dinámicas, el Supremo le dio la razón. La Sala de lo Contencioso Administrativo de este último tribunal dictó una sentencia que invalidaba el polémico curso 'online'. La resolución, de la que fue ponente el magistrado José Luis Requero, dejaba claro que el mencionado curso promovido por el centro "no es equivalente a una titulación media, luego es inhábil para lograr la equivalencia con una antigua licenciatura". La sentencia, que fue emitida tras el recurso de uno de esos comisarios afectados que pretendía que su título fuera declarado equivalente a una licenciatura, rompió en dos el plan trazado por la Dirección General de la Policía y la universidad.

"Tampoco puede considerarse como un título de grado (...) pese a denominarse" de ese modo, mantenía para más inri el Tribunal Supremo en una resolución que no dejaba lugar a dudas. "No cumple con la carga lectiva exigible para ser tenido como tal", subrayó la sentencia, que fue publicada como respuesta al recurso que el mencionado comisario había interpuesto contra una decisión previa del Ministerio de Educación que ya había tumbado el citado grado. En concreto, la Secretaría General de Universidades aseguró que el curso era "insuficiente a todas luces para ser considerado un título oficial del nivel universitario de diplomado".

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La ambición del comisario, por lo tanto, provocó que el tiro le saliera por la culata y le impactara no solo a él sino a todos sus compañeros de título 'fake'. La sentencia provocó que todos los sindicatos criticaran el acuerdo firmado por la Dirección General con la universidad. "Los compañeros se han sentido estafados", valoró el entonces portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosío, que calificó como un "atajo" que ahora se ha demostrado "no válido" la aprobación del polémico curso 'online'. La Agrupación Reformista de Policías calificó de "tropelía" el seminario y la Unión Federal de Policía habló de "caos" y de "problema de difícil solución". "No sé si ahora cesarán a los comisarios que no tengan la titulación o qué", se preguntaba el portavoz de este último sindicato, José María Benito, tras conocer la sentencia.

Mientras tanto, el inspector que había puesto patas arriba el cuerpo siguió a lo suyo. Solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos que ordenase la nulidad del título, como establecía la sentencia, pero el centro ni siquiera contestó al funcionario, que decidió entonces regresar a la única vía que parecía funcionar. Acudió a los juzgados de plaza de Castilla, que asignaron su escrito al Juzgado número 2 de Madrid, que admitió la queja y dio traslado a la universidad, que el pasado 29 de junio, como publicó el Boletín Oficial del Estado, emplazó a todos los comisarios e inspectores jefe que estuvieron matriculados en el curso durante sus dos años de funcionamiento (de 2013 a 2015) a personarse en el procedimiento si quieren hacerlo con el fin de defender sus intereses.

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Fue entonces cuando los mandos policiales comenzaron a personarse en la causa instruida por el Juzgado número 2. Por motivos personales, sin embargo, días después, el inspector desistió de seguir ejerciendo la acusación en el proceso, lo que abocaba el proceso judicial al archivo sin remedio. Así lo dio por hecho en una nota interna el propio Sindicato Profesional de Policía, que aglutina a la práctica totalidad de los mandos del cuerpo. Al no haber acusación, el juzgado no tenía más remedio que decretar el sobreseimiento de la causa, lo que conllevaba no entrar en el fondo de la cuestión de la nulidad del grado planteado por el citado inspector, sino simplemente dejar aparcada la tarea.

Tan solo la posibilidad de que un oficial de su mismo rango o superior o una organización sindical se personaran en la causa permitiría que esta siguiera adelante. Y así ocurrió. Días después, los sindicatos Jupol —mayoritario en el cuerpo tras arrasar en las últimas elecciones internas por su defensa férrea de la equiparación salarial— y Asociación Sindical de Policía decidieron dar el paso adelante. Según el secretario general de Jupol, Chema García, su objetivo es que la Justicia "depure responsabilidades y no exista ningún tipo de responsabilidad en el seno de la Policía Nacional".