El juez de la 'caja B' de Podemos investiga ya si Monedero cobró comisiones ilegales

El procedimiento sobre la presunta financiación ilegal de Podemos ha puesto el foco en Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido y figura destacada en las negociaciones con el PSOE para el Gobierno de coalición. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid está investigando si cobró comisiones ilegales por intermediar en la contratación de agencias de comunicación para la campaña de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019. También ha pedido las facturas de las obras de reforma de la nueva sede de la formación en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. El proyecto se tasó inicialmente en unos 600.000 euros pero su coste terminó superando los 1,4 millones de euros.

Monedero ocupó hasta abril de 2015 el cargo de secretario de Programa del partido, que en la práctica significaba ser el número tres de su organigrama. Abandonó el cargo tras descubrirse que en 2013 había recibido 425.000 euros de Venezuela a través de una sociedad instrumental para no declarar esos ingresos al tipo impositivo del IRPF. El juez Juan José Escalonilla dispone de indicios y testimonios que apuntan a que, a pesar de no ocupar un puesto en Podemos, Monedero habría formado parte en los últimos años de una estructura paralela al partido que se nutrió de contratos de la propia organización y de adjudicaciones públicas de instituciones controlados por sus dirigentes. Para el funcionamiento de esa red, contaba con la asistencia de un dirigente de su confianza llegado desde México que estaba a sueldo del partido y tenía un puesto en su departamento de Compras.

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El colaborador de Pablo Iglesias habría utilizado parte de ese dinero para abonar la sanción que presuntamente le impuso la Agencia Tributaria por el cobro de los 425.000 euros a través de una mercantil. Según manifestó él mismo, dedicó ese dinero a financiar las emisiones de La Tuerka, un programa copresentado por el actual vicepresidente segundo del Gobierno que actuó como lanzadera mediática de Podemos. Se da la circunstancia de que, el pasado julio, Monedero fue nombrado director de la Fundación Instituto 25-M, el 'think tank' del partido.

Por lo pronto, en un auto del pasado 30 de julio, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez solicitó al Registro Mercantil Central “que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre” el antiguo alto cargo de Podemos. La gestión sería un primer paso para rastrear los ingresos que ha obtenido en los últimos años, según han revelado fuentes próximas a las pesquisas. Con todo, Monedero no está citado a declarar como investigado, al contrario que su amigo Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y director de Estrategia y Comunicación de la vicepresidencia de Iglesias. También tendrán que declarar como imputados la gerente del partido, Rocío Val, y el tesorero, Daniel de Frutos.

Entre las empresas que integrarían esa trama presuntamente relacionada con Monedero se encontrarían Neurona Consulting y ABD Europa LDA, dos de los principales proveedores de servicios de comunicación de Podemos en las generales del 28-A. El exsecretario de Programa mantiene una intensa relación profesional con el principal accionista de Neurona, el mexicano César Hernández. Esa agencia de consultoría está en el foco de varias investigaciones en Latinoamérica por haberse llevado supuestamente de forma irregular varios contratos de gobiernos alineados con el chavismo.

Neurona Consulting

Podemos concedió a la filial en España de Neurona Consulting un encargo de 363.000 euros en abril de 2019, a pesar de que la sociedad había sido creada solo un mes antes utilizando un administrador provisional. El Tribunal de Cuentas ha descubierto que el contrato para esos trabajos no se firmó hasta mayo de ese año y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) alertó hace semanas de que el grueso del dinero abonado por Podemos salió automáticamente rumbo a México, como adelantó El Mundo. Neurona Consulting también hizo la campaña para las elecciones municipales de Jesús Santos, candidato de Podemos en Alcorcón y de la máxima confianza de Monedero. Asimismo, ayudó a la candidata del partido en las elecciones a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, pareja precisamente del investigado Juanma del Olmo.

Según los autos, en poder de El Confidencial, el juez cita como investigado al único administrador de Neurona Consulting en España, Elías Castejón, un abogado de Carmona (Sevilla) sin relación con Podemos que prestó su identidad para la constitución de la sociedad y dimitió del cargo hace meses. La mercantil carece en la actualidad de representante conocido.

Por su parte, ABD Europa LDA habría realizado funciones similares de consultoría y comunicación para gobiernos bolivarianos. Sobre esta empresa, el magistrado ha pedido a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla que compruebe si cinco supuestos trabajadores suyos con residencia en Brasil entraron en territorio nacional en los primeros meses de 2019, para comprobar si efectivamente prestaron algún servicio.

Este diario intentó este martes en repetidas ocasiones recabar la versión de Monedero, pero fue imposible contactar con él. El pasado diciembre, tras las primeras informaciones que le vinculaban con Neurona, negó formar parte de esa sociedad. "Nunca he formado parte de la dirección de Neurona ni de ninguna consultora", declaró entonces. "Pertenezco al consejo asesor de muchas revistas, me llaman de mil consultoras de aquí y de fuera para pedirme opinión en estudios. Eso en la academia se llama tener reputación. Y algunos quieren presentarlo como algo sospechoso".

El juez también ha ordenado diligencias para investigar las obras de reforma del nuevo cuartel general de Podemos ante la sospecha de que esos trabajos habrían servido para desviar fondos de la asignación pública que percibe la organización para financiar su funcionamiento. Teóricamente, la cúpula puso en marcha un concurso para elegir a las empresas más baratas para convertir una antigua nave industrial en sus oficinas, pero en la práctica se habría saltado ese proceso interno de control para adjudicar los trabajos de manera discrecional, provocando que el coste inicial de 600.000 euros se disparara por encima de los 1,4 millones de euros. El instructor reclama el contrato que firmó Podemos con el arquitecto Manuel Campos García, un fiel militante de Podemos que se encargó de redactar el “Proyecto de Ejecución de Reforma y Acondicionamiento de Edificio con Cambio de Uso a Dotacional”. También cita a este profesional como testigo.

Asimismo, el titular del Juzgado número pide a seis de las mercantiles que participaron en las obras (Rozas-Castilla S.L., Euroal S.L.U., Enviroline S.L., Hispan Clima S.L., Drin Seguridad S.L. y Bosa Montaje y Ascensores S.L.) que presenten las facturas emitidas a Podemos y cita a sus respectivos administradores para que testifiquen. Por su parte, reclama a la formación los contratos de servicios que suscribió con todas esas compañías.