El Gobierno prepara una reforma de la sedición que deja el 1-O en 4 años de cárcel

El Gobierno baraja un notable descenso de la pena por sedición aplicable a los políticos presos por el 'procés'. Fuentes conocedoras de la reforma precisan a El Confidencial que la idea que maneja el Ejecutivo es la de introducir un subtipo en la actual redacción del delito en que se atenuarán las condenas previstas para el caso de que el alzamiento no fuera violento sino destinado a la celebración de un referéndum pacífico.

La pena prevista para el caso concreto del 1-O rondaría así los cuatro años. La reforma mantendría la actual redacción para los casos más graves, que impliquen el uso de armas: de ocho a 10 años para los principales autores y de 10 a 15 años, si los acusados fueran personas constituidas en autoridad.

La reforma de la sedición transcurrirá de forma paralela a la tramitación de los indultos, como anunció este miércoles el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso de los Diputados. Mantiene así abiertas las dos vías, consciente de que la tramitación de ambas se prolongará varios meses. En el primero de los casos, la idea es recurrir al procedimiento de aprobación más simplificado: la lectura única, que supone concentrar en un único debate el examen parlamentario de una iniciativa. En el segundo, la previsión es remitir al Supremo las peticiones de gracia para Oriol Junqueras y el resto de políticos presos en los próximos días. El tribunal que les sentenció informará así al respecto.

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Agencias

Es en el tribunal del 'procés' donde ambas iniciativas se enfrentan a su escollo más importante. El alto tribunal impuso al de Esquerra una pena de 13 años de prisión por sedición en concurso medial con la malversación. Respecto a esta última, la sentencia del 'procés' asegura que tanto Junqueras como otros tres de los acusados (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) llevaron a cabo una "consciente y voluntaria desviación de destino de fondos" para sufragar publicidad institucional del referéndum, organizar la administración electoral, confeccionar el registro de catalanes en el exterior, comprar material electoral, pagar a observadores internacionales e implementar aplicaciones informáticas.

El gasto fue "ajeno a cualquier fin público lícito" y se repartió entre los departamentos que dirigían los cuatro condenados. Entre ellos, el de Vicepresidencia y Economía, que se encontraba bajo el mando de Junqueras. Y superó los 250.000 euros, pasando de este modo a ser una malversación de tipo agravado. Por ello, una reforma que implique exclusivamente el delito de sedición no libraría al exvicepresidente del Govern del otro delito por el que ha sido condenado en concurso medial con el primero —la malversación—, y provocaría que su pena se recortara, sí, pero no que desapareciera.

El indulto también plantea problemas

El indulto también plantea problemas. Tras el anuncio de Campo, el Ministerio de Justicia aclaró que la tramitación completa se alargará más de seis meses. Especificó que una vez superado el atasco provocado por la pandemia, a lo largo de la semana que viene se dará trámite a estas solicitudes de gracia y se reclamarán los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía. Un informe en contra del Supremo genera dificultades para la concesión, que se complican con el anuncio del PP de que recurrirá si se concede en estas condiciones.

El recurso quedaría en manos de la Sala de lo Contencioso, que ya ha anulado varios indultos, cinco en total. El caso más reciente, de 2018, rechazó la gracia parcial a una mujer condenada a seis meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre, condenado en su día a 21 meses de prisión por malos tratos. En 2013, se anuló el concedido por el Gobierno de Zapatero al exvicepresidente del Banco Santander Alfredo Sáenz. Ha habido otros casos, aunque quizás el más conocido sea la anulación de la gracia al conocido como 'kamizake de Valencia', que se anuló por falta de argumentación.

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Paloma Esteban

El Gobierno ha empezado a desplegar todas las vías posibles para que los presos condenados por el proceso independentista salgan de la cárcel y cumplir así una de las condiciones impuestas por ERC y JxCAT para apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, ninguna de las dos vías, la de la reforma del Código Penal y la de los indultos, satisface plenamente a los partidos independentistas, que lo que piden es una ley de amnistía que, a su vez, el Gobierno no ve posible, tal y como les ha transmitido, entre otros, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consultó hace meses a diferentes juristas, incluidos magistrados cercanos al Consejo General del Poder Judicial, sobre las diferentes vías. Los consultados se inclinaban por la vía de los indultos que, no obstante, tiene el inconveniente de que es preciso recabar informes (no vinculantes) del tribunal sentenciador (el Tribunal Supremo) y de la Fiscalía, y exige unos seis meses a contar desde el inicio del trámite. De esas consultas, surgieron dudas sobre la eficacia de la reforma retroactiva del Código Penal.

El Ministerio de Justicia explica que se ha seguido el orden estricto de llegada de las peticiones y, por tanto, la petición de indulto para los independentistas ha seguido su cauce sin preferencias. Y, además, se ha visto afectada por el parón por la pandemia.

Este miércoles, Campo anunció lo que debía ser una obligación legal ('ope legis') que, además, tiene un plazo de un año para iniciar el procedimiento. Es decir, según esta versión, sería un anuncio de una obligación legal, pero en el contexto actual de negociación con los Presupuestos, no deja de ser un gesto hacia ERC y JxCAT, que tienen la salida de los presos como objetivo político preferente. El ministro lo dijo en respuesta a Laura Borràs, de JxCAT, y marca el terreno en el que se mueve el Gobierno.

De hecho, Pablo Casado, líder del PP, se lanzó inmediatamente a anunciar que su partido recurrirá los indultos si se producen. Anticipó ese recurso a pesar de que ni siquiera se sabe si tendrá informe favorable del Tribunal Supremo y la Fiscalía. Si lo tuviera, ¿lo recurrirá también?

La otra vía, la de la reforma del Código Penal, aplicada con efecto retroactivo, está prácticamente terminada en el Ministerio de Justicia, a la espera de la decisión de la Moncloa. El presidente del Gobierno debe dar el visto bueno para la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley, para someterlo a informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

Posteriormente, iniciaría el trámite en el Congreso y en el Senado. En este caso, el tiempo necesario puede llegar a tres o cuatro meses, a los que habría que sumar luego la petición al Tribunal Supremo para aplicar retroactivamente una reforma que favorece a los condenados. Sería necesario un trámite de petición de informe a las partes, incluida la Fiscalía. Es decir, tampoco bajaría de seis meses.