El caos institucional fuerza a la Policía a ocuparse de los inmigrantes en cuarentena

La descoordinación entre las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía y los ministerios de Inclusión y del Interior del Gobierno central han dejado a la Policía Nacional a los pies de los caballos. Los agentes se están ocupando de una serie de tareas de traslado y vigilancia de inmigrantes que deberían estar en cuarentena. Todo a pesar de que no están preparados para custodiar a personas que no están detenidas y que han de cumplir un protocolo sanitario. Además, se quejan, esta función añadida a sus labores habituales está generando problemas en las plantillas y detrayendo efectivos de sus obligaciones.

El problema se extiende a la Región de Murcia y a Baleares, que junto a Andalucía son las comunidades autónomas que más inmigrantes reciben en sus costas. Los policías de estos territorios destinados a tareas de seguridad ciudadana y de extranjería están al límite de sus capacidades. Y sus jefes también. La decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de modificar el protocolo de actuación para con los inmigrantes que llegan a España en patera y han estado en contacto con algún contagiado por coronavirus ha provocado que en la práctica las fuerzas de seguridad sustituyan gran parte de la labor que hacían las ONG. En concreto, la de referente a los traslados y custodias de estas personas que tienen que estar en cuarentena. Los agentes consultados explican que no es competencia de la Policía Nacional atender estas funciones, que entienden que deberían estar a cargo del Gobierno o de las comunidades autónomas.

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Así lo ven también desde el Sindicato Profesional de Policía. Fuentes de esta organización, que engloba a la mayor parte de mandos del instituto armado, aseguran desconocer el mencionado protocolo y se limitan a señalar que no es competencia suya realizar estas tareas, pues los inmigrantes que llegan a España no pueden ser considerados detenidos. La función policial, añaden, se debe limitar, como siempre ha ocurrido, a realizar las actividades administrativas durante las primeras 72 horas que los recién llegados pasan en el país. Sin embargo, protestan, "nos piden que les traslademos a veces a 300 kilómetros de distancia". "No tenemos los medios ni los recursos porque estamos preparados para llevar detenidos", afirman desde el SPP, que critica además que estos requerimientos detraen efectivos de otros trabajos policiales.

Explican que si hay un positivo en una patera, automáticamente las autoridades sanitarias confinan a toda la patera. "Los centros luego los mantienen separados por pateras y necesitan muchos policías también para vigilar", añaden las mismas fuentes, que consideran que las comunidades autónomas "deberían aportar los mecanismos adecuados". "Las ONG no quieren hacerlo porque entonces su personal asume un riesgo, solo se hacen cargo cuando han pasado los 14 días de la cuarentena y se ve que están limpios de covid", agregan desde el SPP, que ofrece una visión similar a la que arroja el Ministerio del Interior.

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Desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska defienden que a los policías nacionales les corresponde la custodia durante "las primeras 72 horas de reseña". Tan solo "en algunos casos", se limitan a señalar, los agentes han "colaborado con las comunidades autónomas en la vigilancia exterior de cuarentenas". Niegan por lo tanto que haya agentes en estas tareas, extremo que contradicen las fuentes consultadas en el SPP, que apuntan a que es un fenómeno creciente. "Hay cientos de policías que están ahora mismo desempeñando esta actividad", sostienen los funcionarios del sindicato de mandos de la corporación.

La responsabilidad sobre la labor que desempeñan los agentes, por lo tanto, parece diluirse. Tampoco la asume el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que publicó un protocolo el pasado julio que establecía que las personas que hubieran tenido un contacto "estrecho" con un positivo por covid-19 debían guardar cuarentena. Desde el departamento dirigido por José Luis Escrivá derivan la patata caliente. El coronavirus, explican a El Confidencial, que el coronavirus "es un tema sanitario y no migratorio". "Las comunidades autónomas están ejerciendo sus competencias sanitarias en lo relativo a las pruebas y a la derivación de personas contagiadas o con contactos estrechos a sus centros de cuarentena", sostienen.

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"En caso de que una autoridad sanitaria en concreto crea necesaria la custodia policial de un espacio de acogida para asegurar que las personas la cumplen (...), dicha autoridad sanitaria es la que establece esta custodia policial", sentencian desde el Ministerio de Inclusión, que deriva desde este modo la responsabilidad a la Junta de Andalucía. Desde la Consejería de Salud del Gobierno regional, sin embargo, tampoco consideran que sean ellos los encargados de ordenar a los policías traslados o custodias. "Nosotros hemos puesto a disposición del ministerio nuestros centros para que las personas que lleguen puedan hacer la cuarentena en el caso de que sea necesario", aseguran. "Nosotros ejercemos nuestras competencias y atendemos a todos los enfermos que requieran atención sanitaria y/u hospitalaria, pero no tenemos competencias ni en el traslado ni en la custodia", afirman.

"Esos centros están atendidos por las oenegés que tienen convenio con el ministerio; en el caso de Andalucía, por Cruz Roja", añaden desde la Junta. Las organizaciones no gubernamentales, por su parte, se limitan a señalar que ellas cumplen con su cometido de siempre y no entran en la polémica. "No hemos dejado de hacer las labores que hacíamos hasta ahora, seguimos haciendo la acogida cuando los traen a estos centros que dependen del Ministerio de Inclusión", explican desde Cruz Roja. En la misma línea se expresan desde Accem, que aseguran estar haciendo lo mismo que hacían antes, incluso los traslados.

En este contexto, El Confidencial ha tenido acceso a una providencia del magistrado Jerónimo García San Martín, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Algeciras, en la que el pasado 20 de septiembre aclaraba que la decisión de determinar qué fuerzas de seguridad se encargan del traslado de personas sospechosas de contagio tiene un "carácter eminentemente gubernativo que, en su caso, habría de proveerse en consonancia a la urgencia que ha sido puesta de manifiesto en las resoluciones administrativas".