Sánchez respalda al vicepresidente y confía en el Supremo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, según fuentes del Ejecutivo. Pese a la decisión del juez Manuel García-Castellón de elevar al Tribunal Supremo exposición razonada para proceder contra Iglesias por los delitos de daños informáticos, descubrimiento de secretos —con agravante de género— y denuncia falsa o simulación de delito, el Gobierno de coalición con la actual composición se mantendrá.

El propio Sánchez lo ha explicado a los periodistas en charla informal antes de viajar a Argelia, según informa EFE. Y María Jesús Montero, ministra portavoz y de Hacienda, ha asegurado en el Senado que respaldan a Iglesias, sin más detalle.

TE PUEDE INTERESAR

UP "no da crédito" a que se pida investigar a Iglesias y el PSOE muestra su "respeto"

J. Bocanegra

El Gobierno explica que básicamente ya se conocían los hechos contenidos en ese sumario y eso no habría afectado a la relación entre Sánchez e Iglesias. Es más, ambos ya han tenido ocasión de hablar de este asunto en sus distintas fases procesales, sin que haya sido motivo de ruptura del acuerdo de investidura. Este miércoles han vuelto a hablar, según explicó Sánchez.

La salida forzada de Iglesias pondría fin no solo al Gobierno sino a la legislatura, algo que no está dispuesto a permitir Sánchez. Y más ahora, cuando tiene muy cerca el acuerdo sobre un Presupuesto que recibe fondos europeos suficientes para evitar recortes sociales. De alguna forma, el futuro de Sánchez está ligado al de Iglesias.

Moncloa recuerda que un juez ya elevó una exposición razonada contra Pablo Casado por su máster y el líder del PP no dimitió por eso.

Iglesias ahora carece de margen de maniobra, y eso es bueno para Sánchez y su voluntad de mantener el Gobierno de coalición. Ahora, además, Unidas Podemos ha aparcado sus reticencias hacia esas cuentas y está a punto de cerrar un documento que servirá de base para la negociación de los Presupuestos. De hecho, está previsto que la próxima semana el presidente y su vicepresidente comparezcan juntos en un acto para firmar ese acuerdo. Fuentes del Gobierno aseguran que se mantiene ese acto, entre otras cosas, porque evitarlo ahora daría imagen de debilidad tras la decisión del juez.

Esa imagen de unidad ya se ha querido trasladar este miércoles en el acto de la Moncloa que ha incluido la intervención pública de Iglesias, entre Carmen Calvo y Nadia Calviño. No obstante, la decisión del juez obviamente incomoda al Gobierno, porque no la esperaban y por su inoportunidad al conocerse justo en el momento en que se presentaba el plan económico para los próximos años, la gran apuesta de Sánchez. Esas fuentes explican que el Gobierno confía en el Tribunal Supremo, que siempre ha tenido un criterio restrictivo al decidir si abre causas contra aforados.

Incomoda también a la parte socialista del Gobierno que la decisión del juez abra una campaña contra la Justicia desde la parte de Unidas Podemos, porque supondría añadir una nueva grieta a las muchas crisis institucionales que se han unido en España. Además de situar de nuevo la Fiscalía ante la tesitura de tener que implicarse en este procedimiento.

E incomoda porque opaca la agenda política prevista por la Moncloa, que pasaba por la gestión de los fondos europeos, la aprobación de los Presupuestos, el impulso de una agenda legislativa que empuje al PP hacia su derecha y el foco centrado en la comisión de investigación de la operación Kitchen, que se abrirá en breve en el Congreso y que busca desgastar al principal partido de la oposición.

Por supuesto, sería mucho más incómodo si el Tribunal Supremo admitiera abrir un procedimiento y pidiera el suplicatorio para proceder contra Pablo Iglesias. El PSOE tendría que votarlo en el pleno y su posición ha sido siempre la de tramitar todos casi de forma automática.

Sobre el contenido del escrito del juez, el Gobierno, que en público se refugia en el “respeto a las decisiones judiciales”, explica en privado que es dudosa la argumentación que hace el juez sobre “la voluntad exculpatoria” de Dina Bousselham, pese a las declaraciones contradictorias; sobre la acusación de denuncia falsa basada en las declaraciones de un exasesor jurídico de Podemos, y sobre la supuesta destrucción de la tarjeta.