Asociaciones de jueces se niegan a hablar con Justicia hasta que retire la reforma del CGPJ

La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial va en aumento. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), dos de las organizaciones que mayor número de jueces agrupan, han anunciado este viernes que no volverán a reunirse con el ministerio de Justicia hasta que no retire su reforma del Consejo General del Poder Judicial. "No podemos hablar de planes de choque o proyectos de reforma con quien justifica, promueve y apoya un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ataca de plano a la independencia judicial y nos sitúa fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes", han anunciado de forma conjunta.

La crítica llega después de que el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel, les convocara para una serie de reuniones por videoconferencia los próximos 19, 20 y 27 de octubre. Lejos de aceptar la invitación, tanto la APM como la AJFV han explicado que, "en cumplimiento de uno de nuestros principales fines que es defender la independencia judicial", no acudirán "a las reuniones convocadas ni a las reuniones que ulteriormente se organicen por el ministerio de Justicia para los próximos días en la medida en la que se mantenga el proyecto de ley presentado en las Cortes Generales sobre reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ". Tras días de polémica por el plan del Gobierno, las asociaciones han elevado el tono.

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La reforma que prevé aprobar el Gobierno para forzar la renovación del CGPJ ya está en marcha y, si sale adelante, impondrá un mayor dominio del Ejecutivo sobre el órgano de gobierno de los jueces por un periodo de cinco años. En la actualidad, los 20 vocales que componen el CGPJ dependen de la votación de las cámaras parlamentarias y son propuestos por los partidos políticos, que imponen una libre designación respecto a los juristas —ocho— y eligen a los jueces —12— del total de candidaturas presentadas de forma oficial, o bien por las asociaciones judiciales o bien con avales de sus compañeros de carrera. Después, los elegidos por tres quintos del Congreso y el Senado, mitad y mitad, votan al presidente, que asume también el mando del Tribunal Supremo.

La reforma del Gobierno pasa por cambiar esa exigencia de que todos ellos tengan que ser elegidos por tres quintos de las cámaras, requisito que les obligaba a pactar con el PP para poder renovar un CGPJ que lleva en funciones desde hace más de dos años. El plan del PSOE y Unidas Podemos rebaja la mayoría necesaria para elegir a 12 de los 20 miembros, si es que no hay acuerdo para mayoría cualificada en una primera votación, mientras que para los otros ocho miembros se mantendría en tres quintos. La proposición prevé entonces que se pueda constituir solo con 12 vocales elegidos, lo que dejaría el órgano de gobierno de los jueces en manos del Gobierno siempre que logre una mayoría en las cámaras.

Para justificar esta reforma, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se escudó este miércoles en que los cambios permitirán que el CGPJ deje de ser "rehén" del bloqueo político. “Defender la Constitución es cumplirla, y es una responsabilidad de los grupos parlamentarios. No hay acuerdo y no podemos parar el reloj de la democracia. El patriota es el que aplica la Constitución. La situación de rehenes que sufren los vocales del actual órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato ha expirado hace dos años, requiere buscar válvulas”, sostuvo el ministro en el Club de Encuentro Manuel Broseta de València. Sus argumentos, sin embargo, no han convencido a las principales asociaciones de jueces, que ahora le dan la espalda hasta que se retire la reforma.