El Gobierno tendrá que regular por ley la vacunación para hacerla obligatoria

La legislación actual es insuficiente y la más reciente protege el derecho del paciente a decidir. Bajo esta premisa, fuentes jurídicas consultadas coinciden en señalar que el Gobierno tendrá que regular por ley ese deber si considera esencial obligar a la población a vacunarse contra el covid-19, ya sea mediante el desarrollo de la legislación sanitaria en vigor o mediante una ley independiente que así lo establezca. El marco del estado de alarma no bastaría para imponer una intromisión de este calibre en la esfera más íntima de cada persona. En España, la vacunación no es obligatoria.

La situación que se plantea ante el futuro desembarco de la vacuna contra el coronavirus provoca de nuevo una colisión entre derechos particulares y colectivos en un escenario en que sea necesario imponer el tratamiento preventivo. Son dos los textos legales que se contradicen en este punto. Por una parte, está la ya familiar ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que establece que las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar distintas medidas entre ellas de "tratamiento" o "control" en los casos en los que exista un peligro para la salud de la población. Por otra, la ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, que establece que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que haya valorado sus opciones.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno aprobará el martes la estrategia de vacunación y un paquete de ayudas a la hostelería

El Confidencial Europa Press

El primero de ellos se ha empleado de forma continua en los últimos meses para imponer medidas de control del contagio. Ha sido el armazón sobre el que se han apoyado las autonomías para regular confinamientos perimetrales o restricciones en el derecho de reunión, siempre con el necesario aval de los Tribunales Superiores de Justicia. Su brevedad —solo tiene cuatro artículos— y falta de concisión han dado lugar a distintas interpretaciones. Además de esta norma existen otras anteriores, derivadas de la sanitaria del 44, que prevén obligación en casos muy concretos como la viruela o la difteria.

La segunda de las leyes se ha interpretado recientemente por los tribunales con argumentos que refuerzan la idea de que será necesario un blindaje legislativo claro si el Ejecutivo desea eliminar lagunas e interpretaciones contrarias a la obligación. En un auto de la pasada semana, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo denegó a los servicios de salud la autorización para el tratamiento médico forzoso a un anciano contagiado por covid. Considera que la ley de la autonomía del paciente exigía un consentimiento que en su caso no se había producido.

"La voluntad del paciente"

En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez indicaba que no podía "obligar al paciente a someterse a tratamiento por vía intravenosa". "Toda vez que en este sentido habrá de respetarse la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y el art. 52 de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud; debiendo para ello mediar el consentimiento libre y voluntariamente emitido al respecto", recalcaba. Añadía que sin constar un informe médico que acredite que el paciente tenga mermadas las facultades cognitivas o existieran factores que le impidieran decidir libremente sobre aspectos médicos referentes a su salud, "ha de ser la voluntad del paciente lo que deba tenerse en cuenta".

Las fuentes consultadas insisten así en que la regulación por ley es la única vía para salvar estos escollos y consideran que esta obligación cumpliría los parámetros constitucionales en la actual situación. Desde el terreno político ya ha habido voces a favor de una norma expresa. La propuesta formulada por el presidente Alberto Núñez Feijóo va por este camino e implica establecer el "sometimiento a la vacunación" entre la población gallega. En el conjunto del Estado, el 57% de los ciudadanos manifiesta dudas sobre la posibilidad de administrarse una vacuna cuando esté disponible.

Desde el Gobierno, Fernando Simón recordó recientemente que ninguna vacuna es obligatoria en España y confió en la "responsabilidad de los ciudadanos" para solucionar la crisis sanitaria. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en que los expertos no son partidarios de una vacunación obligatoria contra el coronavirus porque esa estrategia no ha dado "resultados óptimos en otros países europeos". Se apoya, además, en la buena tradición de vacunación existente en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este mismo viernes que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la estrategia de vacunación contra covid-19, con la previsión de que "una parte muy sustancial de la población española se vacune, con todas las garantías, en el primer semestre de 2021". Con este anuncio, Sánchez ha asegurado que España será "el primer país de la Unión Europea junto a Alemania" en tener un plan completo de vacunación contra el covid-19. "Hemos estado trabajando desde septiembre en este plan, que será aprobado el próximo martes en Consejo de Ministros. Estamos preparados. Nuestras previsiones son que, en casi cualquier escenario, una parte muy sustancial de la población podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021", ha señalado.