El PP contraataca en la comisión Kitchen y pedirá que comparezcan Robles y Delgado

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La comisión de investigación sobre la operación Kitchen —la trama sobre el supuesto espionaje que llevó a cabo el Ministerio del Interior del PP contra Luis Bárcenas para sustraerle información comprometida a través del uso de fondos reservados— quedó constituida este martes en el Congreso con la elección de los miembros de la Mesa que ordenará los trabajos. PSOE y Unidas Podemos tienen la mayoría (tres puestos frente a los dos del PP), lo que supone de facto el control del calendario y de los comparecientes que asistirán. Los populares, sin embargo, insisten en que “no permitirán que se convierta en una caza de brujas” contra su formación, y preparan un elenco propio de peticiones en el que pretenden incluir a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

El pleno del Congreso aprobó el pasado octubre la creación de esta comisión a la que solo se opuso el PP, insistiendo en que la responsabilidad de la Cámara es “controlar al Gobierno y no a la oposición” y recordando que los hechos que se pretenden investigar afectan al Ejecutivo de otra legislatura en el que, además, no estaba el actual líder del PP. Pero en vista de que la comisión sale adelante, el partido de Casado pasará al contraataque para evitar que todo el contenido se centre en su formación.

El grupo popular tiene claro que José Manuel Villarejo tiene que acudir como pieza esencial de todo el caso. Y, a partir de ahí, continúan, otras personas del PSOE “que deben explicar los orígenes” del comisario. “Que al PSOE no se le olvide quién creó a Villarejo”, apuntan.

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Uno de los objetivos es la actual ministra de Defensa por su etapa como secretaria de Estado de Interior entre 1994 y 1996 bajo el mando de Juan Alberto Belloch. Entienden que todas las operaciones relacionadas con el comisario parten de ese punto temporal. Incluso el propio Villarejo aseguró en una entrevista en ‘Salvados’, el programa de La Sexta, que Robles le “dio la orden para hacer el informe contra Baltasar Garzón” (en referencia al llamado informe Veritas).

La intención del PP también pasa por que comparezca la fiscal general del Estado, a la que se ha vinculado estrechamente con el polémico comisario, que se encuentra en prisión desde noviembre de 2017. Cuando en 2018 Delgado todavía ocupaba la cartera de Justicia, la publicación de varios audios en los que charlaba con Villarejo la pusieron en la diana. Ciudadanos y Podemos pidieron insistentemente su dimisión. El comisario, además, se refirió a ella como “muy amiga mía”.

A la espera de saber si finalmente el PSOE se unirá al partido morado en la petición de que acuda como compareciente Mariano Rajoy (los socialistas descartarían en principio exigir la presencia de Casado, tal y como publicó este diario), el PP tiene claro que moverá ficha y no permitirá que la comisión sirva como saco de boxeo para los partidos del Gobierno y el resto de la oposición. En todo caso, socialistas y Unidas Podemos tienen la sartén por el mango y podrían oponerse a las comparecencias que pida el PP. La formación de Casado asegura que sería muy difícil de explicar ante la opinión pública que solo permitieran las intervenciones de las personas elegidas por los grupos del Ejecutivo.

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Por otro lado, el PP quiere solicitar que los trabajos no arranquen oficialmente hasta después de las elecciones catalanas. Entienden que el calendario y el listado de las personas a las que llamarán podrían estar listos en las próximas semanas (si finalmente se habilita el mes de enero esta comisión y otras funcionarían ese mes en el que normalmente queda suspendida la actividad parlamentaria), pero se proponen convencer a los grupos de que las comparecencias no comiencen hasta después del 14 de febrero, ya que el contenido podría interferir en la campaña.

Alegarán, precisamente, que en vísperas de un periodo electoral no puede tener lugar una comisión de investigación de este tipo. Para el PP la campaña de las catalanas es fundamental y los partidos a su izquierda y derecha preparan toda la artillería pesada. Los trabajos podrían durar al menos tres meses.

Finalmente, la constitución de la Mesa ha dejado como presidenta a la socialista Isaura Leal (que también preside la comisión de Justicia del Congreso desde febrero), mientras que los vicepresidentes elegidos han sido el secretario general del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago; y el portavoz adjunto del PP, Carlos Rojas. Las secretarías recaen en la socialista Andrea Fernández y la popular Ana Vázquez.