OHL gana el primer pulso a la CAM por el tren de Navalcarnero: no deberá pagar 355 M

La Comunidad de Madrid acaba de perder otra batalla en la guerra que libra contra OHL por la suspensión de las obras de la polémica línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero, investigada en el caso Lezo por un supuesto fraude en la licitación. La compañía del Grupo Villar Mir se adjudicó en 2007 la ejecución de la infraestructura y su gestión durante los siguientes 20 años por un importe de 396,6 millones de euros, pero los trabajos fueron paralizados en 2010 por discrepancias contractuales.

La suspensión de las obras provocó un cruce de reclamaciones entre comunidad y OHL para exigir una compensación a la otra parte. En julio de 2017, el Gobierno que entonces presidía Cristina Cifuentes dio un nuevo paso al ordenar la resolución del contrato por incumplimiento culpable de Cemonasa, la filial de OHL que se llevó el concurso. Además, en octubre de 2018, el Ejecutivo regional reclamó a la empresa el pago de 355 millones de euros por haber paralizado el proyecto, una cifra casi idéntica a los 370 millones que el grupo de Juan Miguel Villar Mir solicita en los tribunales a la Administración autonómica por la supuesta cancelación de los compromisos adquiridos.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha situado ahora en una clara posición de ventaja a OHL, representada por el despacho Business & Law. Según una resolución de este órgano dictada el pasado 21 de diciembre y a la que ha tenido acceso El Confidencial, sus magistrados consideran que las órdenes de la Comunidad de Madrid por las que resolvió unilateralmente su contrato con OHL y exigió el pago a la constructora de una compensación de 355 millones deben ser declaradas nulas porque, en ese momento, un juez de lo Mercantil ya había aprobado el inicio de la fase de liquidación del concurso de acreedores de Cemonasa, un acto que implica necesariamente la resolución de los contratos que mantenga en ese momento la sociedad.

Eso es lo que habría ocurrido, según el TSJM, con el contrato de OHL con la Comunidad de Madrid. Cuando el Ejecutivo de Cifuentes tomó la iniciativa, ya era tarde. La sala impone el pago de las costas a la Administración regional.

En lo que tiene que ver con la resolución del contrato, la sentencia no implica, por tanto, ninguna consecuencia práctica. Pero, en la parte económica, el dictamen cierra la última iniciativa que tenía en marcha la Administración madrileña para reclamar a la filial del Grupo Villar Mir el pago de una indemnización por la paralización del proyecto, uno de los más ambiciosos y caros de todos los que anunció Esperanza Aguirre durante su mandato.

Por contra, sigue adelante la reclamación de OHL contra la Comunidad de Madrid por importe de 370 millones de euros por los daños y perjuicios que, según su criterio, le generó el supuesto incumplimiento del acuerdo de licitación por parte del Ejecutivo de Aguirre, lo que en último término habría desencadenado la detención de los trabajos. Este otro litigio también se dirime por la vía de lo contencioso y solo está pendiente de que se conozca la sentencia.

En paralelo a estas iniciativas, la Audiencia Nacional ha investigado durante los últimos tres años la presunta adjudicación fraudulenta a OHL de esta línea de Cercanías en el marco del caso Lezo sobre la presunta corrupción de los gobiernos madrileños del PP. El procedimiento ha llegado ya a la fase de vista oral. La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado diciembre su petición de penas. Para el expresidente Ignacio González, reclama cuatro años de cárcel por un presunto delito de tráfico de influencias en concurso con otro de cohecho, al considerar acreditado que recibió parte de una supuesta comisión de 2,5 millones de euros pagada por OHL a una cuenta en Suiza. El Ministerio Público también pide por esos hechos una pena de seis años de prisión para el empresario y consejero de OHL Javier López Madrid, al atribuirle los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil.