Santander reclama 7,4 M al empresario de la Gürtel que amañó la visita del Papa

Los problemas se suceden para el empresario leonés José Luis Martínez Parra, implicado tanto en la trama Gürtel como en la Púnica y condenado por la Audiencia Nacional hace dos meses a 11 años de cárcel en el marco de la primera. El Banco Santander sigue adelante con el procedimiento de ejecución hipotecaria que hace ya más de un lustro inició el Banco Popular contra el constructor y ha instado ante el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid la subasta judicial de varios locales comerciales de Inversiones del Noroeste, propiedad de Martínez Parra, para intentar saldar una deuda del empresario de casi 7,5 millones de euros.

Con la compra del Banco Popular, el Santander heredó también sus pasivos, así como los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados por la entidad. Este es uno de ellos. En concreto, el juzgado subasta dos lotes. El primero de ellos está compuesto por un local comercial con una superficie de 1.431 metros, ubicado plena zona 'prime' de la capital, en la calle Serrano. En concreto, en los números 41,43 y 45. A efectos de subasta, el valor de este activo asciende a 6,5 millones de euros. El segundo lote está conformado por un garaje situado en el sótano del edificio con una superficie de 821 metros cuadrados. En este caso, el valor del bien a efectos de la subasta es de un millón de euros. Ambas propiedades, según la certificación de cargas, fueron adquiridas en julio de 1988.

El propio empresario explicaba en noviembre de 2017 a El Confidencial que se trataba de una ejecución de hipoteca "normal". "No puedo pagar la deuda y el banco lógicamente pide una ejecución hipotecaria", dijo, detallando que Banco Popular comenzó la reclamación en 2012.

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No es la única deuda de Martínez Parra con la banca, puesto que, como ya contó El Confidencial, debería aproximadamente otros 7,5 millones de euros a Caja España Duero. Esta última entidad, sin embargo, y a diferencia del Banco Popular, no inició el procedimiento de ejecución hipotecaria contra el empresario para intentar recuperar su dinero, según el Registro Mercantil.

Además, en diciembre de 2018, el Banco Santander inició otro procedimiento de ejecución hipotecaria contra varios activos del empresario en Ponferrada, con el objetivo de cobrar una deuda de 1,5 millones de euros. Aquella subasta quedó desierta, al igual que la que siguió, unos meses después, de una nave industrial en Cambre, A Coruña, con la que la entidad de Ana Botín pretendía saldar una deuda de casi medio millón de euros.

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Martínez Parra fue consejero delegado de Inversiones del Noroeste desde 2007 hasta 2011, el mismo periodo en el que su padre —José Martínez Núñez— ostentó la presidencia de la mercantil. En 2011, cuando la Audiencia Nacional se encontraba en plena instrucción del caso Gürtel, ambos abandonaron su vinculación con la sociedad, que pasó a manos de Isabel Martínez Parra, hermana de José Luis e hija de José Martínez Núñez, quien montó un entramado de mercantiles ligadas al sector inmobiliario como Construcciones Martínez Núñez, Teconsa, Catisa y Hormigones La Estrella, entre otras.

La Audiencia Nacional condenó a José Luis Martínez Parra a 11 años y siete meses de prisión el pasado noviembre en el marco de la causa que abrió el tribunal contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por la visita del papa Benedicto XVI a la capital del Turia en 2006, que finalmente dejó al margen al que fuera jefe del Ejecutivo autonómico. En la misma sentencia, la Audiencia Nacional condenó al exdirigente del PP gallego Pablo Crespo a otros 15 años de cárcel, a Francisco Correa a 13 años y a Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes', a casi siete años más. Los tres últimos estaban ya condenados en el contexto de otras piezas separadas del mismo asunto, con lo que las nuevas penas se sumaron a las que ya tenían.

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La resolución consideró probado que el director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno, también condenado a casi siete años de cárcel, adjudicó directamente a Teconsa, de la que Martínez Parra era vicepresidente, el contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para cubrir la visita del Papa con la finalidad de "enriquecer ilícitamente" a esta sociedad a través del pago de un sobrecoste de 3,2 millones de euros que el ente público abonó. El contrato, según la sentencia, se firmó por un precio excesivo gracias a la colaboración de empleados públicos de RTVV y se dotó de "apariencia de legalidad". El dinero que cobró Teconsa, prosiguió el fallo, fue canalizado hacia diferentes beneficiarios por medio de un entramado de facturas ficticias.

La Audiencia Nacional concluyó que los acusados participaron en una "ficción" al servicio del fraude y sostuvo que Correa, Crespo, Pérez y García Gimeno se concertaron para contratar a Teconsa y consiguieron que la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que organizaba la visita, firmara un convenio con RTVV en el que se cargó el mencionado sobrecoste de una contratación que no le correspondía. Según la sala, ese acuerdo fue claramente ilegal, porque primero se definió la adjudicación y después se confeccionó el expediente de contratación por un importe de 7,4 millones de euros, una cantidad muy superior al coste de los trabajos que se llevaron a cabo, que la sentencia estimó en 3,2 millones de euros con base en las pruebas que aportaron las acusaciones en la vista oral.