La Audiencia de Madrid absuelve a Cifuentes por el caso máster

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Cristina Cifuentes por el llamado caso máster. La Fiscalía pedía tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña al considerarla "inductora" de la falsificación del acta con la que trató de acreditar sus estudios de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), pero el tribunal, con el magistrado Luis Carlos Pelluz como ponente, ha echado por tierra esta acusación: "De lo actuado no ha resultado probada ninguna intervención de la citada", sostiene la sentencia. Como destapó El Confidencial, de las tres firmas que contenía el acta, dos de ellas fueron falsificadas poco después de que estallara la polémica en torno a su máster el 21 de marzo de 2018.

Pese a la absolución de Cifuentes, el tribunal ha condenado a las otras dos acusadas: la entonces directora del máster, Cecilia Rosado, y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. La primera reconoció ser la autora de la falsificación y colaboró con la investigación, por lo que se le impone una pena de un año y seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial con el atenuante de confesión. A Feito se le considera a su vez "inductora" de este delito y, al no haber colaborado en la investigación de los hechos, la Audiencia Provincial de Madrid le condena a tres años de prisión.

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"Ni Cecilia Rosado ni María Teresa Feito han señalado haber mantenido contacto alguno con la Sra. Cifuentes, tampoco con su oficina o gabinete", explica la sentencia respecto a la absolución de la expresidenta madrileña. "Sin obviar el interés de esta en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión. El hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió del rector no es más que un indicio no corroborado por otros".

El tribunal contradice así el relato de la Fiscalía, pero al mismo tiempo reconoce las irregularidades en los estudios de posgrado de Cifuentes: "En cuanto al desarrollo de su actividad como alumna, ha revelado un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de posgrado", destaca. "Ha reconocido que nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor, que hacía trabajos que entregaba a Álvarez Conde [el director del Instituto de Derecho Público fallecido en abril de 2019] y que (...) entregó el TFM de manera informal, en la URJC, ante dos o tres personas".

También incide en que el máster de 2012 "estuvo plagado de irregularidades", para lo que recuerda cómo se modificaron asignaturas en las que aparecía como "no presentada" de su expediente, entre ellas la del propio TFM: "Amalia Calonge [funcionaria de la URJC] accedió al sistema informático, primero en el año 2014 y, a pesar de que no tenía competencia para hacerlo, modificó no solo la nota obtenida en la asignatura del profesor Chico", explica. "Entrando de nuevo en el sistema en 2016, modificó la nota del trabajo de fin de máster". Con estos cambios, Cifuentes pasó a tener un notable en ambas asignaturas.

Pero como subraya la sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid no juzgaba el modo en que la expresidenta madrileña obtuvo su máster, sino el acta que se falsificó para intentar acreditar el mismo después de que 'elDiario.es' informara sobre irregularidades en el mismo: "Las sospechas legítimas que pudieran existir no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes Cuenta", defiende el tribunal. Apoyándose en este razonamiento, la conclusión es clara: "Ni consta la presión inductora, ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito".

De la defensa a las acusaciones

El 5 de febrero, en la última sesión del juicio, el abogado de la exdirigente madrileña, José Antonio Choclán, se desentendió de la fabricación del acta y descargó toda responsabilidad sobre la propia universidad: "Ya han hecho valer las pruebas que tienen frente a la señora Cifuentes, y yo creo que el tribunal, experimentado, cómo no, podrá apreciar la debilidad, fragilidad y el voluntarismo a la hora de sostener indebidamente una acusación". "El rector es quien pone en circulación el acta. El acta adquire trascendencia en el tráfico jurídico porque es él quien la pone en circulación. Y la pone en circulación a pesar de las dudas de autenticidad".

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La fiscal Pilar Santos, por su parte, situó a Cifuentes como cerebro de esta maniobra: "Demasiadas irregularidades que curiosamente beneficiaban siempre a los mismos alumnos", criticó. "La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionase una solución". La idea que expuso ante el tribunal fue tajante: "La presión se ejerció en su nombre". "Utilizó un documento oficial que sabía que no respondía a la realidad. Lo dirigió a miles de ciudadanos". Pero la Audiencia Provincial de Madrid ha descartado esta tesis ante la falta de pruebas.

Para justificar su sentencia, el tribunal subraya además la "referencia metafórica" lanzada por la fiscal de que Cifuentes "no se manchó las manos". Según explica, la jurisprudencia contempla la posibilidad de condenar por un delito de falsedad documental a la persona que "no ha sido quien materialmente confeccióno el documento", pero el Supremo ya ha desarrollado en anteriores ocasiones los requisitos que deben cumplirse para ello: "Siempre que conste la intervención del acusado en el previo concierto para llevar la misma o haya dispuesto del 'dominio funcional del hecho', bastando el concierto y reparto previo de papeles para la realización, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente como quien se aprovecha de la acción, con tal que ostente o tenga el condominio del hecho".

Feito, la "inductora" del delito

El tribunal concuye que Cifuentes no tuvo "condominio" en la falsificación del acta, pero esta conclusión no se extiende a la entonces asesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, que antes había sido profesora de inglés en la URJC. "Es responsable en concepto de inductora", señala el tribunal. "Su participación queda probada por la actuación relevante, tanto en la necesidad de cerrar el acta, a sabiendas de que esta no existía, como en la presión ejercida sobre Cecilia Rosado, lo que resulta no solo de la declaración de esta, que constituye prueba directa, sino del conjunto de llamadas efectuadas, hasta 15 en una tarde, que sin duda tenían como finalidad la creación del documento mendaz, pues no se pueden atribuir las llamadas a una relación previa entre ambas, que no existía, y que una vez enviada el acta, cesaron tales llamadas".

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A esto se suma su presencia en el rectorado de la URJC el 21 de marzo de 2018, cuando altos cargos de la universidad discutían las informaciones sobre irregularidades en el máster de la expresidenta madrileña: "Estuvo presente en todo momento, y fue la persona que indicó la fecha que debía constar en el acta", explica la sentencia. "Cecilia Rosado ha reconocido expresamente, y de forma veraz y convincente, que fue requerida reiteradamente por Álvarez Conde y por María Teresa Feito para confeccionar el acta y, ante el temor de posibles consecuencias negativas para su trabajo, lo hizo".