En el anonimato por denunciar el maltrato animal: la paradoja del 'caso Vivotecnia'

El caso de Vivotecnia, compañía acusada de maltrato animal, ha sacado a la luz la falta de garantías que tienen aquellos empleados que se atreven a alzar la voz contra su propia empresa. Este escándalo se destapó gracias a las imágenes grabadas por una extrabajadora que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias. La única manera que encontró para denunciar los hechos sin desvelar su identidad fue acudir a la ONG Cruelty Free International (CFI), que ya ha puesto el caso en manos de la Justicia.

En empresas medianas como Vivotecnia, que cuenta con 177 empleados, es complicado denunciar cualquier mala práctica de forma anónima. Aun así, esta extrabajadora se atrevió a advertir a sus superiores sobre el maltrato al que eran sometidos los animales durante los procesos de experimentación. No obstante, el abogado del caso, Carlos Contreras, asegura a este medio que es imposible que los directivos conozcan su identidad porque "no era la única persona que lo denunciaba directamente a sus jefes". También confirma que, por el momento, "no ha sufrido ningún tipo de amenaza".

Ante la falta de protección de los empleados que revelan las malas prácticas de sus empresas, el Parlamento Europeo aprobó en abril de 2019 una directiva que obliga a crear cauces internos de denuncia que garanticen la seguridad de los trabajadores. Pero como las compañías tienen hasta el 17 de diciembre de 2021 para adaptarse a esta normativa, la exempleada de Vivotecnia, que estuvo trabajando en el laboratorio entre 2018 y 2020, no tuvo la posibilidad de utilizar esta vía.

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Desde Bruselas se creó esta directiva para alertar sobre una serie de delitos concretos, como el blanqueo de capitales y otras irregularidades financieras. Sin embargo, aunque no sea su principal finalidad, no exime que exista un canal de denuncias que abarque otro tipo de malas prácticas, como el maltrato animal.

Por otro lado, no todas las firmas del 'Viejo Continente' tienen que atenerse a esta normativa comunitaria. Solo es de obligado cumplimiento para las entidades públicas, los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, las empresas de más de 50 trabajadores y las compañías que facturen más de 10 millones de euros al año, independientemente del número de su plantilla.

Por las características del tejido empresarial español, con una presencia de las pymes superior al 90%, hay alrededor de 1,5 millones de compañías que no están obligadas a seguir la directa europea al contar con una plantilla de entre 1 y 49 trabajadores (con la excepción de aquellas que facturen más de 10 millones anuales). No es este el caso de Vivotecnia, que aunque solo ingresó 7,3 millones en 2019, tiene 177 empleados. Por lo tanto, si todavía no dispone de un canal interno de denuncias, deberá tenerlo listo antes de que finalice el año.

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Ahora bien, contar con un canal de denuncia interno no tiene por qué mantener en secreto la identidad del denunciante, ya que la empresa puede elegir que sea confidencial o anónimo. Como explica el socio y director de Canal Denuncias, César Martín, "la diferencia es que en el confidencial, aunque se debe proteger la identidad del denunciante, este se tiene que identificar, mientras que en el anónimo no se conoce quién es".

Martín reconoce que el anonimato ayuda a que se realicen más denuncias "porque el alertador se siente más protegido", pero advierte que puede llegar a ser contraproducente, ya que "generan mucha más incertidumbre por falsas acusaciones". Por este motivo, aboga por una tercera vía: la anomización. Se trata de un híbrido entre los dos modelos por el que el denunciante se identifica ante un gestor externo que luego pasa la información a la compañía de forma anónima. "El gestor del canal sí conoce quién es el denunciante, pero la compañía no", aclara este experto.

Un canal de denuncia interno no tiene porqué mantener en secreto la identidad, ya que puede ser confidencial o anónimo

Si el empleado considera que el canal que ofrece su empresa no es seguro o directamente no existe, tiene abierta una segunda vía: acudir a la Justicia. El problema es que en este caso no se puede mantener el anonimato, ya que cualquier denuncia debe presentarse con nombres y apellidos. Frente a esta situación, la extrabajadora de Vivotecnia prefirió apoyarse en Cruelty Free International para que efectuase todas las gestiones legales y así mantenerse alejada del foco mediático. La tercera opción sería acudir a la prensa, como también hizo la ONG al filtrar las imágenes del maltrato animal al diario británico 'The Guardian'.

En cualquier caso, el anonimato es una condición indispensable para evitar que cualquier denunciante pueda verse envuelto en tramas tan mediáticas como la del 'caso Snowden' o la 'lista Falciani', salvando las evidentes distancias con el escándalo de Vivotecnia. En la primera, el estadounidense Edward Snowden, excolaborador de la CIA, obtuvo asilo político en Rusia tras revelar el espionaje global a que se dedica Estados Unidos. En la segunda, el italo-francés Hervé Falciani, desveló información sobre más de 130.000 cuentas de extranjeros en la filial suiza de HSBC y fue perseguido por la justicia del país centroeuropeo.

Otros métodos de denuncia

Más allá del caso Vivotecnia y la directiva europea, el ordenamiento jurídico español ya contemplaba en el Real Decreto 11/2018 la obligatoriedad de implantar canales de denuncia en determinadas entidades (bancos, empresas de transacción de divisas, casinos de juegos y gestores de fondos de prisiones, entre otras), para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuenta con un buzón confidencial para los actuales empleados y extrabajadores de las empresas que supervisa el propio organismo. Se trata de un canal de denuncia anónimo, por vía telefónica, postal o a través de su página web, cuyo objetivo es evitar represalias y dar garantías de seguridad a los denunciantes. En 2019, recibió un total de 638 'chivatazos', aunque ninguna de ellos conllevó la apertura de un expediente sancionador, según figura en su último informe anual.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha puesto en marcha una línea para que los consumidores o empresas alerten sobre situaciones en las que han visto vulnerados sus derechos o que constatan "malas prácticas" que van en contra de la libre competencia. El organismo asegura que cualquiera de los canales habilitados (página web, teléfono móvil y correo electrónico) garantiza la protección de la identidad del comunicante.

Por último, para asuntos relacionados con los derechos de los empleados, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo las inspecciones de trabajo. Eso sí, en este caso no se tramitarán denuncias anónimas, tal y como se recoge en el artículo 20.5 de la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No obstante, los funcionarios están obligados a no revelar la identidad de los denunciantes a las empresas que son objeto de la investigación.