El TC aclarará su doctrina sobre los juramentos atípicos de los diputados
En una providencia, el tribunal de garantías considera que los recursos presentados pueden dar ocasión para aclarar o cambiar su doctrina
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite por unanimidad los recursos de amparo que presentaron tanto Vox como el PP y Cayetana Álvaro de Toledo contra los acuerdos de las presidentas del Congreso y Senado que dieron validez a las distintas fórmulas de juramento o promesa del cargo de los diputados y senadores que tomaron posesión para la actual legislatura. En una providencia, el tribunal de garantías considera que los recursos presentados pueden dar ocasión para aclarar o cambiar su doctrina "como consecuencia del surgimiento de nuevas realidades sociales" y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.
Los actos de juramento del escaño llevados a cabo por muchos de los nuevos diputados abrieron la polémica ante las fórmulas escogidas para jurar o prometer la Constitución como es obligatorio. Por ejemplo, los parlamentarios de ERC utilizaron la fórmula "por imperativo legal". "Por la libertad de los presos políticos catalanes, por el retorno de los exiliados, hasta la constitución de la república catalana, por imperativo legal, sí prometo", dijo Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, la exconsejera de Trabajo de la Generalitat condenada a 12 años de cárcel en la sentencia del 'procés'.
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Los diputados de JxCAT, con su portavoz Laura Borràs a la cabeza prometieron "con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, por imperativo legal". "Por imperativo legal prometo, en lealtad primera y última a nuestro pueblo", han dicho por su parte los diputados de la CUP Albert Botran y Mireia Vehí, cuya formación tiene por vez primera representantes en el Congreso.
Por "lealtad al mandato democrático del 1 de octubre", "por imperativo legal", "hastala creación de la república vasca"...
También los diputados de Bildu prometieron "por imperativo legal hasta la creación de la república vasca", menos la representante por Navarra, que lo ha hecho "por imperativo legal, hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre". En lugar de remitirse al simple "sí, juro" o "sí, prometo", a la hora de la ronda de juramentos o promesas para acatar la carta magna, se volvió a escuchar el ya clásico "por imperativo legal" de los nacionalistas vascos y los independentistas de ERC, JxCAT, Bildu y ahora también la CUP, promesas "por la democracia y los derechos sociales" por parte de los diputados de Unidas Podemos, y un "por España" por parte de los representantes de Vox.
[Consulte la providencia del Constitucional]
La polémica no es nueva: hace 30 años, el Tribunal Constitucional ya dictaminó que no hay problema en añadir frases al juramento siempre y cuando el acatamiento sea claro. La sentencia de 1990 analiza precisamente una de las coletillas que nacionalistas e independentistas siguen utilizando a día de hoy al jurar la Constitución —"por imperativo legal"— y, lejos de dar la razón a Félix Pons, los magistrados echaron por tierra su decisión al considerar que "la expresión añadida no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa", poniendo así punto final al 'sí, juro' y 'sí, prometo' como únicas opciones.
El tribunal, con Francisco Tomás y Valiente como presidente, entró además en el fondo del asunto a la hora de razonar su decisión: "En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata".
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Mientras el juramento no deje lugar a dudas, el Constitucional defendía, por tanto —al menos hasta el momento—, que se pueden añadir frases al mismo, incluso cuando estas tengan una connotación política. Esta última idea queda clara en la parte final de la sentencia, en la que se subraya que "los diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito", por lo que están en su derecho de "afirmar públicamente que solo por imperativo legal acatan la Constitución". Pese a ello, tras la variedad de fórmulas empleadas en la primera legislatura de 2019, el tribunal de garantías volverá a analizar la validez de los juramentos atípicos, esta vez a petición de PP y Ciudadanos.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite por unanimidad los recursos de amparo que presentaron tanto Vox como el PP y Cayetana Álvaro de Toledo contra los acuerdos de las presidentas del Congreso y Senado que dieron validez a las distintas fórmulas de juramento o promesa del cargo de los diputados y senadores que tomaron posesión para la actual legislatura. En una providencia, el tribunal de garantías considera que los recursos presentados pueden dar ocasión para aclarar o cambiar su doctrina "como consecuencia del surgimiento de nuevas realidades sociales" y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.