La Justicia europea avisa a Llarena de errores de traducción en su consulta sobre el ‘procés’

La consulta que el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, ha trasladado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contiene errores de traducción. En un auto del 16 de abril al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado del Supremo recoge un aviso del TJUE sobre varios fallos en las frases que él mismo traduce del neerlandés y, tras comprobar que el tribunal de Luxemburgo está en lo cierto, acuerda "rectificar y aclarar" las mismas.

Después de que Bélgica rechazara entregar a uno de los reclamados por el 'procés', Lluís Puig, el juez del Supremo preguntó al TJUE sobre el alcance de las posibilidades de emisión y sobre los motivos de denegación de una orden de detención europea (ODE). Cuando reciba respuesta, decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puig, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, pero antes se ha visto obligado a corregir su propia consulta.

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"En el día de hoy se ha recibido (...) comunicación procedente de la Administración de Asuntos españoles de la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", explica el auto de Llarena del 16 de abril. "La comunicación da cuenta de que la Unidad de Traducción neerlandesa, al tener acceso a la versión original (en lengua neerlandesa) de la resolución que denegó la entrega de Luis Puig Gordi en primera instancia, consideró la posibilidad de que existiera un error".

Según explica el auto, la Unidad de Traducción advirtió tres errores en la consulta, dos de ellos por una frase que se repite tanto en la página seis como en la 22: "Donde dice 'Artículo 14 de la Ley de procesamiento penal belga', debería decir 'Artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal' (española)". El tercero se encuentra en la página 18: "Donde dice 'si el Estado de emisión se confiere a sí mismo la facultad de fiscalizar la competencia del órgano de emisión para dictar la ODE', entienden que debería decir 'si el Estado de ejecución se confiere a sí mismo la facultad de fiscalizar la competencia del órgano de emisión para dictar la ODE".

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Una vez confirmado que la traducción no era correcta y apoyándose en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —"posibilidad que tienen los tribunales de rectificar cualquier error material y aclarar los conceptos oscuros que puedan apreciarse en las resoluciones emitidas"—, Llarena acuerda "rectificar y aclarar" su consulta. En total, cinco correcciones, todas ellas por el mencionado artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) y por la confusión entre "emisión" y "ejecución".

Las dos más relevantes se incluyen en los fundamentos jurídicos, donde el razonamiento inicial de Llarena pasaba por que "el único elemento" del Derecho español que Bélgica ha tenido en cuenta es el "artículo 71 de la Constitución”. "De esta escueta mención al contenido del artículo 71.3 de la Constitución española no cabe deducir las conclusiones del órgano de ejecución", argumentaba. Tras el aviso del TJUE, ahora apunta a que Bélgica también ha valorado el artículo 14 de la LEC en su dictamen.

El 'procés' y las traducciones

En junio de 2018, Carles Puigdemont demandó a Llarena en Bélgica. La maniobra no tardó en generar polémica, pero la situación alcanzó un nuevo nivel en agosto, cuando se supo que el 'expresident' había cambiado el sentido de declaraciones del juez en la versión francesa de su escrito. En concreto, las palabras que había pronunciado ante los medios tras un acto privado celebrado en Oviedo, un cambio que el equipo de defensa de Puigdemont achacó a "un error de traducción".

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En la transcripción en castellano, Llarena aseguraba que en la causa del 'procés' nadie era investigado por motivos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

En este textual, el magistrado incidía en la presunción de inocencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de acusados por rebelión y sedición. No obstante, en la traducción al francés, que sería la leída por el juez belga, las palabras de Llarena sugerían que les consideraba sin ninguna duda culpables. Traducida al castellano, venía a decir que "con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados".

Pero este no es el único embrollo que se ha vivido en la causa del 'procés' por las traducciones de un país a otro. En octubre de 2019, cuando Llarena emitió una nueva orden europea de arresto contra Puigdemont, la Fiscalía de Bruselas explicó que solo la habían recibico en español. Según explicó su portavoz, el análisis de la petición quedaba así paralizada durante alrededor de una semana, tiempo que tardaría en llegar la documentación en uno de los tres idiomas oficiales del Estado belga o en inglés.