"Tu hijo ha muerto y no hay nada que hacer": la odisea de una madre en busca de justicia

Lucía J. B. tomó una decisión nada más cumplir los 48: ser madre. Al no tener pareja, optó por trasladarse a una clínica especializada y someterse a una fecundación in vitro. "Me quedé embarazada a la primera", recuerda con un tono aún ilusionante. La gestación la supervisaron inicialmente en el Clínico de Madrid, donde detectaron una pequeña obstrucción intestinal al pequeño.

"La atresia duodenal a veces la tienen los niños con síndrome de Down, pero no era el caso y tan solo implicaba que después del parto los pediatras tuvieran que someter al bebé a una pequeña intervención muy rutinaria", explica la propia Lucía, que se fue sometiendo a todos los controles ginecológicos en el mismo Clínico hasta que le recomendaron que "el mejor sitio" para dar a luz en sus circunstancias era el hospital de La Paz. "Estuve con varios pediatras y todo iba bien hasta que el viernes 10 de febrero de 2017 rompí aguas", rememora.

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Ingresó entonces en la planta donde tenía que parir. "Me pusieron medicación para quitarme las contracciones y que el niño engordara un poco más", relata. "El miércoles 15 me hicieron una ecografía", añade Lucía, que asegura que en ese momento su hijo pesaba 2,5 kilos. Pero "la placenta" estaba mal. "Tenían que haberme metido en quirófano inmediatamente, pero no lo hicieron; ni siquiera me monitorizaron", se queja la paciente cuatro años después. En ese momento fue tranquilizada por el personal sanitario. "Me dijeron que el parto sería el lunes y que ahí estarían los pediatras y todo", cuenta.

El sábado 18 de febrero, sin embargo, todo el plan se truncó. "A las 10.30 horas mi hijo tenía latido", sostiene la mujer, que se quedó en la cama tumbada hasta las 14 horas, cuando decidió ir al baño. "En ese momento, vi que la sábana estaba llena de sangre", recuerda. "Entonces llegó la matrona, me palpó, dijo que el útero estaba muy duro y se fue", recapitula con la tensión propia de quien vuelve a revivir la misma escena, como si estuviera pasando en este momento. "Durante las tres horas siguientes no vino la matrona ni una sola vez a pesar de que yo no paraba de llamarla", protesta enérgica Lucía, que a las 17 horas decidió tomar cartas en el asunto. "Ya no aguanto más", se dijo a sí misma antes de salir con decisión al pasillo.

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Entonces llegó la matrona, que examinó a la paciente y concluyó con rotundidad. "Tu hijo ha muerto y no hay nada que hacer", repite dos veces Lucía para insistir en la frase pronunciada por la especialista, que se le quedó clavada para siempre. "Pedí que me sedaran", añade aún incrédula de haber vivido en primera persona aquella pesadilla Lucía, que incluso tras aquella mala noticia tuvo que esperar hasta las 21 horas para que la pasaran a quirófano. "Llegó por fin el médico de urgencias y me dijo que me iba a provocar el parto", rememora. "Pero hasta las nueve de la mañana del día siguiente no di a luz", agrega la mujer, que recuerda que pidió un sacerdote para que bautizara a su hijo y le sostuvo durante media hora en sus brazos.

Lucía todavía se queja de cómo la "echaron" de La Paz al día siguiente. "Me sentaron en una silla de ruedas, me pusieron un montón de lexatines en la mano y me dijeron que tenía que dejar la habitación libre", asegura la paciente, que se fue a su casa a descansar unos días antes de coger fuerzas para acudir a los juzgados de plaza de Castilla a interponer una denuncia por la vía penal contra el personal que la atendió. La demanda no llegó a buen puerto. Su abogado, Manuel Castellanos, de MCP Gabinete Jurídico, recuerda hoy que el perito que elaboró el informe que abocó el caso al archivo admitió en sede judicial que "conocía personalmente" a los responsables de la unidad de ginecología de La Paz. "A pesar de esta relación, no se abstuvo", se queja el letrado, quien incluso con la mochila de esta contradicción decidió acudir a la vía contencioso administrativa.

La sanidad pública condenada

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó el pasado 22 de febrero (cuatro años después de los hechos) a la Comunidad de Madrid y a la aseguradora Sham a indemnizar con 50.000 euros a la mujer. La sala entiende que la mencionada cifra representa "una cantidad razonable" que trata de suplir el daño moral sufrido por la paciente, cuyo bebé nació muerto tras "la pasividad" de los responsables de la unidad de ginecología del centro, como sostiene la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, que deja claro los efectivos sanitarios no hicieron todo lo que estaba en sus manos por sacar adelante el parto.

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"No se emplearon todos los medios disponibles proporcionados por el estado de la ciencia para diagnosticar la complicación y tratarla adecuadamente, lo que sitúa el caso en el marco de la pérdida de la oportunidad", argumenta la resolución, que se coloca así del lado de una de las peritas presentadas por la víctima en el proceso judicial. La sala describe que, cuando la mujer ingresó en el hospital el 11 de febrero de 2017, los "tonos fetales" eran correctos, pero que el 18 de febrero la paciente comenzó a sangrar. A pesar de esta señal de alerta, subraya la sentencia, no es hasta las 17.35 horas cuando la atienden y se dan cuenta de que no había actividad en el bebé. Los profesionales sanitarios deberían haber monitorizado las contracciones uterinas de la paciente y la frecuencia cardíaca del feto, sostiene la resolución, que lanza un fuerte varapalo a los responsables de la unidad de ginecología del hospital madrileño.

"Durante las tres horas (desde que comenzó a sangrar hasta que los médicos confirmaron la muerte del niño), la asistencia sanitaria no se ajustó a la 'lex artis' por la ausencia de comprobación del estado de bienestar fetal y por la falta de alerta a los ginecólogos ante el hallazgo de líquido sanguinolento", valora la sala, que entiende que la atención ofrecida por el personal sanitario fue manifiestamente mejorable. "La asistencia dispensada no parece haber sido excelente en todo momento, ya que existían factores de riesgo y no se entiende la razón de no haberse hecho registros cardiotocográficos en ese periodo", resume la sala.

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"Aunque los tonos fetales eran positivos a las 10.30 horas, consideramos más que razonable que la matrona o enfermera deben poner en conocimiento del ginecólogo de guardia cualquier desviación del proceso normal, como se hizo por ejemplo el 14 de febrero, cuando se avisó al médico de guardia por líquido amarillento", argumenta el tribunal. "Puesto que las matronas están capacitadas para poner la monitorización hasta la llegada del ginecólogo, no nos explicamos la actitud pasiva observada entre las 14.30 y las 17.35 horas", añade. "Pese a haber observado líquido sanguinolento a las 14.30 horas, no se realizó ningún tipo de prueba complementaria para investigarlo y comprobar el estado fetal, y hasta las 17 horas no se avisó a los ginecólogos", resume el alto tribunal, cuya resolución valora muy positivamente Castellanos.

"La sentencia ha sido un éxito jurídico, pues la justicia al final da la razón a la madre tras años de piedras en el camino, primero por el rancio corporativismo de muchos médicos que intervinieron en el proceso y luego por la desigual lucha de una ciudadana frente a toda una administración con su compañía de seguros que al final ni siquiera recurren el fallo, lo que confirma la razón que asistía a la perjudicada”, explica el letrado, cuya visión suaviza ligeramente la afectada.

"El dinero de la indemnización me lo estoy gastando en psicólogos, porque no he parado de recibir tratamiento", confiesa Lucía, que se siente en la obligación de superar de una vez el trauma por su hija Oliva. Tras lo sucedido, la mujer volvió a quedarse embarazada. El pasado 19 de febrero, ella y su pequeña, que ya tiene dos años y medio, fueron al cementerio. "Nicolás cumplía cuatro años y le estuvimos cantando cumpleaños feliz", asegura emocionada, pero consciente de que ahora solo queda en pensar en el futuro.

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