El caos se apodera del fin de la alarma y augura un conflicto entre CCAA y jueces

Restringir derechos fundamentales sin estado de alarma. En el verano de 2020, las comunidades se enfrentaron a este reto y, casi un año después, la historia se repite. La pelea por mantener toques de queda y cierres perimetrales ya ha comenzado en algunas autonomías, pero nadie sabe cómo va a acabar. Por mucho que el Gobierno trate de transmitir calma con un decreto de última hora, las restricciones quedan ahora en manos de los jueces y se avecina un alud de resoluciones. Las comunidades tienen dudas. Los tribunales que deben aclarar sus dudas también.

El primer pronunciamiento llegó este jueves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que con una sala dividida atendió los argumentos de Francina Armengol para mantener restricciones tras el fin de la alarma el próximo domingo: de los cinco magistrados, solo tres votaron a favor. Los otros dos siguieron la misma línea que la Fiscalía de esta comunidad, que el martes ya se había mostrado en contra de prolongar el toque de queda. Aval judicial, pero solo por un voto y sin el apoyo de la Fiscalía. Primer aviso a navegantes.

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En el País Vasco, la comunidad más castigada por el covid-19 en estos momentos, el lendakari, Iñigo Urkullu, también ha remitido una consulta al TSJ. Los jueces todavía no se han pronunciado, pero la Fiscalía sí: se opone a "la restricción de la agrupación de personas a un máximo de cuatro, sin contar convivientes, por no existir limitación o restricción del derecho fundamental de reunión". También a "que se autoricen judicialmente las medidas consistentes en limitación de movilidad nocturna entre las 22:00 y las 6:00 y cierre territorial perimetral de la comunidad autónoma y municipal".

La Fiscalía de Cataluña, por el contrario, se ha mostrado a favor de mantener las restricciones que la Generalitat ha trasladado al TSJ, pero las suyas son de menor rango: limitación de las reuniones a seis personas y control de aforo. Sea como sea, su informe también incluye una advertencia: "En ningún caso pueden comportar la suspensión de los derechos fundamentales, ni una restricción generalizada, sino proporcionada a la necesaria preservación de la salud del conjunto de los ciudadanos".

Una y otra vez, las referencias a los derechos fundamentales recuerdan a lo ocurrido tras el fin del primer estado de alarma, cuando a las autonomías solo les quedó agarrarse a una combinación de leyes de salud pública, protección civil y seguridad nacional. La fragilidad de este armazón legal les permitió aplicar restricciones puntuales, pero siempre con la incógnita de que el correspondiente TSJ se negase a ratificarlas.

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Diez meses después, esa incógnita se refleja en Baleares, País Vasco o Cataluña, pero también en la Comunidad de Madrid, Galicia o la Comunidad Valencia, que ya han consultado a los tribunales, o en Navarra, que planea seguir el mismo camino para mantener el toque de queda. En cuanto al resto, la mayoría volverá a la casilla de salida a partir del domingo, pero siempre con la duda de tener que aprobar nuevas restricciones. En ese caso, el camino pasa una vez más por los TSJ.

La falta de una reforma legislativa de calado como alternativa a la alarma se traduce así en un nueva situación de incertidumbre. Tras más de un año de pandemia, el principal cambio normativo no se anunció hasta este martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley con el que trata de dar mayor cobertura jurídica a los gobiernos autonómicos: en lugar de dejar la última palabra sobre las restricciones en manos de los TSJ, quiere que las comunidades puedan llegar hasta el Supremo.

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El razonamiento pasa por facilitar la aplicación de medidas de dos maneras. Por un lado, acelerando su aprobación, pues el decreto obliga al Supremo a responder en unas dos semanas: tres días para que el TSJ plantee la opción de recurso, otros tres para que las partes se pronuncien ante el alto tribunal y otros cinco para que ese se pronuncie. Por otro, empujando a que el Supremo siente jurisprudencia, con lo que quedarán más claros los límites de las restricciones.

El alto tribunal, sin embargo, mostró sus dudas este jueves. En una nota de urgencia, deja caer ―aunque no entra en detalle― que el texto contiene lagunas, resulta ambiguo y puede resultar insuficiente "para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales". También apunta a un posible problema de constitucionalidad al situar los tribunales "como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de las competencias administrativas compartidas".

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En el Supremo, no ha gustado que le pasen la patata caliente de las restricciones. La nota avisa de que "va a tener un impacto muy significativo sobre la Sala Tercera del Tribunal Supremo" a nivel organizativo y duda de que la respuesta pueda darse con la premura que persigue el Ejecutivo, pero ese es precisamente otro de los problemas a los que se enfrenta Moncloa: la premura a la hora de sacar adelante el decreto.

Por mucho que se aprobara el martes, el decreto todavía no ha entrado en vigor, lo que plantea dudas sobre si las comunidades que ya hayan acudido a los TSJ pueden ir ahora al Supremo. Si la fórmula pasaba por dar mayor cobertura jurídica a los gobiernos autonómicos abriéndoles la puerta del al alto tribunal, no queda claro que las más interesadas en mantener restricciones vayan a seguir dependiendo de los mismos tribunales que en verano de 2020. Casi un año después, la historia se repite.