El 'plan España 2050' contempla una estrategia nacional de acogida a inmigrantes

El informe ‘España 2050’, que presentó este jueves Pedro Sánchez y que ha sido elaborado por la Oficina de Prospectiva y Estrategia que depende de Iván Redondo, tiene como otro elemento esencial de análisis el cambio demográfico que viene, con una sociedad cada vez más longeva. Aunque parte del golpe poblacional que ha dejado la crisis del coronavirus, precipitando el fallecimiento de miles de ciudadanos, el informe se centra en los desafíos y oportunidades 30 años vista, dando por hecho que, a pesar del efecto disruptivo de la pandemia, la esperanza de vida en España seguirá aumentando en las próximas décadas.

Evidentemente, una mayor esperanza de vida “agudizará el envejecimiento demográfico” que, aunque será irreversible, se verá afectado “por las otras dos fuerzas que lo determinan”. La fecundidad y las migraciones. El último término suena con fuerza en estos días después de la mayor oleada migratoria provocada por Marruecos con la llegada de más de 8.000 sin papeles a Ceuta. Lo que empezó siendo una crisis migratoria y humanitaria, se confirmó pronto como una crisis política y diplomática de enormes dimensiones. Sánchez terminó llamándolo “desafío” por parte de Rabat ayer en el Congreso de los Diputados.

En todo caso, la política migratoria será clave en los próximos años dentro de España y el informe con vistas a 2050 augura que “ayudará a mitigar el desafío demográfico en el corto y medio plazo” aunque asume “que no lo resolverá por sí solo a largo plazo”, ya que la población migrante también envejece y, de hecho, tiende a adaptar los patrones de fecundidad nacionales. “En lo que respecta a la inmigración, esta Estrategia asume que nuestro país seguirá acogiendo e integrando a cientos de miles de personas inmigrantes. En concreto, se proyecta un saldo migratorio de unas 191.000 personas al año de aquí a 2050, ligeramente superior al promedio observado entre 1990 y 2019”, asegura el documento presentado hoy por el presidente del Gobierno.

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Aunque lo aborda de manera muy genérica, el informe también contempla la creación de una estrategia nacional de integración y acogida de la población inmigrante, destinada a conocer mejor sus necesidades y aspiraciones, reducir estereotipos y prejuicios, y eliminar cualquier forma de discriminación en el acceso a la vivienda o fomentar las relaciones sociales con la población autóctona. De alguna manera, insiste en el reto permanente que sigue teniendo España por delante con su política migratoria aunque evita comprometer un mayor desarrollo. Sí reconoce el informe que, en términos laborales, integrar a cientos de miles de personas migrantes (laboral y socialmente) será esencial “para evitar la pérdida potencial de fuerza laboral”.

Las conclusiones del epígrafe son toda una declaración de intenciones que está por ver cómo se cumple: “La inmigración puede ser, para un país como España, más una fuente de soluciones que de problemas. Puede ayudarnos a amortiguar el descenso de la población en edad de trabajar, a mantener nuestro peso relativo en Europa, y garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar”.

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Desigualdad y educación

Partiendo de la base de que España es uno de los países más desiguales del mundo, el informe presentado por Sánchez insiste en situar como piedra angular el fortalecimiento de los servicios públicos, con especial atención en la educación, la salud y los cuidados.

Con respecto al sistema educativo, el documento reconoce que España “tiene que resolver las grandes asignaturas pendientes”, asumiendo que en estos momentos “adolece de carencias importantes en materia de cobertura y presenta resultados de aprendizaje inferiores a los de nuestros socios europeos”.

Los aspectos a paliar de aquí a 2050, entendiendo que será con reformas estructurales a largo plazo, aparecen identificados en la estrategia: la alta tasa de repetición escolar, la persistencia del abandono escolar temprano (España sigue teniendo la tasa más alta de Europa), el acceso insuficiente a estudios posobligatorios, los niveles de aprendizaje que aparecen estancados en las competencias básicas, la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades y reducir la segregación escolar y la preocupante desmotivación del alumnado.

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Además de estos factores de contexto, el documento estratégico señala las cinco cuestiones que ya deben mejorarse dentro del propio sistema: el currículo (excesivamente rígido y enciclopédico), la carrera docente (con muchas carencias en el sistema de selección, formación y evaluación del desempeño del profesorado), la gobernanza educativa (con un sistema institucional demasiado burocratizado y con centros educativos sin autonomía efectiva), el sistema de evaluación (que mida lo que realmente importa y genere datos accesibles y actualizados) y la financiación (sigue siendo insuficiente).

Salud, eje central de las políticas públicas

Si por algo apuesta el documento estratégico presentado por Sánchez después de una pandemia que ha sacudido al mundo entero, es por convertir la salud en un eje central de las políticas públicas a través de cuatro políticas fundamentales. La primera, crear una estrategia nacional de envejecimiento saludable, que deberá diseñarse con la participación de todos los actores sociales. Especial mención tiene la salud mental y las enfermedades neurodegenerativas por su especial prevalencia e impacto en la población mayor.

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En segundo término, establecer una agencia de evaluación de políticas en salud que sea autónoma e independiente y que tenga por objetivo mejorar la esperanza de vida en buena salud y reducir las desigualdades. Tercero, apuntalar la solvencia del sistema nacional de salud con cambios como crear un marco de buen gobierno de la sanidad (transparencia de la información a los usuarios y profesionales, mejorar mecanismos de rendición de cuentas, favorecer la participación y el compromiso de la ciudadanía y el sector profesional en la toma de decisiones, entre otras cosas), y transitar de un modelo organizativo sanitario como el actual (muy orientado al tratamiento de eventos agudos) a un modelo más centrado en la cronicidad.

Y, por último, garantizar que la financiación pública y la utilización de servicios y prestaciones sanitarias se orienten a una obtención eficiente y equitativa de resultados en salud.