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Las CCAA se rebelan ante el plan de Moncloa de tomar el control de la desescalada
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HORARIOS PARA LA HOSTELERÍA EN VERANO

Las CCAA se rebelan ante el plan de Moncloa de tomar el control de la desescalada

Las medidas para afrontar la fase final de la pandemia, a propuesta de Sanidad, se han aprobado con el rechazo de hasta seis CCAA. Varias de ellas amenazan con no acatarlas

Foto: La ministra de Sanidad, Carolina Darias (i), y la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, tras la reunión de la Consejo Interterritorial de Salud celebrado en Pamplona este miércoles. (EFE)
La ministra de Sanidad, Carolina Darias (i), y la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, tras la reunión de la Consejo Interterritorial de Salud celebrado en Pamplona este miércoles. (EFE)

La desescalada tras el estado de alarma comienza sin consenso y sin cogobernanza. El Gobierno rechazó tanto ampliar el estado de alarma como desarrollar una nueva legislación para la desescalada con el argumento de que se optaría por un "mecanismo de cogobernanza". Esto es, dejar las decisiones en manos del Consejo Interterritorial de Salud y la búsqueda del consenso entre las comunidades autónomas. Nada más lejos de la realidad, puesto que la primera gran medida que se ha adoptado sobre el ocio nocturno y los horarios de la hostelería en esta fase final de la pandemia, a propuesta de Sanidad, se ha aprobado con el rechazo de hasta seis comunidades autonómicas. Varias de ellas ya han amenazado con no acatarla.

Foto: Estación del Norte de Valencia. (EFE)

La rebelión desde los territorios no tiene que ver con el color político, ya que se han opuesto a la medida Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y Euskadi. Se oponen a la unificación de horarios en todo el territorio nacional y otras medidas obligatorias basadas en el nivel de alerta o incidencia de coronavirus de cada territorio. Además del PP, algunos de los socios del Gobierno, como PNV y ERC, que gobiernan en Euskadi y Cataluña, respectivamente, ya se enfrentaron al Ejecutivo por levantar el estado de alarma sin consensuar una alternativa legal. Ahora, la pretensión del Gobierno de tomar el control en la fase de desescalada hasta alcanzar el 70% de la población vacunada ha confirmado los peores temores.

Enfado mayúsculo de Urkullu

El enfado en el PNV y en el Gobierno vasco con Pedro Sánchez en lo referido a la gestión de la pandemia es mayúsculo. Tanto, que el lendakari ha anunciado que no aplicará las nuevas medidas restrictivas acordadas ayer en la comisión interterritorial de Sanidad, a la que Euskadi no acudió como gesto de protesta por lo que consideran una “imposición”. Visiblemente enfadado, Iñigo Urkullu ha anunciado desde el Parlamento de Vitoria que Euskadi no asumirá las restricciones: “Vamos a seguir manteniendo nuestra hoja de ruta, que se ha demostrado eficaz", ha afirmado Urkullu.

El País Vasco, con peores índices de contagios, ha sido una de las comunidades que más restricciones ha mantenido en los últimos meses, lo que ha redundado también en una crisis de crédito para el propio lendakari, según las encuestas internas que manejan los partidos vascos. Ahora acaba de aprobar un decreto que amplía por fin los horarios de los bares y restaurantes. Pero, con el semáforo que propone el ministerio, no podrían relajarse.

Desde el Ejecutivo de Vitoria aseguran que la incidencia de contagios no puede seguir siendo la referencia principal ahora que la vacunación avanza a buen ritmo entre la población. El motivo es que en el País Vasco sigue habiendo una incidencia muy superior, por encima de los 200 casos, aunque en el PNV lo achacan a que están realizando “muchas más pruebas” que en el resto de comunidades y que lo importante es la presión hospitalaria, que en su caso no es preocupante. Por eso defienden que debe ser su propio grupo de crisis que analiza la evolución sanitaria el que fije las medidas necesarias. "Debemos tomar decisiones sobre el terreno", señalan. “Vuelven al café para todos”, ha denunciado el líder del PNV, Andoni Ortuzar, en una entrevista en la radio vasca.

El Gobierno vasco denuncia así “invasión competencial”, acusa a Sánchez de no respetar la “cogobernanza” y se rebelan avanzando que no aplicarán las restricciones propuestas por Sanidad. Cataluña, por su parte, siempre ha defendido que el Gobierno central debe dejar en manos del Gobierno autonómico el poder de decisión sobre las condiciones de reapertura del ocio nocturno. El nuevo 'conseller' de Salud, Josep Maria Argimon, comparecerá este jueves con la previsión de seguir la línea de Euskadi y Madrid en su rechazo a no acatar las medidas.

Ayuso: "Conmigo que no cuenten"

La presidenta en funciones madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado la decisión como "una imposición política, arbitraria y no sanitaria”. En unas declaraciones tras visitar las obras de Metro de Gran Vía ha negado que se haya puesto en pie de rebeldía, pero matizando que "no estamos obligados a cumplir una norma de que no parte de un organismo que no tiene la capacidad de hacer ley algo que no lo es. No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que, a nuestro juicio, es absolutamente insensato y perjudicial". “Conmigo que no cuenten”, ha avisado.

Foto: Varias personas sentadas en una terraza de la madrileña Plaza Mayor. (EFE)

Para la Comunidad de Madrid, la norma aprobada este miércoles con su rechazo y el de otras cinco comunidades "viene tarde y no se basa en ningún informe sanitario". "Nosotros juntos, representamos a más de 30 millones de españoles, díganme qué unidad es esa a la hora de intentar imponer una norma de estas características", se ha preguntado retóricamente Díaz Ayuso para concluir que "eso se hace en un Parlamento, al menos en democracia se hace de esa manera".

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a Sanidad que vuelva al consenso y ha advertido de su gobierno usará todos los medios, "incluso los jurídicos", para defender los intereses de los castellanoleoneses para garantizar la salud "y seguir abriendo la economía".

"Obligado cumplimiento"

Desde Sanidad se agarran a que el sistema de semáforo que regirá la desescalada ya fue aprobado en octubre del pasado año con un "amplísimo grado de consenso". Entonces, el objetivo de aquel texto para coordinar la respuesta contra el coronavirus tenía como objetivo permitir a cada comunidad autónoma evaluar el riesgo, establecer un nivel de alerta y adoptar medidas proporcionales, adaptables a la situación y al contexto de cada territorio.

La ministra Carolina Darias incidía en su "obligado cumplimiento", mientras que hasta ahora se había dejado a las autonomías vía libre para decretar restricciones. "Tenemos que ser capaces de aprender de las lecciones, sabemos lo que pasó el verano pasado", advertía la titular de Sanidad.

El principal punto de discordia reside en los horarios de la hostelería y el ocio nocturno, si bien el nuevo plan, además de establecer el cierre de los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como de los bares y restaurantes de playa, a la 1:00, también prohíbe fumar en espacios al aire libre siempre y cuando no se mantengan los dos metros de distancia y regula los eventos multitudinarios no ordinarios.

La desescalada tras el estado de alarma comienza sin consenso y sin cogobernanza. El Gobierno rechazó tanto ampliar el estado de alarma como desarrollar una nueva legislación para la desescalada con el argumento de que se optaría por un "mecanismo de cogobernanza". Esto es, dejar las decisiones en manos del Consejo Interterritorial de Salud y la búsqueda del consenso entre las comunidades autónomas. Nada más lejos de la realidad, puesto que la primera gran medida que se ha adoptado sobre el ocio nocturno y los horarios de la hostelería en esta fase final de la pandemia, a propuesta de Sanidad, se ha aprobado con el rechazo de hasta seis comunidades autonómicas. Varias de ellas ya han amenazado con no acatarla.