El juez insta a la Fiscalía a terminar la pieza sobre la financiación ilegal del PP de Madrid

La investigación sobre la financiación ilegal del PP de Madrid llega a su fin. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ya advertía el pasado marzo de que la instrucción de la pieza nueve del caso Púnica se da por "finalizada", pero ante la petición de nuevas diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción, vuelve a incidir en la misma idea: "Las actuaciones o diligencias que se realicen en el proceso deberán atender a la finalidad esencial del mismo, la delimitación del hecho punible y de los presuntos culpables a fin de subsumir el hecho ilícito en el tipo penal que corresponda", avisa en un auto del 9 de junio al que ha tenido acceso El Confidencial.

García-Castellón responde así a un escrito en el que Anticorrupción solicitaba la unión de distinta documentación a la pieza en la que se encuentran imputados tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González. El auto atiende su petición e incorpora todos los documentos salvo uno, pero al mismo deja caer cuatro párrafos en los que insta al Ministerio Público a finalizar su investigación. Según argumenta, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que en la instrucción se deben realizar "todas aquellas actuaciones encaminadas a preparar el juicio", pero "esto no significa que en el afán de investigar puede practicarse cualquier diligencia de las que se soliciten".

TE PUEDE INTERESAR

El PP utiliza las lagunas del caso Púnica para combatir a Bárcenas en el juicio de la caja B

Pablo Gabilondo

En el procedimiento se investiga el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales del PP de Madrid, así como la entrega de comisiones y dádivas a una red de empresas de confianza, las cuales no fueron satisfechas a costa de sus márgenes comerciales sino, indiciariamente, a cargo de los contratos de diversos entes públicos a los que giran facturas que no se corresponden con trabajos reales.

Pero en el marco de esta investigación, los últimos meses han estado marcados por un rifirrafe entre el juez y los fiscales. El primero considera que no deberían estar practicándose nuevas pesquisas desde hace ya un año y los escritos solicitando diligencias siguen llegando. En febrero, después de que García-Castellón rechazara autorizar nuevas pesquisas, Anticorrupción incluso recurrió ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero la respuesta fue la misma: "Tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no deben demorar por más tiempo la conclusión de la denominada pieza separada número 9".

TE PUEDE INTERESAR

La Audiencia Nacional archiva la imputación de Cifuentes por el caso Púnica

Pablo Gabilondo

Ahora, el juez incide en la misma idea en un nuevo auto: "En efecto, como tiene señalada la jurisprudencia, el derecho a la práctica de la prueba pertinente para las partes no se trasmuta en fase instructora en un derecho incondicionado a la práctica de todas aquellas diligencias que identifiquen relación con lo que es objeto del proceso", advierte. "Debe identificarse una sincrónica necesidad de acreditación indiciaria de los hechos justiciables, de tal modo que de no practicarse la diligencia se correría un alto riesgo de pérdida de la fuente de prueba o que de no practicarse la misma pudiera determinar una decisión de crisis anticipada por falta de indicios suficientes".

El mensaje del juez es claro: ha llegado el momento de cerrar la instrucción y abrir juicio oral, "momento en el que los esfuerzos probatorios que incumben a cada una de las partes deben mostrarse en toda su extensión".