Junqueras y Puigdemont afrontan sin fondos un revés millonario en paralelo a los indultos

Mientras el Gobierno prepara los indultos para su aprobación inminente, el Tribunal de Cuentas está a punto de ofrecer argumentos para aquellos que pretenden impugnarlos ante el Tribunal Supremo. La cúpula del Govern del 1-O y su aparato de acción exterior deben afrontar a finales de este mes el pago de una fianza millonaria impuesta por el órgano fiscalizador para hacer frente a la responsabilidad civil derivada del uso de fondos públicos para crear las conocidas como embajadas catalanas. La Generalitat ha comenzado a hacer un cómputo de la cantidad total reclamada, que algunas fuentes calculan en entre 10 y 20 millones de euros, y que aún no está cerrado. Las mismas fuentes reconocen que no hay fondos suficientes en la caja de solidaridad para cubrirla, lo que provocaría que se ordenaran embargos para hacer frente a la caución y que, por tanto, no sería cubierta de forma voluntaria.

Entre la veintena de personas a las que se reclaman fianzas individuales por cantidades diferentes se encuentran tres de los presos del 'procés' que van a ser indultados. Han sido citados para el próximo 29 de junio el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros excargos de la Generalitat, entre ellos, los 'exconsellers' presos Jordi Turull y Raül Romeva, a los que el Ejecutivo prevé dar la gracia. También el 'expresident' Carles Puigdemont y su antecesor, Artur Mas, además de múltiples cargos intermedios con distintas responsabilidades en la estrategia de internacionalización de la independencia que se sufragó con dinero de las arcas estatales.

TE PUEDE INTERESAR

Sondeos internos y el sector 'posibilista' de ERC condicionaron el viraje de Junqueras

Antonio Fernández. Barcelona

Aunque las cuentas no están aún claras, los primeros cálculos realizados por cada parte y por el actual Govern apuntan a que el organismo solicitará que se depositen cantidades que rondan los cuatro millones de euros por cabeza en algunos casos. Por ejemplo, la fianza que espera a Carles Puigdemont a la vista del escrito de fiscalización que ha remitido a todos ellos el Tribunal de Cuentas. Curiosamente, el día en que conocerán de forma definitiva cuánto dinero se les reclama es uno de los que el Ejecutivo baraja para que el Consejo de Ministros apruebe los indultos. Prevé hacerlo en alguno de los dos próximos martes, una vez cerrados los expedientes de cada uno de los condenados.

En 2020, entregaron 4,1 millones en el Tribunal de Cuentas por el quebranto a las arcas públicas provocado por el referéndum del 1-O

Uno de los motivos para indultar o, al menos, para considerar la concesión de la medida de gracia es la reparación del daño económico aparejado al delito de malversación por el que fueron condenados Junqueras y otros de los presos. Como se encargó de destacar la Abogacía del Estado en su informe sobre la gracia, esta no es la primera fianza que se solicita a los presos. En 2020, entregaron 4,1 millones de euros en el Tribunal de Cuentas por el quebranto a las arcas públicas provocado por el referéndum del 1-O.

En aquel momento, la caja de solidaridad respondió y la cantidad completa salió de esas aportaciones. Ahora no será posible, aseguran las fuentes consultadas, que se refieren a que la cifra es mucho más elevada y la situación económica, más delicada a raíz de la pandemia. "Muchos de ellos lo perderán todo", aseguran a El Confidencial fuentes de su entorno.

La acción exterior

El acta de liquidación provisional que elaboró el organismo hace más de un año ha acabado demostrando que esos cuatro millones del 1-O no eran más que una pequeña parte de la factura final que puede acabar reclamando a los líderes del 'procés'. A lo largo de cientos de páginas, el informe de fiscalización analizó 416,8 millones de euros de gasto. Al menos 15,8 millones se encuentran bajo sospecha, aquellos que se destinaron a la actividad del Diplocat. Se suman viajes, conferencias y gastos de las delegaciones del Govern sufragados por encima de las competencias en el área correspondientes a la Generalitat. La cifra completa llegó a estimarse en 35 millones.

El Tribunal de Cuentas sostiene que el Diplocat "funcionaba con total vinculación" a la Generalitat. El periodo analizado abarca desde 2011 a 2017, y en él se detectaron irregularidades en la elaboración de facturas y presupuestos o el desempeño de actividades ajenas a la legalidad. Además de Junqueras, Puigdemont y los dos políticos condenados citados, deben responder también el 'expresident' Mas, nueve ex secretarios generales, interventores y delegados catalanes de países de Europa y de Estados Unidos.