Congelar el precio del alquiler: la última oferta del PSOE que no convence a Podemos

PSOE y Unidas Podemos han acercado posiciones sobre la regulación de alquileres, el principal escollo para la futura ley de vivienda, después de que los socialistas cediesen con su propuesta de congelar las rentas en las zonas tensionadas. Un paso significativo respecto a la propuesta inicial de los socialistas, que se limitaba a que la regulación de precios se realizase a través de incentivos fiscales, sin establecer mecanismos para prohibir las subidas abusivas. Ahora se establecería un tope máximo obligatorio, más allá de mantenerse también los incentivos fiscales, pero desde Unidas Podemos enfrían el principio de acuerdo anunciado este miércoles porque el pacto firmado entre los socios se refiere también a la posibilidad de facilitar bajadas de precios.

"Este compromiso formó parte del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para presentar el borrador de Presupuestos Generales del Estado", recuerdan fuentes moradas. Si bien señalan que la congelación "es un buen paso", añaden que su objetivo es dar cumplimiento al punto del acuerdo en el que se recoge, textualmente: "En estas zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes". Señalan estas mismas fuentes que sin incluir este punto no se daría cobertura a la ley catalana de vivienda, que precisamente el Gobierno no pidió suspender en su recurso al TC porque de forma paralela se desarrollaría la norma estatal para darle paraguas jurídico.

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Es por ello que desde el Ministerio de Derechos Sociales, que lidera las negociaciones por parte de los morados, aseguran que "seguimos negociando para que se cumpla con lo pactado al 100%". Al mismo tiempo, celebran que "por primera vez desde que comenzaron las negociaciones de la ley de vivienda, el PSOE ha cedido a la propuesta de Unidas Podemos de poner en marcha un sistema de regulación pública de los precios del alquiler para frenar las subidas abusivas de los mismos".

Fuentes del PSOE cercanas las negociaciones, que encabeza el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, señalan por su parte que no habrá más ofertas para la regulación de alquileres. Es su "última" propuesta. Se trata de que cuando finalice el contrato del alquiler, los propietarios no puedan subir el precio de la vivienda. Ni a los actuales inquilinos, si se les renueva el contrato, ni tampoco a nuevos arrendatarios, que tendrían las mismas condiciones.

La intención pasa por establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50% del IRPF

Esta congelación se cumplimentaría con los incentivos fiscales. La intención en esta línea pasa por establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50% del IRPF, que actualmente se sitúa en el 60%, y que este porcentaje sea modulable.

De este modo, en las zonas consideradas tensionadas, la rebaja será del 70%, por incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, incorporación a planes de vivienda social, cesión o alquiler a entidades sin ánimo de lucro o alquiler a jóvenes entre 18 y 35 años. Se contempla también el supuesto de reducciones para quien alquile a familias con ingresos reducidos, pero el porcentaje en este caso todavía no se ha determinado. Las reducciones serían de hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

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En materia de desahucios y de movilización de la vivienda vacía, sí hay acuerdo entre los socios. La nueva ley busca penalizar la vivienda vacía, estableciendo recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley".

La futura ley pretende por otro lado ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables que sean desahuciadas, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo". Para ello, se pretenden introducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento, e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.