La Justicia avala el cartel de Vox sobre los menores no acompañados: "Son un problema social"

La Justicia madrileña se ha pronunciado en contra del recurso que presentó la Fiscalía (y al que se adhirió también el PSOE) para que no se archivase las causa sobre la colocación del cartel de Vox contra los menores migrantes no acompañados durante la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, después de que el juez de guardia de Madrid denegase la solicitud de medidas cautelares para retirarlo.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, los magistrados de la Audiencia Provincial madrileña consideran que los menores no acompañados “representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales”.

El cartel, que se hizo viral durante la campaña de los comicios madrileños el pasado 4 de mayo, fue colocado en la estación de Renfe de Sol y desató una fuerte polémica entre los candidatos a presidir la región. En él se comparaba el coste mensual de los menores extranjeros no acompañados ("Un mena 4.700 euros al mes") con la pensión que reciben los mayores ("Tu abuela 426 euros de pensión/mes").

"El contexto de la legítima lucha ideológica-partidista en el contexto de una contienda electoral"

El Ministerio Público entendía que ello inducía a una "negativa" respuesta social hacia un colectivo ya "doblemente vulnerable" como los menores extranjeros no acompañados y se traslada la imagen de un menor extranjero y delincuente en el que se busca la "deshumanización".

Frente al criterio de la Fiscalía, los jueces aseguran en el auto que “con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los menores extranjeros] representan un evidente problema social y político”. Además, entienden que el cartel “se trata de un eslogan electoral” y que eso implica que, como tal, no permite considerarlo, mediante un uso alternativo del derecho, como unas ideas a prohibir mientras han de admitirse otras de signo contrario, pero tan criticables o más que estas.

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La sala de la Audiencia Provincial de Madrid "comparte plenamente" la resolución recurrida en la que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, que "ha de situarse en una doble coordenada: el contexto de la legítima lucha ideológica-partidista en el contexto de una contienda electoral donde constituye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos; y el hecho de recordar que en el orden penal están prohibidas las interpretaciones contra reo, cuando quepan otras explicaciones no necesariamente delictivas".

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid archivó la causa por un delito de odio al encuadrar el mismo dentro del "pluralismo político", algo a lo que se opuso la Fiscalía de Madrid. La Audiencia de Madrid tiene aún por resolver el recurso interpuesto por la Asociación Ciudadanía Progresista "Progresa" contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional.