Sánchez fiará a Lastra y a Bolaños la ejecución en el Congreso de su impulso progresista

La remodelación del Gobierno fue recibida con relativa indiferencia en los grupos parlamentarios del bloque progresista, desde ERC a Compromís. Las fuentes consultadas destacan la apuesta por el rejuvenecimiento y por el feminismo, y, sobre todo, la clara intención de refrescar una estrategia de comunicación que olía a chamuscado. La irrupción de nombres desconocidos en el plano nacional, como Pilar Alegría, Diana Morant o Raquel Sánchez, crea sobre todo curiosidad y expectación. La idea más o menos generalizada habla, por tanto, de esperar y observar.

Solo para uno de los cambios la prudencia adopta un lenguaje político. El ascenso de Félix Bolaños al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha sido aplaudido por el perfil negociador del designado, ganado a pulso durante el último año y medio. El nuevo 'ministro fuerte' del Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado hasta la fecha unas virtudes que determinados portavoces no encontraron en la antecesora, Carmen Calvo. Antes, el margen de negociación era estrecho; con Bolaños, el pasillo mengua o se ensancha en función de las circunstancias. Al menos es lo que opinan las fuentes consultadas que se han sentado con él a una mesa. Los grupos de la oposición agradecen el nombramiento y confían en que sirva de revulsivo para acentuar el talante progresista de un Ejecutivo que así se denomina.

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Y esta es la voluntad de Moncloa. El presidente delegará en su ministro de Presidencia y en la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, el ritmo parlamentario de la segunda mitad de legislatura. Si bien el ecuador está fijado en diciembre, Sánchez ha situado el punto de inflexión en septiembre, de ahí que un compendio de leyes se esté ordenando en la rampa de salida. Leyes de marcado carácter progresista con las que el presidente pretende aglutinar a un electorado que mira cada vez más los movimientos de Yolanda Díaz y de Íñigo Errejón a escala nacional.

Las normas de igualdad (tanto el proyecto del Gobierno como la proposición del PSOE), la de memoria democrática, así como la reformulación de la de seguridad ciudadana o la modificación de los aspectos más controvertidos de la legislación laboral, serán prioritarias, aunque solo una es la que está ahora subrayada en rojo: el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

De las cuentas a la ley de cadena alimentaria

Fuentes socialistas informan a El Confidencial de que el listado de normas dispuestas a mover en el Congreso ya está hecho. Lo primordial, como se ha destacado, es el proyecto presupuestario. Lo primero que van a hacer el equipo de Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es acordar el texto y los números con el socio de la coalición, Unidas Podemos. Tendrán que limar una serie de flecos y acortar la distancia que les separa en el modelo fiscal y en determinadas prestaciones recientemente anunciadas. Esta misma semana, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció que está trabajando con Igualdad, de Irene Montero, la ampliación a seis meses de los permisos de paternidad y maternidad. También avanzó que está pergeñando una ayuda universal para la crianza de hijos. Serán, sin duda, los pilares de la futura Ley de Diversidad Familiar, en la que el sector morado del Gobierno ha volcado mucha ambición.

La reforma del sistema tributario, de modo que se vuelva más progresivo y atienda a la máxima "a más ingresos/más impuestos", será otro escollo, y no fácil precisamente, pues Unidas Podemos ya renunció a aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y las empresas de más facturación en los Presupuestos vigentes. La subida del salario mínimo interprofesional requerirá otro circuito de negociaciones y conversaciones.

Cuando las diferencias se vayan diluyendo, el Gobierno comenzará a hablar con los grupos parlamentarios, aunque con algunos ya lo está haciendo. ERC y PNV han compartido ya impresiones sobre las líneas maestras de unas cuentas públicas en las que, inciden fuentes consultadas al respecto, deben plasmar la estimulación de los fondos europeos.

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No se prevé un camino llano y relajado, el de los Presupuestos, pero el Gobierno ha dibujado un mapa y está dispuesto a seguirlo. A finales de septiembre, podría llegar al Congreso el proyecto y a finales de año, enero como tarde, podría aprobarse. Los Presupuestos vigentes recibieron el respaldo de todo el bloque progresista, el mismo que Sánchez quiere amarrar ahora.

Mientras, de acuerdo con la versión de las fuentes consultadas, tanto Bolaños como Lastra quieren ir asfaltando el recorrido de las leyes de cadena alimentaria y Formación Profesional. La primera se aprobó en noviembre del año pasado por el Consejo de Ministros y fue la respuesta a la sonora polémica que meses atrás provocaron los agricultores. Protestaron, hace un año aproximadamente, por las enormes desviaciones y descompensaciones de las fases por las que pasaban sus productos, ya que se encarecían desmedidamente sin que a ellos les llegara el beneficio correspondiente. Esta ley aguarda la tramitación del Congreso y del Senado desde finales del año pasado.

Más retrasada está la nueva ley de Formación Profesional. El anteproyecto se encuentra ultimado y sobre él han informado ya algunos medios. Es probable que el Consejo de Ministros lo apruebe antes de que acabe julio, y a partir de entonces circulará por los órganos consultivos. El Gobierno cree que podrá enviarlo a las Cortes durante el otoño.

Otras leyes. Una estrategia

La aprobación por fin de una ley que ayude a contener las subidas de los alquileres de vivienda en zonas tensionadas como Madrid o Barcelona conformará un territorio aparte. Las negociaciones aquí entre PSOE y Unidas Podemos se han ido alambicando, aunque fuentes de ambas partes consideran que el desbloqueo podría ocurrir también durante el otoño. ERC está presionando para que se alcance una solución y haya regulación cuanto antes.

Otoño será el periodo de tiempo en el que podría estar listo el proyecto de ley LGTBi, cuya primera lectura ha aprobado el Consejo de Ministros. Habrá que vigilar el recorrido que el grupo socialista dará a la proposición que registró y que logró que se admitiera a trámite. Puede que la retire para que se curse la aprobada por el Gobierno, o puede que se acompasen los tiempos. Llegará también la nueva ley de memoria democrática, que Bolaños ha ralentizado. Carmen Calvo la había dejado lista tras recabar las versiones de los órganos consultivos, especialmente el CGPJ y el Consejo de Estado. Con retoques mínimos, la exvicepresidenta primera quería aprobarla este mes. Su sucesor, sin embargo, ha preferido esperar. No será muy larga la demora, indican las fuentes.

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Sánchez sabe que la mayoría que le hizo presidente en enero de 2020 es la mayoría que facilitará su viaje por la segunda mitad de la legislatura. Los coqueteos con Ciudadanos han quedado atrás, y aunque las fuentes del Gobierno dejan claro que los canales de comunicación con el PP y con la formación de Inés Arrimadas seguirán habilitados, las preferencias legislativas no pasan ni por la sede popular de Génova ni por la liberal de la calle Alcalá. Pasan por ERC y por el PNV, primero, y a continuación por el sumario de formaciones más pequeñas que auparon al líder socialista: Más País, BNG, Nueva Canarias, Teruel Existe o Compromís.

Dos partidos con los que contarán los negociadores socialistas serán EH Bildu y PDeCAT, toda vez que han dejado clara su voluntad de participar en políticas progresistas para todo el Estado. Hasta JxCAT ha transmitido su pretensión de, cuanto menos, hablar.

Sobre ese colchón de 180-190 escaños, Sánchez quiere construir un nuevo ciclo, que comenzó con la crisis de Gobierno de hace una semana. Un nuevo ciclo más progresista, mucho más de izquierdas, que ayude al presidente a recuperar vigor electoral y poder llegar a finales de 2023 con claras opciones de repetir en la Moncloa. Lastra y Bolaños tienen el encargo de plasmar en el Congreso esa mayoría y trasladar al BOE el plan previsto.