Podemos arranca la negociación de los PGE exigiendo otra moratoria para los desahucios

Los socios de Gobierno han iniciado ya las negociaciones informales para acordar el borrador de los próximos Presupuestos. Antes incluso de que este martes se apruebe en el Consejo de Ministros el techo de gasto del que posteriormente se informará al Congreso. Los morados manejan una amplia carpeta de reivindicaciones para incluir en el proyecto de PGE, desde la subida del salario mínimo hasta modificaciones fiscales, pero ponen sobre la mesa una exigencia previa: prorrogar el "escudo social" hasta final de año.

Se trata de extender la moratoria de los desahucios, además de los contratos de alquiler y prohibición de cortes de suministros, hasta que termine 2021. El actual decreto en vigor expira el próximo 9 de agosto, y para Unidas Podemos es imprescindible dar cobertura a las familias vulnerables mientras no se apruebe la ley de vivienda. Desde el Ministerio de Transportes han puesto en cuarentena el decreto antidesahucios que había preparado su anterior titular, José Luis Ábalos, para "estudiar alternativas". Hay debate interno en el seno del Ejecutivo y estas mismas fuentes explican que "no se descarta nada" a la espera de zanjar dicha discusión en la que vuelven a chocar los ministerios morados con la parte económica de la coalición.

Las exigencias de Unidas Podemos relativas a la prórroga del escudo social, en forma de condición 'sine qua non' para entrar en la negociación de los Presupuestos propiamente dicha, se centran en "la suspensión de los desahucios para familias vulnerables mientras no haya una alternativa habitacional real que sea una vivienda". Para ello, plantean que el juzgado tenga que solicitar obligatoriamente un informe a los servicios sociales que determine si el o la afectada es vulnerable y que se aumenten los criterios para que más personas puedan estar protegidas y que se aplique a cualquier tipo de desalojo. Precisamente, estas reivindicaciones estaban recogidas en el texto del decreto que había perfilado el anterior ministro de Transportes y que ahora ha quedado en el aire. "No se descarta nada", explican desde el Gobierno a la espera de buscar alternativas.

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I. Gil

La revisión de la hoja de ruta que había trazado Transportes coincide con las presiones de los grandes fondos de inversión, que han trasladado durante sus reuniones con Pedro Sánchez esta semana en Nueva York reparos ante la reforma laboral y las regulaciones en materia de vivienda. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, lanzaba al respecto un mensaje este viernes en el que indirectamente advertía que su formación se opondrá a cualquier rebaja del escudo social: "Quiero transmitirle al conjunto de la ciudadanía la tranquilidad de que los fondos buitre no votan en el Congreso, quienes votan son los diputados y diputadas".

En términos similares se había posicionado previamente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además de defender que la tarea del Ejecutivo debe pasar por "mejorar la vida de la gente" y no por escuchar a unos fondos de inversión cuyo único objetivo sería "ganar dinero", situó como una línea roja de cara a los Presupuestos la subida del salario mínimo y avisó: "Las políticas pueden cambiar la vida de la gente, lo están haciendo ya. Por esto estamos en el Gobierno, y si no hacemos esto desde el Gobierno igual tenemos que replantearnos otras cosas".

SMI, fiscalidad y ayudas a la crianza

Junto a la subida del salario mínimo, las otras principales demandas de Unidas Podemos para consensuar el proyecto de Presupuestos tienen que ver con una reforma fiscal —priorizando el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades—, la regulación de los alquileres y una prestación universal para la crianza que recibirían todas las familias que tuviesen hijos independientemente de sus ingresos.

Una agenda social que desde la parte socialista se ha ido diluyendo tanto en cuestión de contenidos como de plazos. La reforma fiscal fue el propio Pedro Sánchez quien la descartó para el próximo año, mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha vinculado una revisión en el SMI a la situación en la que se encuentre la creación de empleo a finales del segundo semestre. Oficialmente, la primera reunión se producirá la próxima semana entre los equipos que liderarán María Jesús Montero, por la parte de Hacienda, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por la de Unidas Podemos.