Puigdemont destacará ante la jueza los países que han rechazado detenerle desde 2017

Carles Puigdemont volverá a comparecer la mañana de este lunes ante el tribunal sardo que debe decidir si es entregado a España. Tras quedar en libertad horas después de que la policía italiana lo detuviera en la isla de Cerdeña el 23 de septiembre, el líder independentista ha tenido 10 días para armar una línea de defensa y, según apuntan las fuentes consultadas, uno de sus argumentos se centrará en destacar los países europeos que se han mostrado reticentes a la hora de acatar la euroorden (OED) desde 2017. El mensaje es simple: si otros Estados europeos han dado la espalda al Supremo, ¿por qué iba Italia a hacer lo contrario?

Su defensa insistirá además en que la Abogacía del Estado y el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) concluyeron en julio que la orden de detención estaba suspendida, así como en la idea de que su viaje a Italia se enmarcaba en la agenda política que mantiene como eurodiputado. Las alegaciones incluirán a su vez una referencia al acuerdo con que el Parlamento Europeo le levantó la inmunidad el 9 de marzo, pues, según argumentan, el mismo limitaba los efectos de esta decisión al territorio belga. Acompañado por los 'exconsellers' Clara Ponsatí y Toni Comín, sobre los que también pesan sendas euroórdenes, Puigdemont confía en desactivar así su extradición.

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Las idas y venidas con las 'flags'

En cuanto al primero de sus argumentos, la clave pasa por las más de 2.000 páginas de documentación que el Supremo acumula sobre la fuga de Puigdemont, a las que ha tenido acceso El Confidencial. En ellas, constan correos de diversas oficinas de Sirene, responsable de la cooperación policial europea, pidiendo a España activar las llamadas 'flags', instrumento que se sitúa un escalón por debajo de la orden de detención: "Cuando España emite una euroorden, el resto de países la revisan y, si entienden que la detención no se ajusta a su legislación, piden a España poner una 'flag', que implica rebajarlo a averiguar el paradero del investigado", explican fuentes policiales.

La defensa de Puigdemont ha tenido acceso a estos correos tras su detención en Cerdeña y, además de Bélgica y Alemania, cuyas reticencias a la entrega ya eran conocidas, han comprobado que otros países también han mostrado dudas a lo largo de estos cuatro años. Destaca entre ellos el caso de Suiza, cuya oficina de Sirene se mostró tajante en 2017 al solicitar a España que activara la mencionada flag: "Según la ley suiza, los hechos descritos no son constitutivos de ningún delito extraditable", advertía en su mensaje. En 2018 y 2019, esta oficina remitió advertencias similares, llegando incluso a sostener que "los hechos descritos parecen ser un delito político".

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Pero el país helvético no es el único que ha pedido cambiar la orden de detención por otra de averiguación de paradero desde su huida. El 24 de marzo de 2018, tres días antes de que el líder independentista fuera arrestado en Alemania, Finlandia también pidió a España una 'flag'. De esta manera, la oficina de Sirene en Helsinki echó por tierra un posible arresto del 'expresident' cuando era sabido que se encontraba en su país: "Le informamos de que nuestro fiscal competente declara que la orden de detención europea original y firmada se necesita de inmediato y su traducción lo más pronto posible. Hasta que obtengamos esos documentos, se necesita el 'flag".

Otros países europeos también han trasladado solicitudes similares, aunque en algunos casos sus correos no incluían una explicación clara. "Les rogamos introduzcan una 'flag' permanente para Austria. Muchas gracias", escribió la oficina de Sirene de este país en febrero de 2020. "Estimados colegas, el caso debe ser consultado con la oficina del fiscal general para confirmar que su OED es ejecutable de conformidad con nuestra legislación nacional. Le pedimos amablemente crear una 'flag' para Lituania. Si la oficina del fiscal general da una respuesta positiva, le pediremos que retire la 'flag'. Saludos cordiales", señalaba por su parte este país en octubre de 2019.

Las fuentes consultadas avisan de que en la documentación que obra en el Supremo pueden faltar comunicaciones posteriores y, por tanto, resultaría aventurado concluir cuál es la postura actual de cada país a partir de estos correos, una situación que se ve agravada por los cambios que ha ido experimentando la causa desde 2017: la sentencia del 'procés', las distintas euroórdenes que se han cursado, su elección como eurodiputado... En cualquier caso, la defensa de Puigdemont se agarrará este lunes a esas idas y venidas con las 'flags' para tratar de frenar su extradición, una estrategia que se ve además reforzada por las recientes resoluciones de la Justicia europea.

La resolución del TUE

Su principal argumento, de hecho, pasa por que el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) concluyó el 30 de julio que la OED contra él estaba suspendida. Puigdemont había acudido a esta instancia para recuperar la inmunidad como diputado del Parlamento Europeo y, frente a esta petición, la Abogacía del Estado alegó desde España que no existía motivo alguno para temer una detención. Su razonamiento pasaba por que el Supremo había remitido una consulta previa sobre las euroórdenes al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, mientras no se resolviera la duda, las órdenes de detención y entrega quedaban entonces suspensas.

El TUE hizo suya esta idea y levantó la inmunidad a Puigdemont el 30 de julio, pero tras su detención en Cerdeña, el magistrado del Supremo Pablo Llarena ha desautorizado a la Abogacía e insistió en su entrega: "La OED contra Carles Puigdemont i Casamajó está activa por decisión de este instructor, que es quien tiene la competencia para ello", advirtió la semana pasada en un oficio enviado a Italia. Con ambas posturas sobre la mesa, la defensa de Puigdemont insistirá en que los propios servicios jurídicos del Gobierno de España apuntaron a que la detención quedaba descartada, una postura que ha sido además asumida por países como Francia.

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Este es otro de los países que refuerzan la línea de defensa de Puigdemont, pues Francia ha descartado detener al líder independentista desde el pasado 3 de junio, un día después de que la Justicia europea le devolviese temporalmente la inmunidad como europarlamentario. Por mucho que un mes después el TUE revirtiera esta decisión y le quitara su protección con la mencionada resolución del 30 de julio, la oficina de Sirene en París optó por mantener la correspondiente 'flag' y, con ella, la negativa al arresto: al igual que la Abogacía del Estado y el propio TUE, consideraron que la OED estaba suspendida hasta nuevo aviso.

Las fuentes consultadas apuntan además a que su defensa tratará de enmarcar el viaje a Cerdeña como parte de su agenda política. En la mencionada resolución del 30 de julio, el TUE consideró que quitarles la inmunidad no "les impediría representar a los ciudadanos de la Unión durante el resto de su mandato", un afirmación a la que se agarrará el líder independentista para defender su derecho a visitar la isla sin ser detenido. Al fin y al cabo, tras su puesta en libertad el pasado 24 de septiembre, él mismo intentó reforzar esta imagen de 'viaje político' al anunciar una reunión con la Corona de Logu, la asamblea de las autoridades locales independentistas sardas.