Batet se revuelve contra el TC y defiende que el cierre del Congreso fue "muy limitado"

Tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el acuerdo de la Mesa del Congreso que en marzo de 2020 congeló los plazos reglamentarios de las iniciativas que se encontraban en tramitación (los magistrados consideran que fue inconstitucional por vulnerar los derechos de los diputados), el órgano de gobierno de la Cámara que dirige la socialista Meritxell Batet recuerda que “el acuerdo se adoptó” combinado con otras medidas (ampliación del voto telemático, del horario y la posibilidad de registrar iniciativas por correo electrónico), precisamente para posibilitar la continuidad de la actividad parlamentaria, cumpliendo con lo que indicaron las autoridades sanitarias.

A pesar de manifestar “absoluto respeto y acatamiento de la sentencia” que se ha conocido este martes, Batet justifica la actuación de la Mesa en un comunicado, recordando también que el acuerdo “llegó una semana después de haberse suspendido una sesión plenaria a petición del grupo parlamentario recurrente”. Es decir, Vox, que decidió guardar cuarentena por el positivo en covid de uno de sus diputados. También en los días posteriores otros órganos constitucionales, como el propio TC, “tomaron decisiones similares”.

Es cierto que el Congreso decidió el pasado 10 de marzo suspender durante una semana toda su actividad parlamentaria y dejarla en mínimos por el contagio de Javier Ortega Smith, diputado y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. El primer caso de coronavirus en el Congreso hizo que los 52 diputados del grupo de Abascal tomaran la decisión de no acudir. La Mesa y la Junta de Portavoces decidieron entonces “aplazar el pleno siete días por razones de legitimidad democrática”, más que por las sanitarias. La situación después empeoró y todo acabó precipitándose.

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En todo caso, Batet defiende el acuerdo que el TC considera ahora ilegal, asegurando que “tuvo una duración limitada en el tiempo, acordando la Mesa el 7 de abril su finalización con efectos del día 13 de abril”, por lo que “en realidad tuvo una eficacia durante 18 días hábiles y circunscrita en el ámbito parlamentario a los plazos aplicables a la presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas y al cómputo de los relativos a iniciativas de control por escrito”.

La oposición no lo vio así, porque durante aquellos días y semanas posteriores insistieron en que el Congreso “no podía cerrarse” en ningún escenario, siendo PP y Vox especialmente combativos.

En el comunicado, Batet también recuerda que las decisiones tomadas perseguían “mantener las funciones constitucionales del Congreso que, a diferencia de otras Cámaras legislativas, siguió reuniéndose sin que se produjera la interrupción de su funcionamiento”. Asegura que el Congreso sí se reunió en sesiones plenarias, en dos ocasiones en marzo con sendas comparecencias del presidente del Gobierno, cuatro sesiones en cada uno de los meses de abril y mayo, nueve sesiones en junio y seis en el mes de julio. También insiste en que las comisiones se reunieron hasta en 80 ocasiones en ese periodo de sesiones.