El PP recurrirá en el Tribunal Constitucional la ley de vivienda de PSOE y Podemos

El PP mira con preocupación la nueva ley de vivienda pactada entre PSOE y Unidas Podemos en el marco de la negociación presupuestaria entre socios de Gobierno y Pablo Casado ya ha confirmado que la llevarán al Tribunal Constitucional, como adelantó ayer este diario. A la espera de analizar los detalles de la propuesta, dirigentes de la cúpula del PP ya avanzaban este martes que presentarían un recurso de inconstitucionalidad. Además, el jefe de la oposición asegura que en las CCAA donde gobiernan no se aplicará la norma.

Con las primeras pinceladas conocidas (que incluyen la regulación del precio del alquiler a grandes tenedores e impondrá un recargo del IBI hasta el 150% a los pisos vacíos), los populares entienden que se produce un “ataque sin precedentes a la propiedad privada” y combatirán la futura norma dentro de sus competencias en las comunidades y ayuntamientos donde gobiernan. Casado aseguró este miércoles, en una entrevista en Telecinco, que "el PP no la aplicará".

En Génova ya entendían que desde la oposición a nivel estatal solo será posible el recurso. En el partido consideran que esta ley “es un punto de inflexión” que “sobrepasa” todos los límites, y reconocen “verdadera preocupación” por las consecuencias que pueda tener para el crecimiento económico.

La norma se aprobará en el Consejo de Ministros “en próximas semanas” después de un año de discusión entre socios gubernamentales. Para Podemos era esencial dar luz verde a un acuerdo en materia de vivienda antes de cerrar el de los PGE. El PP lleva tiempo denunciando que el peso de los morados “es cada vez mayor” dentro del Gobierno de Sánchez e insisten en que esta ley, igual que la subida fiscal que se contemplará en las próximas cuentas públicas, demuestran que es así.

El PP ya tiene recurrida en el Constitucional la ley catalana que regula los alquileres desde 2020. Esa norma obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en zonas tensionadas de ciudades con más de 20.000 habitantes dentro de Cataluña con algunas excepciones, como aquellos arrendadores considerados vulnerables (que ingresan menos de 2.000 euros mensuales). Para ese recurso, Génova contrató el actual despacho de Albert Rivera y a ese trabajo achacan la “relación fluida” que mantienen con el exdirigente naranja desde que dejó la política.

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Las CCAA del PP evitarán su aplicación

En el caso de la futura ley de vivienda estatal, algunas propuestas quedan en manos de CCAA y ayuntamientos. Por ejemplo, el recargo del IBI a viviendas vacías del 150% (que lo estén durante más de dos años y con un mínimo de cuatro viviendas por propietario) dependerá de cada consistorio. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha avanzado que en Madrid “no lo aplicará”, advirtiendo que “si le obligan” su ayuntamiento actuará para que "no repercuta a los madrileños".

La normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad, además, se dedicará a alquiler social. Almeida insistió en que recargar el IBI de viviendas vacías también constituye un ataque a la propiedad privada y, además, lo considera "inútil" porque "no ayudará a solventar un problema que existe".

Sobre la regulación del precio del alquiler para los grandes tenedores (siempre que tengan más de 10 viviendas y que deberán bajarlos con base en el índice de referencia para todos los contratos en las zonas más tensionadas), son las CCAA quienes deberán solicitar al Gobierno la declaración de esas zonas de mercado de alquiler tensionado para tomar cartas en el asunto. Las comunidades del PP no ven con buenos ojos la ley que a su juicio es “intervencionista” y que aplicará medidas que ya han fracasado en otros países.