Los nombres de De Prada y Rosell vuelven a irrumpir en la negociación del CGPJ

Con la herida aún abierta en el Gobierno de coalición por la irrupción de Nadia Calviño en la negociación de la reforma laboral y la decisión de Meritxell Batet de retirar el escaño a Alberto Rodríguez, el PSOE, de la mano de Unidas Podemos, pone ahora rumbo hacia otro reto: renovar junto al PP el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es ahora, sin elecciones a la vista, o nunca. Pedro Sánchez ha dado orden a su hombre de confianza, Félix Bolaños, de seguir en contacto con su 'alter ego' en Génova, Teodoro García Egea, para cerrar un pacto que se sumaría al alcanzado la semana pasada y al de RTVE en febrero. Los primeros nombres ya están sobre la mesa y, en esta ocasión, como ocurrió en los contactos de hace ocho meses, el juez José Ricardo de Prada vuelve a entrar en escena.

De Prada fue el candidato que hizo descarrilar todo en febrero. El PP se negó a aceptar una propuesta impulsada por UP y aceptada por el PSOE. En esta ocasión, fuentes del área socialista en el Gobierno indican que el nombre del magistrado que juzgó la primera época de la trama Gürtel, en la que se acreditaba la existencia de una caja B en Génova, vuelve a estar en la carpeta de Bolaños. El PSOE, por tanto, acepta volver a discutir con el PP por un candidato de sus socios morados, pese a todo lo ocurrido en las últimas horas en el seno del Ejecutivo. Son las horas más difíciles, pero desde Ferraz intentan restar importancia a lo vivido.

El nombre de Victoria Rosell también ha vuelto a irrumpir en las negociaciones. Unidas Podemos impulsa, aunque con algo menos de interés que De Prada, a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. El PSOE está dispuesto también a hablar con el PP de su candidatura, pero las fuentes socialistas consultadas son conscientes de que se van a encontrar con la negativa de los populares a incluir un perfil político en el listado. Rosell es alto cargo del Ministerio de Igualdad y chocaría con una de las máximas que ha defendido Génova en la reciente renovación del TC: los políticos no han estado en la terna final y, por tanto, no ha habido puerta giratoria.

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Que De Prada y Rosell sean contemplados como posibles candidatos por el área del Gobierno no significa que sus nombres vayan a estar en la negociación final. Desde el PSOE, de hecho, se advierte de que hay muchos más candidatos, aunque esperan que en esta ocasión el PP no ponga líneas rojas, como Bolaños no fijó ningún veto en la anterior negociación.

Unidas Podemos, por su parte, también presiona para no quedar fuera del reparto del órgano de gobierno de los jueces. Los morados no tienen muchas opciones entre los 51 jueces y magistrados en activo candidatos proclamados a vocal hace ya más de tres años. Solo Rosell, ya que De Prada ni siquiera se encuentra entre ellos. El PSOE quiere contar con sus socios de UP en la negociación del CGPJ, como ya hizo en los dos acuerdos cerrados con el PP.

El PP rechaza a De Prada

Por su parte, fuentes del PP indican que el juez De Prada sigue siendo para ellos una línea roja en la negociación del CGPJ. Una fuente cercana a García Egea apunta que, aunque de momento no se ha sentado a hablar de nombres concretos con Bolaños, los populares no aceptarían de entrada un candidato que no forma parte del listado de jueces y magistrados avalados por sus compañeros. En febrero, ya argumentaron que se trataba de "un fraude de ley". De Prada incluso llegó a decir que en España "la tortura se ha producido de manera clara", y eso para el PP es inaceptable.

El PSOE, por su parte, ya consideró en febrero que De Prada cuenta con una dilatada trayectoria profesional y que, además, el Tribunal Supremo corroboró íntegramente la sentencia de Gürtel en la que participó y la consiguiente condena a la formación popular por la red que lideró Francisco Correa. Incluso se llegó a plantear que si el PP vetaba a De Prada, la parte socialista respondería con otros vetos de candidatos de los populares. Los socialistas esperan que esta vez no haya "excusas".

Bolaños y García Egea siguen manteniendo una vía de contacto para intentar llegar a un acuerdo. Su punto de encuentro fue, en febrero, un hotel de Madrid, y ahora es un lugar más solemne: la ampliación del Congreso de los Diputados. El embarazo de la esposa del secretario general del PP, que dio a luz el pasado sábado a primera hora de la tarde, provocó alguna disfunción, que se solventó, en las conversaciones.

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Un detalle que no ha pasado desapercibido entre los equipos cercanos a los negociadores es que la elección de los cuatro candidatos para el TC de marcado carácter político ha abierto la vía a que los jueces y magistrados propuestos como vocales para el CGPJ tengan un perfil similar. La oportunidad, en cualquier caso, es única. Si Gobierno y PP alcanzan un acuerdo, pondrían fin a una interinidad en el Consejo que se remonta a diciembre de 2018. El cambio en el sistema de elección de los vocales se abordaría 'a posteriori'.

Sin embargo, en una situación en la que el equilibrio es precario, en medio de duras críticas sobre la decisión de las dos partes de seleccionar para el Constitucional perfiles marcados y combativos, partir del punto que quebró el último de los intentos puede dar al traste con las buenas intenciones de que, al menos de forma pública, hacen gala ambas partes. Fuentes de los partidos ven, sin embargo, ventajas en cerrar este último tramo de forma rápida y amortizar así la crítica, evitando que resurja más adelante y más cerca de las próximas elecciones, para las que quedan dos años.

De Prada fue ya propuesto en 2018 por el Ejecutivo como jurista de reconocido prestigio. Antes de que aquella renovación saltara por los aires, llegó a comparecer ante el Congreso para someterse al trámite previo a la elección. El PP cargó entonces contra él con dureza, acusándole de "parcialidad". "Es bueno para la Justicia que deje usted de hacer lo que estaba haciendo, que por un intervalo de unos años dejara usted de poner sentencias", llegó a decirle el diputado Carlos Rojas. El magistrado se defendió afirmando que su objetividad queda "absolutamente acreditada" a lo largo de toda su carrera judicial.