PSOE y UP derogarán de la ley mordaza las sanciones por manifestación no comunicada

Los socios del Gobierno de coalición impulsarán la reforma de los artículos de la ley de Seguridad Ciudadana relativos al derecho de reunión para eliminar las sanciones a los promotores de manifestaciones no comunicadas previamente. PSOE y Unidas Podemos han llegado a un principio de acuerdo este jueves para desbloquear la reforma de la ley conocida como 'ley mordaza' y pactar conjuntamente las enmiendas a su articulado, aunque se sigue negociando, según reconocen fuentes tanto del grupo parlamentario socialista como del de Unidas Podemos.

La iniciativa para su derogación fue promovida por el PNV y lleva más de un año paralizada a base de prórrogas al periodo de enmiendas decretadas por la Mesa del Congreso, donde socialistas y morados cuentan con mayoría. Sin embargo, los representantes de estos grupos no se sentaron a negociar hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a su derogación en el 40º Congreso Federal del PSOE.

Los acuerdos son parciales y se centran en aspectos relacionados con el derecho de reunión y la toma de imágenes de manifestaciones u operaciones policiales. De momento no hay consenso respecto a las devoluciones en caliente de inmigrantes que intentan cruzar la frontera, uno de los aspectos de la ley que más diferencias genera entre PSOE y Unidas Podemos. Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de coalición reconocen que todavía quedan "importantes puntos por discutir".

En lo que sí ha habido avances es respecto a la reforma de los artículos referidos al derecho de reunión. El objetivo es que "en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica", según señalan fuentes de Unidas Podemos, por parte de quien está liderando las negociaciones el diputado y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago.

La ley establece en su artículo 35 como infracciones muy graves, con sanciones de 30.001 a 600.000 euros, "las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas". En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores.

Se considera igualmente una infracción muy grave "la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público", así como "la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad".

Otra de las cuestiones que se están abordando y por la que se ha llegado también a un principio de acuerdo tiene que ver con la modificación de la parte de la ley relativa a la toma de imágenes de manifestaciones u operaciones policiales. El actual texto recoge en su apartado 36.23 que "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

La intención es conciliar la protección de la intimidad de los agentes y su seguridad o la de sus familias con "las reclamaciones de los profesionales de los medios de comunicación" para evitar sanciones por la difusión de imágenes.