Justicia abre el concurso para presidir Protección de Datos... tras pactar un nombre

El acuerdo PSOE-PP para la renovación de cargos institucionales no solo amenaza con cubrir bajo la sombra de la politización la actuación de dichos organismos, también puede dejar 'tocados de muerte' la credibilidad de los procedimientos diseñados precisamente para lo contrario: revestir a sus dirigentes de un carácter absolutamente técnico, lejos de inclinaciones partidistas. Así sucede con el proceso de designación de la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo fundamental en la vigilancia del respeto a la privacidad de los ciudadanos y con capacidad de imponer sanciones a particulares y empresas de hasta 20 millones de euros. Un poder que, a nadie se le escapa, debe estar libre de cualquier sospecha.

Sin embargo, el 'modus operandi' de los dos grandes formaciones está conduciendo a todo lo contrario. Cuatro semanas después de que el Ejecutivo y los populares acordaran el listado de nombres que servirían para desbloquear la renovación el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, el Boletín Oficial del Estado ha convocado el "proceso selectivo" para designar al presidente y al adjunto de este último organismo. Es decir, un concurso público y abierto que se abre un mes después de que se publicara que PSOE y PP habían pactado que fueran Belén Cardona (presidenta) y Borja Adsuara (adjunto).

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El sistema de elección de la presidencia de la AEPD fue una de las grandes novedades que incorporó la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), aprobada en diciembre de 2018. El artículo 48.3 de la norma establece que presidente y adjunto "serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular, en materia de protección de datos". Dos meses antes de que expire el mandato de la anterior dirección, Justicia deberá publicar en el BOE la "convocatoria pública de candidatos".

El proceso que diseña la ley requiere que, tras evaluar el "mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos", el Gobierno remita al Congreso una propuesta de presidencia y adjunto "acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en una votación pública por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación o, de no alcanzarse esta, por mayoría absoluta en segunda votación". En este último supuesto, los votos favorables deben proceder de diputados pertenecientes, al menos, a dos grupos parlamentarios diferentes. Tras superar esta tramitación, presidente y adjunto serán nombrados por el Consejo de Ministros.

La Agencia es un organismo con un gran poder, ya que puede imponer multas de hasta 20 millones de euros

La pregunta es evidente: ¿qué credibilidad tendrá un proceso formalmente libre y abierto, si PP y PSOE ya han pactado de antemano quiénes deben resultar ganadores del mismo?, ¿qué incentivo tiene cualquier jurista a presentarse al proceso, si se sabe de antemano descartado con independencia si supera en mérito, capacidad, competencia e idoneidad a los nombres propuestos?

Tras la convocatoria en el BOE, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha mostrado la contrariedad por el proceso de renovación de la AEPD. "Otra burla a las instituciones. Animo a los expertos a presentarse y que no se consume este mercadeo", ha afirmado a través de su cuenta de Twitter.

A pesar de haberse filtrado ya los nombres de los elegidos por socialistas y populares, la orden detalla el complejo proceso selectivo que aun así deberá seguirse. En él se incluye la designación de un Comité de Selección que examine las candidaturas presentadas y proponga las personas más idóneas para los cargos convocados. Este órgano estará compuesto por el secretario de Estado de Justicia, el subsecretario de Relaciones con las Cortes, un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a propuesta del Ministerio de Justicia, un jurista de al menos 10 años de actividad profesional en materia de protección de datos propuesto por Justicia, y el titular de un organismo de protección de datos autonómico o un exdirector de la AEPD. El comité podrá recabar la opinión de otros asesores.

Desde hoy, quienes quieran presentarse como candidatos tienen 10 días hábiles para dirigir sus solicitudes al Ministerio de Justicia. A pesar del pacto, la orden afirma que "el procedimiento respetará, en todas sus fases, los principios de mérito, capacidad, competencia e idoneidad, así como el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público (...), y el principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos".