La jueza rechaza la petición de Anticorrupción de imputar a Esperanza Aguirre
En un duro auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada destaca que el hecho de que ostentara ese cargo "no justifica la atribución de la condición de investigado"
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La titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha rechazado este viernes la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que se citara como imputada por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre por el sobrecoste abonado por la Comunidad de Madrid durante los últimos 10 años por 135 camas del Hospital Puerta de Hierro. En un duro auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada destaca que el hecho de que ostentara ese cargo "no justifica la atribución de la condición de investigado".
La jueza, que tampoco accede a considerar investigado al consejero de Sanidad en la etapa, Juan José Güemes, asegura que de las diligencias practicadas hasta la fecha, incluyendo el examen de la documentación que han remitido diversos organismos de la comunidad, se comprueba que no se ha aportado la orden de la Dirección General de Infraestructuras de 5 de mayo de 2008 en la que se determinaba que las habitaciones dobles del Puerta de Hierro debían pasar a ser individuales. "La declaración prestada por la hasta ahora única investigada no resulta que la resolución sobre la reducción del número de camas del hospital procediera directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".
La titular del juzgado madrileño reprocha a la Fiscalía que reclame las imputaciones contra Aguirre y Güemes simplemente por ser "los máximos responsables de cada órgano en la fecha". "En el escrito se hace constar que en el interrogatorio efectuado a la investigada no especificó si la ODC 44 de 28 de mayo de 2008 fue iniciativa del órgano de contratación, Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, o del Consejero de Sanidad, máximo responsable", señala.
"Peligroso instrumento totalitario"
Recuerda a Anticorrupción la jurisprudencia del Supremo y cita una resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2021 en la que se avisa de que no se pueden exigir responsabilidades penales "dando la espalda a otros principios" ya que, de otro modo, "el derecho penal se convierte en un peligroso instrumento totalitario".
También diferencia la responsabilidad política de Aguirre del acto administrativo que investiga. En la misma línea se pronunció esta semana la expresidenta en declaraciones a El Confidencial. Entonces indicó con ironía que desconocía "que querer que los hospitales públicos tuvieran habitaciones individuales fuera delito". Separó "la opción política de la gestión administrativa" y aseguró que la elección que efectuó es una más de las que llevó a cabo en su mandato, "como la enseñanza bilingüe, los impuestos bajos o la libertad de elegir colegio, médico y hospital".
Fue este martes cuando trascendió el escrito dirigido por Anticorrupción al Juzgado 53 de Madrid, que investiga un sobrecoste cobrado por la empresa concesionaria del Hospital Puerta de Hierro por 135 camas inexistentes a lo largo de casi 10 años. El daño a las arcas públicas supera los 10 millones de euros, dice el fiscal, que defiende que no se cumplió el obligado procedimiento administrativo. La magistrada instructora aún no ha contestado a la solicitud —que se presentó hace dos semanas—, pero se espera que la respuesta no se haga esperar.
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El centro médico se mudó de ubicación en 2008, año en que se trasladó a Majadahonda. De gestión público-privada, era uno de los estandartes de la Comunidad de Madrid, que entonces presidía Aguirre. Por decisión del Departamento de Presidencia, se determinó que las habitaciones dobles previstas en inicio se convirtieran en individuales. El precio que costeó la Administración pública siguió, sin embargo, siendo el mismo.
La querella inicial se presentó en diciembre del pasado año contra la ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios en la etapa de 2008 a 2011 por presuntas irregularidades en las obras de adjudicación del Puerta de Hierro. Las diligencias revelaron la existencia de indicios que permiten concluir, según Anticorrupción, que se prescindió "del más mínimo procedimiento administrativo" para la modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas.
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Según consta en el procedimiento, el dinero extra fue recibido a lo largo de una década por la agrupación de empresas formada por Dragados SA, Bovis Lend Lease SA y SUFI SA, que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda SA. La Fiscalía consideraba que "se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos". Sin embargo, "no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la comunidad autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros", decía el Ministerio Público.
La titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha rechazado este viernes la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que se citara como imputada por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre por el sobrecoste abonado por la Comunidad de Madrid durante los últimos 10 años por 135 camas del Hospital Puerta de Hierro. En un duro auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada destaca que el hecho de que ostentara ese cargo "no justifica la atribución de la condición de investigado".