La España despoblada exhibe unidad y reclama con una voz su papel en el reparto de fondos

El coste real de los servicios, y los factores que inciden en él, debe ser el eje del sistema de la financiación autonómica. Un modelo, además, que no permita "privilegios económicos o sociales" entre regiones y que se pacte de forma multilateral. Así lo defienden las ocho comunidades que representan la denominada España despoblada (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura) que, reunidas este martes en Santiago de Compostela, han consensuado un documento con más de una treintena de puntos que precisa cómo debe ser el nuevo modelo de reparto de fondos además de otras cuestiones. Ocho comunidades de diferente signo político, pero unidas para reclamar con una voz su papel en el debate de la financiación.

Las regiones, capitaneadas en esta ocasión por el popular Alberto Núñez Feijóo, especifican en el escrito que el objetivo que debe unir a todos los territorios es el de "acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios" que presta cada una, "así como los factores demográficos con incidencia significativa sobre los mismos". Para las ocho comunidades, gobernadas por PP, PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria, "ese es el único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneos y evitar desequilibrios territoriales", independientemente de la capacidad tributaria de cada comunidad.

Tras el encuentro, los ocho presidentes han participado en una rueda de prensa conjunta, y uno de los mensajes que se han empeñado en defender los barones es que la cita y el documento cerrado no tienen por objeto atacar a ninguna otra región ni crear un “frente”, como ha remarcado el anfitrión Feijóo, quien ha elogiado la capacidad de entendimiento y de diálogo entre regiones con diferentes adscripciones políticas. Los mandatarios han insistido en que en la reforma del modelo de financiación autonómica está en juego el estado de bienestar en buena parte del territorio nacional, en concreto en el 62% que suman las regiones implicadas. “Lo que defendemos no es que nosotros tengamos más posibilidades, sino que los servicios y oportunidades sean iguales en el conjunto del territorio”, ha puntualizado el asturiano Adrián Barbón.

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Las autonomías participantes, que suman el 62% de la superficie del país y 11,5 millones de habitantes, es decir, el 25% del total de España, frente a los postulados de Andalucía y Valencia, defienden que a la hora del reparto de dinero se tenga en cuenta el conjunto de factores que gravan los precios de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y de ahí la reivindicación de que el coste por servicio sea el parámetro que prime en el modelo. "Además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población son condiciones innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema", puntualiza el texto.

A este respecto, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto como ejemplo que su comunidad suma el 5% de la población del país, pero su amplia extensión provoca que el 38% de los consultorios sanitarios rurales de toda España estén en Castilla y León, o que el 17% de las carreteras regionales discurran por su territorio. Factores, ha remarcado, que incrementan los costes de los servicios que presta la región. "Todas las personas deben recibir los mismos servicios vivan donde vivan. Es la base de la justicia social", ha defendido.

Las comunidades urgen, además, al Ministerio de Hacienda a que defina “cuanto antes” un calendario de trabajo y la articulación de una metodología para que el conjunto de los territorios comience a trabajar en sus propuestas para acordar la reforma del modelo de financiación. El último sistema se aprobó en 2009 y caducó en 2014. También exigen que el Gobierno central ponga sobre la mesa los principios básicos que deben regir el nuevo reparto. En este sentido, las regiones reunidas en Santiago resumen con una máxima sus postulados: servicios de calidad y similares a lo largo y ancho del país, independientemente “de la capacidad de cada autonomía para generar ingresos tributarios”.

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Precisamente, aunque Hacienda todavía no ha hecho pública su propuesta sobre el nuevo sistema que debe regir el reparto de fondos, la titular, María Jesús Montero, sería partidaria de articular un sistema más próximo a los planteamientos de Andalucía y Valencia, que defienden que el volumen de población debe ser el factor determinante frente a otros. El documento cerrado en Galicia también recoge que la negociación que se abra entre el Ejecutivo y las diferentes comunidades debe ser transparente y abordarse entre todas las partes implicadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, el texto puntualiza que, "al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad", el nuevo modelo de reparto de fondos "solo" puede ser "fruto de un consenso multilateral" y sin "privilegios" entre regiones.