El Congreso no vetará a los periodistas denunciados por el PSOE y sus socios

El Congreso prepara la respuesta a la denuncia de hasta 12 jefes de prensa de diferentes partidos contra un reducido grupo de medios de comunicación. Según censuran, los periodistas cometen "faltas de respeto" hacia los políticos que interpelan en las ruedas de prensa. Será, finalmente, el letrado mayor de la Cámara Baja, Carlos Gutiérrez Vicen, quien responderá en primera instancia al escrito presentado este miércoles, aunque la Mesa se prepara también para abordar el asunto en su próxima reunión del martes 14. La primera conclusión es clara: los periodistas cumplen los requisitos estipulados y pueden acceder al palacio.

El escrito de denuncia está firmado por los responsables de los equipos de comunicación del PSOE, UP, ERC, PNV, Junts, EH Bildu, BNG, CUP, Más País-Equo-Compromís, Nueva Canarias y PDeCAT. Cs no se sumó. Denuncian el "comportamiento de algunas personas acreditadas en la sala de prensa", en referencia a medios de comunicación con los que alguno de estos jefes de prensa ha tenido encontronazos.

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Fuentes de la Cámara explican que para poder acreditarse en el hemiciclo es necesario cumplir varios puntos que fija el Departamento de Comunicación del Congreso. Se pide, en primer lugar, que quien solicita la acreditación pertenezca a un medio de comunicación. Dan igual la audiencia o la línea editorial. Detrás de la cabecera, la cadena o la emisora tiene que haber una sede social. La solicitud debe, además, enviarse a través de un correo corporativo, no se aceptan los genéricos. Así, la primera conclusión de los servicios del Congreso no deja dudas: "Cumplen con los requisitos y pueden acceder".

El Departamento de Comunicación comprueba en el momento de la acreditación que existe una redacción detrás con periodistas. Es decir, que es un medio profesional. Y que se actualizan contenidos: no se otorgan autorizaciones de acceso a 'blogs' estáticos o páginas sin actividad. Por último, debe ser el director o responsable de la plataforma quien solicite a los servicios de la Cámara, a través de una carta firmada, que desea acreditar su medio y a determinados periodistas en el hemiciclo.

Estos criterios fijados por el Congreso no son ajenos a los que exigen otras instituciones para permitir el acceso de los profesionales de los medios. El Senado, la Asamblea de Madrid o el ayuntamiento de la capital siguen procedimientos prácticamente idénticos. De hecho, los periodistas denunciados por los jefes de prensa de estos 12 partidos pueden acceder a estos organismos sin problemas.

El Congreso, por tanto, asume que no puede tomar decisiones de ningún tipo sobre un periodista o grupo de periodistas que cumplan con estos requisitos, explican fuentes internas. El problema se aleja del Departamento de Comunicación y recae en la secretaría general, que es a quien iba dirigido el escrito. Gutiérrez Vicen responderá, por tanto, a la petición que le hacen, pero las mismas fuentes advierten de que no podría tomar medidas para "restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa", como reclaman los partidos que han suscrito la carta.

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Meritxell Batel y la Mesa del Congreso aún no han tenido que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Pero es el máximo órgano de gobierno de la Cámara quien entre sus potestades tiene la de la concesión de credenciales a periodistas y fotógrafos. En el artículo 98 del reglamento interno, se puede leer que "adoptará las medidas adecuadas en cada caso para facilitar a los medios de comunicación social la información sobre las actividades de los distintos órganos del Congreso de los Diputados". Y añade: "La propia Mesa regulará la concesión de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". Fuentes parlamentarias descartan, en definitiva, que se puedan retirar las acreditaciones a estos periodistas, pero sí contemplan algún pronunciamiento por parte del máximo órgano de gobierno, donde PSOE y Unidas Podemos cuentan con mayoría.

Hay pocos antecedentes de situaciones similares. Hace unos años, la Mesa del Congreso retiró la acreditación a un periodista de 'Okdiario' que había publicado fotografías de los despachos privados de Pablo Iglesias e Irene Montero. La Sala Tercera del Supremo anuló esta decisión al entender que la sanción no se correspondía con las normas establecidas en la Cámara. El TS hizo entonces una breve mención al ejercicio de la libertad de información y no vio motivos para considerar que la difusión de esas imágenes fuera ilícita, por su evidente interés público.