El Gobierno limitará el precio de los test de antígenos y comprará antivirales de Pfizer

El Gobierno pondrá coto al precio disparado de los test de antígenos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo tiene previsto intervenir los precios de estas pruebas diagnósticas, aunque ha reconocido que se ha "resuelto" ya el "cuello botella" en las cadenas de suministro por la alta demanda. Durante una entrevista en la Cadena SER, el jefe del Ejecutivo ha avanzado también que España adquirirá 344.000 dosis de la pastilla anticovid de Pfizer este mismo mes de enero.

El antiviral Paxlovid de Pzifer, según ha remarcado Sánchez, reduce en un 88% la posibilidad de hospitalización en las personas de riesgo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo fía al proceso de vacunación el combate contra la pandemia, evitando endurecer las medidas e incluso apostando por "empezar a evaluar la evolución de esta enfermedad con parámetros diferentes a los de ahora", bajo la premisa de que evolucione hacia una enfermedad endémica. Pese a todo, el presidente del Gobierno ha avanzado que el pico de contagios y, por tanto, de hospitalizaciones, "se va a producir a lo largo de las próximas semanas".

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EFE

Sánchez sigue esforzándose por subrayar una posición de defensa del sector agrícola después de que la oposición hiciese bandera del campo tras las críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las macrogranjas. El presidente del Gobierno y líder de los socialistas ha querido "lamentar la polémica" generada por las declaraciones de Garzón durante una entrevista al diario británico ‘The Guardian’, donde criticó las macrogranjas “contaminantes” que exportan carne “de peor calidad" procedente "de animales maltratados”. Este mismo domingo, Sánchez fue recibido a su llegada a un acto preelectoral en Palencia por una protesta de un grupo de ganaderos.

Sin pedir públicamente una rectificación, el presidente del Gobierno ha optado por rebatir al titular de Consumo asegurando que el sector cárnico exporta carne "de extraordinaria calidad" y que "sigue los máximos estándares de la normativa española y europea". Asimismo, ha alabado su importancia desde el punto de vista exportador y se ha comprometido a seguir "acompañando" con leyes como la de la cadena alimentaria a un sector "sujeto a una profunda transformación porque se le exige producir más, de mejor calidad y hacerlo con menos recursos". Si esta semana desde el Gobierno se han querido encuadrar las palabras del ministro de Unidas Podemos como una opinión a "título personal", Sánchez ha añadido que esta "no se compadece con la realidad del sector ni con el día a día del Gobierno de España".

En plena precampaña de las elecciones en Castilla y León, en Ferraz ya se mostraron indignados por el “regalo” a sus rivales electorales y algunos barones de territorios despoblados donde la ganadería tiene un elevado peso en su PIB han pedido directamente la dimisión de Garzón, como es el caso del aragonés Javier Lambán, o su rectificación, en el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. La precampaña está teniendo un fuerte componente nacional y el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto el foco en esta polémica para acusarlo de “atacar a nuestros ganaderos”.

Sánchez se ha mostrado optimista de cara a salvar a la tramitación de la reforma laboral en el Congreso, donde ahora mismo no cuenta con los apoyos suficientes. El líder de la oposición, Pablo Casado, se ha ratificado en el no, mientras que los socios parlamentarios del Gobierno no están en disposición de votar a favor si no se incluyen algunas de sus exigencias. Cambios que el Ejecutivo quiere evitar ante la amenaza de que la CEOE se descuelgue del pacto alcanzado en la mesa de diálogo social, y por lo que Sánchez se ha centrado en reclamar a los populares que "antepongan el interés general al particular" alineándose con la posición de los empresarios y los sindicatos. "Si no defiendes los intereses de los empresarios ni los de los trabajadores, la pregunta es cuáles son los intereses que antepones", se ha preguntado Sánchez en referencia a los populares.

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Beatriz Parera

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya alertó de que, de producirse cambios durante la tramitación parlamentaria, su organización se descolgaría del acuerdo. Durante el tramo final de las negociaciones, Trabajo defendió que, si el proyecto contaba con consenso en la mesa de diálogo social, sería más sencillo que saliese adelante sin realizar cambios en la tramitación parlamentaria. Así había ocurrido en los acuerdos alcanzados por Trabajo, a pesar de que los socios habituales del Ejecutivo ya deslizaban que no estarían dispuestos a dejar pasar una reforma en el mercado laboral alejada de sus demandas.

Subida de impuestos

A falta de tres meses para que el grupo de expertos sobre la reforma fiscal entregue sus conclusiones al Gobierno, Sánchez se ha mostrado favorable a seguir una senda de progresividad fiscal. "Los que más tienen deben contribuir más al erario público", ha defendido sin aclarar si se creará un impuesto a los ricos como demandan sus socios en el Ejecutivo. La máxima que se seguirá en la reforma fiscal comprometida con Bruselas en el plan de recuperación es que, "si queremos justicia social, tiene que haber justicia fiscal" y que "tenemos que crecer para partir y repartir para crecer".

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Agencias

El presidente del Gobierno ha alejado del calendario más inmediato la celebración de la mesa de diálogo con el Govern de la Generalitat, tal y como reclama Pere Aragonès. La prioridad ahora, según Sánchez, pasa por gestionar la pandemia. "Estamos en algo más urgente e importante como es la emergencia sanitaria", explicó al mismo tiempo que avanzó que este año se producirá "más de una reunión" del foro reactivado el pasado mes de septiembre. Sánchez pretende evitar cualquier interferencia de la agenda catalana en la campaña electoral y ello pasa por no volver a reunir la mesa de diálogo con la Generalitat hasta que no se hayan celebrado los comicios adelantados por Alfonso Fernández Mañueco el próximo 13 de febrero.