Sánchez vacía la comisión bilateral con la Generalitat y solo ofrece transferir las becas

Apartada la mesa de diálogo para evitar interferencias en la campaña de las elecciones en Castilla y León, el Gobierno rebaja también las expectativas de la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat. La reunión, que se celebrará a finales de este mes y sobre la que los equipos técnicos están acabando de perfilar el orden del día, se limitará por parte del Ejecutivo a llevar una propuesta para articular el traspaso de las becas. Fuentes del Ministerio de Política Territorial adelantan que esta competencia es la única que forma parte de su agenda inmediata de traspasos con Cataluña. La Generalitat, en cambio, reclama más de medio centenar de transferencias y pide acelerar, además de las becas, otras como formación sanitaria especializada (MIR) o salvamento marítimo. Desde el Ejecutivo, le ponen freno remitiendo este proceso a un grupo de trabajo para estudiar su "viabilidad".

Tanto el Gobierno como la Generalitat pretenden separar la mesa de diálogo de la comisión bilateral, pero tras la falta de avances en la primera se han incrementado las exigencias para la segunda. Sin haberse vuelto a la conflictividad institucional, el presidente Pere Aragonès ha incrementado sus advertencias durante los últimos días para urgir al Ejecutivo a que dé pasos.

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Los republicanos precisan una mayor escenificación pública para contrarrestar las presiones de sus socios de JxCAT, mientras que desde el Ejecutivo apuestan por seguir tejiendo soluciones fuera de los focos. Existe una percepción del cambio de ciclo, de viraje en Moncloa suavizando los guiños al independentismo. El propio Aragonès avisaba en Madrid este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que dejase el juego de las dilaciones con la mesa de diálogo o no tendría "una segunda oportunidad" en la siguiente legislatura. "Una negociación no se hace para ganar tiempo", recriminó, añadiendo que "no podemos eternizar la resolución del conflicto" y que "si no aprovechamos esta oportunidad, seguiremos adelante".

Llegado el ecuador de la legislatura, los escasos avances producidos hasta ahora por la demora en la celebración de la primera reunión bilateral hacen presagiar que el balance de traspasos no vaya mucho más allá de las becas. El objetivo es culminar esta transferencia de cara al próximo curso. Todo ello imbuido por el inicio de un ciclo electoral en el que los socialistas buscan desprenderse del relato de las concesiones al independentismo para reducir costes en las urnas.

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La primera reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat esta legislatura no se celebró hasta el pasado mes de agosto. Un foro que llevaba sin reunirse desde 2018. La anterior se remonta a 2011. Los años de bilateralidad interrumpida por el 'procés' pesan a la hora de acelerar traspasos. Principalmente, si se compara con el País Vasco. En estos dos años de legislatura, el Gobierno materializó con el País Vasco la transferencia de Prisiones, cerró las propuestas de traspaso del ingreso mínimo vital e Infraestructuras Ferroviarias —además de culminar la de Tráfico a Navarra pactada con el PNV— y aprobó otras en materia de transportes por carretera, puertos, asignación del ISSN, del antiguo edificio del Distrito Marítimo del puerto de Ondarroa. Además de avanzar en traspasos sobre ejecución de la legislación laboral, productos farmacéuticos y seguro escolar.

Si los republicanos catalanes priorizan su máxima de buscar una salida para el encaje territorial en la mesa de diálogo, los nacionalistas vascos han optado por centrarse en el pragmatismo de las transferencias. De este modo, han dejado por el camino demandas de máximos, principalmente la concerniente a un nuevo estatus de autogobierno para el País Vasco que recogía el acuerdo de investidura "para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias". En el cajón también se ha quedado la propuesta para que Euskadi cuente con selecciones deportivas para representar este territorio en el ámbito internacional.

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El choque discursivo de Aragonès con el Ejecutivo ha ido escalando durante las últimas semanas, a lo que se han sumado las presiones de Podemos dentro del Consejo de Ministros al recuperar su apuesta por un referéndum pactado. Una reclamación que no ha venido del grupo parlamentario ni de portavoces sin responsabilidad institucional, sino de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y del titular de Universidades, Joan Subirats. La ministra de Igualdad defendía el pasado viernes en TV3 que los catalanes "deben poder votar" un acuerdo entre el Estado y la Generalitat, mientras que Subirats, al mismo tiempo, profundizaba más en los micrófonos de la Cadena SER en Cataluña reclamando "alguna forma de consulta" para propiciar "un cambio en la estructura del Estado".

La intención de Sánchez es orillar el debate territorial para evitar costes electorales en Castilla y León. Para los socialistas, es una posición infranqueable asumir posiciones de desgaste en materia territorial coincidiendo con el arranque del ciclo electoral, además de las derivadas por la situación sanitaria y económica, pese a la presión de los independentistas a la que se han sumado sus socios. En este contexto, la comisión bilateral, en plena campaña electoral, no anticipa resultados satisfactorios para la Generalitat más allá de compromisos a medio plazo.