El mapa judicial de Podemos: archivos y causas a las que se enfrenta el partido

Unidas Podemos arranca un año clave de cara a los tribunales. En la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón deberá encauzar la investigación sobre la presunta financiación irregular del partido tras la entrega de Hugo 'el Pollo' Carvajal a Estados Unidos, así como ultimar el caso Dina con el informe sobre la tarjeta del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias. En los juzgados de Plaza Castilla, el magistrado Juan José Escalonilla ha ido archivando varias líneas de investigación del caso Neurona, pero insiste en la existencia de indicios de delito respecto a la contratación de esta agencia de origen mexicano para las elecciones generales de 2019.

La financiación irregular

Manuel García-Castellón reabrió la investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de Unidas Podemos el pasado octubre. Archivada en 2016, su reapertura llegó tras las informaciones proporcionadas por el exjefe de los servicios de inteligencia militar de Venezuela, Hugo 'el Pollo' Carvajal, que implicaban a dirigentes del partido en el cobro de sumas millonarias del régimen chavista. La Fiscalía dio “verosimilitud” a su versión y el magistrado le tomó declaración para profundizar en la misma.

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El problema para García-Castellón se centra ahora en que la Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición de Carvajal a Estados Unidos, por lo que tendrá que seguir adelante sin su testimonio. Como adelantó El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción ya instruía en secreto unas diligencias sobre la financiación del partido antes de la detención del propio Carvajal, y esa será la línea de investigación que marque ahora los tiempos. Entre los indicios recopilados por el Ministerio Público, destacan las declaraciones de testigos —al menos dos de ellos bajo protección— que apuntan a pagos al partido hasta dos años y medio antes de que entrase en el Gobierno.

El caso Dina

Hace ya un año que el Tribunal Supremo descartó imputar a Pablo Iglesias por su papel en el conocido como caso Dina, que pone el foco en el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo. Ante las contradicciones de Iglesias a lo largo de la instrucción, García-Castellón pidió al alto tribunal que le imputara por daños informáticos, descubrimiento de secretos —con agravante de género— y denuncia falsa o simulación de delito, pero el Supremo rechazó esta petición y envió el caso de vuelta la Audiencia Nacional para que sea el magistrado quien agote la investigación.

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Para cumplir este cometido, García-Castellón espera desde hace meses el informe pericial que reclamó a la Policía Científica sobre la tarjeta de la excolaboradora de Iglesias. Su sospecha pasa por que el antiguo líder de Podemos accedió a datos personales de su ayudante y destruyó el dispositivo antes de devolvérselo, por lo que quiere que los expertos en informática forense le indiquen si es técnicamente posible acceder a la información de la tarjeta microSD. Como adelantó El Confidencial el pasado 17 de enero, la Policía ultima en estos momentos el mencionado informe y, con base en sus conclusiones, el magistrado tendrá que decidir si da la instrucción por finalizada.

El caso Neurona

La contratación de la agencia de origen mexicano Neurona a cambio 363.000 euros más IVA para su campaña de las elecciones generales de abril de 2019 se ha convertido en otro quebradero de cabeza para Podemos. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha ido añadiendo nuevas líneas de investigación a este macrocausa y, a día de hoy, mantiene imputado al propio partido como persona jurídica, a Juan Carlos Monedero y a parte de la cúpula de la formación ante la sospecha de que Podemos habría inflado el importe de las facturas de Neurona para desviar fondos electorales a entidades afines de Sudamérica.

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En cuanto a las líneas de investigación que se han ido abriendo desde 2019, cabe destacar las denuncias formuladas contra el partido por su exabogado José Manuel Calvente o la exresponsable de Cumplimiento Normativo de la formación, Mónica Carmona. Del escrito que esta última presentó a comienzos de 2021 se desprende el conocido como caso niñera, en el que se investiga si Irene Montero utilizó a una asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de su hija pequeña.

El resto de líneas de investigación se han ido cerrando en los últimos meses y, aunque algunas están pendientes de recurso, el caso Neurona ha quedado así reducido al punto central sobre la contratación de la agencia y la mencionada derivada sobre la niñera. Entre las piezas que se han archivado, cabe señalar las siguientes: las donaciones al Proyecto Impulsa y al Instituto 25-M, su caja de solidaridad, los contratos con la consultora ABD, los sobrecostes en su sede, el presunto acceso no consentido al disco duro de su abogada Marta Flor, los supuestos sobresueldos a cargos del partido y el presunto cobro irregular de 7.700 euros en costas por parte de Iglesias.

La inhabilitación de Rodríguez

Más allá de estas tres investigaciones, entre las causas que siguen abiertas destaca también el recurso que Iglesias presentó en el Tribunal Supremo en defensa de su honor. Se trata de un procedimiento civil en el que pidió 250.000 euros de indemnización por una información en la que se decía que había recibido un pago del Gobierno de Venezuela en un paraíso fiscal, y se arriesga a perder 70.000 euros en costas procesales. En cuanto a los archivos más recientes, destaca también el que adelantó este diario sobre cómo la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado una sentencia que condenó a Podemos por manipular unas primarias de Collado Villalba en 2019.

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Al margen del partido y el propio Iglesias, otro de los procedimientos que marcará los próximos meses es el de la inhabilitación de su exdiputado Alberto Rodríguez. Tras la decisión de la presidenta del Congreso de retirarle el escaño, Rodríguez ha recurrido ante el Tribunal Constitucional y la acusa de "aplicar la sanción que a ella se le antojó". En su escrito, solicita al tribunal que le sea devuelta su acta de diputado de manera cautelar "para evitar el daño irreparable" y que se celebre una vista pública.